Desde que se comenzó a hablar sobre la posibilidad de formar una gran unidad opositora para participar en las elecciones de noviembre, si acaso hubieran las condiciones apropiadas, advertimos que la selección de los candidatos a diputados sería más compleja que la del candidato o la candidata presidencial.
Es lógico que así sea. Con todo lo complicado que es seleccionar a una sola persona para candidato presidencial, y otra para la candidatura vicepresidencial —por tantos intereses y maneras de ver las cosas que hay en una amplia unión política—, tiene más complejidad escoger a noventa candidatos a diputados nacionales, con sus noventa suplentes; y a veinte candidatos más para diputados centroamericanos con sus correspondientes sustitutos.
Estos problemas son propios de los partidos y alianzas democráticas. No los tiene un partido de disciplina militar, vertical, caudillista y totalitario como el FSLN, que delega todas las decisiones importantes a Daniel Ortega. Inclusive, el candidato presidencial de este partido armado se autodesigna y los candidatos a diputados son nombrados también por el líder único, o sea el mismo Ortega.
Algunos partidos que se dicen democráticos pero en realidad no lo son del todo, también tienen líderes autoritarios o caciques, en vez de dirigentes con la autoridad que se obtiene con la ética, el talento y la capacidad personal. En estos partidos los candidatos son escogidos mediante el “dedazo”, o sea que el cacique, apoyado en camarillas de personas oportunistas, sumisas y aduladoras, designa a los candidatos que luego son “aprobados” en convenciones, congresos o asambleas previamente arregladas.
Aparentemente esos procedimientos caudillistas y autoritarios son más eficaces, porque garantizan la disciplina férrea de los diputados y su subordinación a las orientaciones del líder o caudillo. Pero corrompen el principio de la representación política, e impiden que los diputados respondan a la voluntad e intereses de los electores con lo cual se desnaturaliza el sistema democrático.
Por otra parte, las dificultades para el ejercicio de la representación democrática son mayores y más complejas, cuando se trata de seleccionar candidatos a diputados no de partidos políticos homogéneos ideológicamente, sino de alianzas electorales plurales, diversas y heterogéneas. Además, en este caso, cuando los diputados están ya en el ejercicio de sus cargos siempre hay un fuerte potencial de dispersión por diversos motivos, desde los ideológicos hasta los consabidos cambios de camiseta por razones monetarias.
Para mencionarlo solo como referencia histórica, porque las situaciones son distintas, hay que recordar que a los 14 partidos de la UNO de 1989-90 les costó mucho más escoger sus candidatos a diputados que la fórmula presidencial. Y después de ganar las elecciones, desde el día antes de su juramentación los diputados de la UNO se dividieron en dos bandos por el control de los cargos en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
Ahora, las plataformas opositoras Coalición Nacional y Alianza Ciudadana, en las que no hay solo partidos políticos sino también numerosos grupos sociales y gremiales, tienen que afrontar inevitables dificultades para formar sus listas de candidatos a diputados. Y para hacerlo lo mejor posible, deben adoptar un procedimiento transparente para escoger a las personas más indicadas. Esto si es que por fin se van a unir en un solo bloque, como lo manda el sentido común.
