El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció este jueves la convocatoria para presentar propuestas a candidatos para los 10 cargos de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), siete propietarios y tres suplentes, de cara a las elecciones generales de este año, que se realizarán el domingo 7 de noviembre. También anunció la posibilidad de próximas reformas electorales, que se podrían discutir en una Comisión Especial creada para abordar asuntos electorales.
Por ley, es atribución de la Asamblea Nacional “elegir a los magistrados, propietarios y suplentes del CSE de listas separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los Diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las organizaciones civiles pertinentes” (Artículo 138, numeral 8 de la Constitución Política).
Actualmente, la mayoría de los magistrados electorales (cinco propietarios y dos suplentes) son militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Daniel Ortega. Un suplente es liberal y hay un cargo vacante desde la renuncia de Roberto Rivas en mayo de 2018, después de que fuera sancionado por corrupción por Estados Unidos en diciembre de 2017.
Debido a la falta de credibilidad de estos magistrados, que han permitido fraudes electorales en las últimas votaciones, sectores opositores nacionales y la comunidad internacional han insistido en cambios en el CSE, que garanticen elecciones libres y justas en noviembre.
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Flanqueado por la Junta Directiva y los jefes de bancadas legislativas, Porras dijo que el próximo lunes 12 de abril se realizará una sesión plenaria en la que se aprobará la Resolución 1-2021, que plantea la convocatoria para presentar las propuestas de candidatos a magistrados electorales. La Resolución reconoce por primera vez el vencimiento del período de los magistrados, lo cuales no se habían renovado.
“Comisión Especial para asuntos electorales”
Porras también informó la creación de una “Comisión Especial de carácter constitucional para revisión, estudio, consulta, informe y dictamen para los asuntos electorales”.
Dicha Comisión estará integrada por los diputados sandinistas María Auxiliadora Martínez, Edwin Castro, Irma de Jesús Dávila, Jenny Martínez, Wálmaro Gutiérrez; la diputada del PLC, Rosa Argentina Navarro, y el diputado del PLI, Mario José Asensio Florez. La diputada Martínez será la presidenta de la comisión especial.
“Esta Comisión Especial constitucional ratificará o modificará en el caso de que se presentaran reformas a la Ley Electoral, tal y como mandata la Ley Electoral (Ley 331)”, dijo Porras.
¿Quiénes pueden proponer?
Según la lectura de la Resolución 1-2021, a cargo de Porras, los que están convocados para hacer propuestas son el Presidente de República, Daniel Ortega, y los diputados de la Asamblea. Porras no mencionó que estas propuestas se tienen que hacer “en consulta con las organizaciones civiles pertinentes”, según establece la Constitución Política de Nicaragua en el artículo 138, numeral ocho.
Las propuestas de candidatos a magistrados tienen que ser entregadas a la directora general de Asuntos Legislativos, Aniuska Fabiane Abea, en un plazo de 15 días a partir de la publicación de la Resolución en La Gaceta, diario oficial.
Los magistrados se eligen con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, compuesta por 91 diputados, también es otro poder del Estado controlado por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con 70 diputados que responden a los intereses del régimen de Ortega.
Sin embargo, los opositores políticos tienen puestas sus esperanzas de un cambio verdadero en el CSE, en las presiones internacionales entre estas el plazo hasta mayo de 2021 que le dio la Organización de Estados Americanos (OEA) a Ortega, para que haga cambios creíbles en el sistema electoral, sino se arriesga a más sanciones y bloqueos internacionales.
El plazo fue establecido en una Resolución sobre la situación de Nicaragua, aprobado por la Asamblea General de la OEA el pasado 21 de octubre, en el que también se indicaron siete puntos fundamentales a implementarse para poder desarrollar elecciones libres y transparentes en Nicaragua, que son los siguientes:
-La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable.
-Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos.
-Un examen técnico independiente, la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes.
-Observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada.
-Un registro de votantes transparente y efectivo, la distribución de tarjetas (cédulas) de identificación y la gestión de centros de votación.
-Un recuento y consolidación transparentes de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real.
-Procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos.