Los derechos políticos de los ciudadanos nicaragüenses, que incluyen el de oponerse al gobierno de turno y los de elegir y ser elegidos, son garantizados jurídicamente por la Constitución y las convenciones y declaraciones internacionales de derechos humanos.
El Capítulo II del Título IV de la Constitución de Nicaragua, titulado Derechos Políticos, contiene 9 artículos en los cuales se reconocen y garantizan los derechos mencionados y otros más de todos los nicaragüenses. Los cuales están suspendidos de hecho por la dictadura de Daniel Ortega, mediante la fuerza policial, parapolicial y judicial. Irracionalmente, Daniel Ortega cree que está destinado a permanecer para siempre en el poder y a quienes quieren poner término a su régimen, los trata de “golpistas” y parias que absolutamente no tienen ningún derecho. Por eso es entendible —aunque de ninguna manera justificable ni aceptable— que el régimen orteguista acose, encarcele y obligue al exilio a las personas opositoras que tratan de ejercer sus derechos políticos, constitucionales y humanos.
Lo incomprensible y aún más injustificable e inaceptable, es que en la misma oposición se quiera impedir el ejercicio de esos derechos ciudadanos fundamentales y se lapide en la plaza pública de las todopoderosas redes sociales, a las personas y grupos políticos y sociales que los invocan y tratan de ejercerlos desafiando a la dictadura.
Nos referimos al caso de aquellas personas que a título personal o animadas por organizaciones políticas y sociales, han declarado públicamente sus aspiraciones y presentado sus precandidaturas presidenciales, con la intención de competir en el escenario correspondiente en busca de convertirse en el candidato único de la oposición, en las elecciones generales de noviembre próximo.
Y hacemos referencia también, con este comentario, a los ataques inmerecidos e injustos que se hacen desde la oposición a alguna de las denominaciones opositoras, por haber levantado una lista de precandidatos a diputados que serán sometidos posteriormente al procedimiento de selección que determine la misma organización.
Es fácil entender que si la forma de lucha política que han escogido estas personas y movimientos opositores, es la vía pacífica y constitucional de la participación en las elecciones, entonces resulta absolutamente legítimo, válido y necesario que den pasos concretos en esa dirección electoral. Es decir, organizarse en los territorios, preparar a los defensores del voto, elaborar sus programas de gobierno y escoger a quienes crean que serían los mejores candidatos para presidente, vicepresidente y diputados.
Nosotros no tenemos ni debemos tener preferencias de personas ni de movimientos opositores. Nos basta con que sean democráticos. Al fin y al cabo, si se concretara la posibilidad de abrir el camino a la democracia mediante las elecciones, serán los ciudadanos los que decidirán con sus votos quién debe ser presidente de Nicaragua y quiénes sus representantes en la Asamblea Nacional.
Entre tanto, defendemos el derecho de las personas, partidos y movimientos sociales y políticos opositores, a organizarse y presentar sus candidaturas. Y lamentamos que no solo la dictadura sino también desde la misma oposición, se les pretenda negar ese derecho esencial de la democracia.
