Un amigo me pidió que escribiera sobre el proyecto de ley introducido recientemente en el Senado norteamericano conocido como “Renacer”, por sus siglas en inglés. Antes de analizar su significado y consecuencias, quiero referirme a una pregunta que escucho con frecuencia, me refiero a ¿quién manda en Nicaragua? La respuesta más común es que la que manda es ella, aunque uno que otro dice que él. Independientemente de quién es el que nos tiene cómo estamos, la verdad es que el que desperdició la oportunidad que pidió para enmendar los errores del pasado es él, pues ante las circunstancias actuales, la única forma que tienen de mantenerse en el poder es endurecer el estado policial, insistir con el fraude sistémico y continuar con la represión.
Antes de hacer su aparición el proyecto de ley conocido como Renacer, se dieron dos situaciones a los que el que manda o la que manda no les dio importancia, la primera: la frase utilizada por el presidente Joe Biden cuando les dijo que ya era momento de abandonar el autoritarismo y retornar a la democracia utilizando la frase “right now”, que en español significa ahora mismo. En otras palabras, fue un ultimátum y les puedo asegurar que el hombre más poderoso de la tierra no va a quedar en ridículo porque él o la que manda en el país más paupérrimo del continente americano hizo caso omiso de la advertencia.
La otra señal que desoyeron, fue la frase que usó ante el comité de guerra del Senado el almirante, jefe del Comando Sur, cuando dijo: Nicaragua es una “amenaza directa” para la seguridad nacional de los Estados Unidos (EE. UU.). La palabra amenaza directa jamás se había usado y tampoco les importó. A partir de allí, la avalancha de informes sobre las violaciones a nuestros derechos humanos que han llegado a los diferentes comités del Senado norteamericano, fueron los que allanaron el camino para que el actual proyecto de ley sea aprobado. Ahora bien, la diferencia entre la Nica-Act y las sanciones a los funcionarios ya acusados de corrupción se entiende con la simple lectura del anteproyecto. Permítanme reproducirles una parte; la ley faculta al ejecutivo a decretar sanciones económicas tales como restricciones de préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Además, sesenta días después de promulgada la ley, el secretario del Estado, a través de las Oficinas de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado y en coordinación con el director de Inteligencia Nacional, deberá presentar todos los informes clasificados al comité del Congreso sobre actos de corrupción pública que involucren: (A) Al presidente de Nicaragua. (B) A miembros de la familia del presidente. (C) Altos funcionarios del gobierno, incluyendo a miembros del Consejo Supremo Electoral, Fuerzas Armadas de Nicaragua, y la Policía Nacional, a funcionarios electos del partido FSLN que con sus acciones amenacen la seguridad de los EE. UU. y la estabilidad regional y que impidan la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua y que obstruyan las libertades fundamentales de la sociedad civil y de los opositores políticos. Además, pide un informe exhaustivo sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua.
Cuando esos informes lleguen al escritorio de los senadores, puedo asegurarles que arderá Troya y por lo que he escuchado entre sandinistas de uniforme y sin uniforme, estos están más que preocupados, pensando dónde terminarán ellos cuando la lucha de él o ella por mantenerse en el poder sucumba ante la presión nacional e internacional para retornar a Nicaragua a su democracia. A estos vuelvo a recordarles que el avión presidencial está muy lejos de ser el Arca de Noé y que todo lo que dicen y hacen se conoce en segundos en las redes sociales. Ojalá que quien sea el que mande, recapacite y tenga misericordia de sí mismo y de este noble pueblo, todavía es tiempo de no desgraciarles el futuro a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ya que por el camino que llevan solo podrán cosechar ilegitimidad con las consecuencias de la misma.
El autor es comentarista político.
