LA PRENSA publicó este jueves 25 de marzo un reportaje sobre el despliegue policial permanente en Managua, para controlar a la población y reprimir e impedir cualquier protesta contra la dictadura.
El periodista Roy Moncada informó que en un recorrido que hizo por la ciudad el viernes 19 de marzo, observó 17 puntos estratégicos donde bandas de policías ordinarios y antimotines se encuentran apostados de manera permanente. Además, se mantiene un estricto control policial personal de los líderes opositores más reconocidos, incluyendo algunos precandidatos presidenciales, a quienes ni siquiera se les permite salir de sus domicilios a fin de impedir que participen en cualquier actividad política o social.
La situación es igual en todas las ciudades importantes del país. La represión policial le impide incluso a los partidos políticos que tienen existencia legal, realizar sus actividades ordinarias o de preparación para una eventual participación en las elecciones generales de noviembre.
Tal vez ya se olvidó, pero desde noviembre de 2018, después de que la dictadura eliminó con un baño de sangre todos los tranques y focos de resistencia popular, el entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, así como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señalaron que en Nicaragua había una dictadura policial.
La dictadura es definida por el Diccionario de la RAE como el “régimen político que, por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”. Esa es la esencia de la dictadura, cualquiera que sea su forma, incluyendo la policial que impera actualmente en Nicaragua.
Ahora bien, ¿a qué se debe ese inmenso despliegue policial permanente de la dictadura? ¿Se trata de una enfermiza obsesión represiva de los dictadores o es por temor a que vuelva a ocurrir un estallido social y la gente opositora se tome nuevamente las calles, como en 2018?
Seguramente son las dos cosas, combinadas. Todos los dictadores son paranoicos y temen a los ciudadanos que no han podido someter ni los pueden controlar. Pero, además, Ortega sabe muy bien —porque ha sido un organizador y estratega revolucionario— que después de que un movimiento popular insurreccional ha sido aplastado, hay mucha probabilidad de que vuelva a estallar si persisten las mismas condiciones objetivas y subjetivas que motivaron la primera rebelión.
No obstante, Ortega no puede mantener su dictadura policial si es que en realidad va a convocar a las elecciones generales, que de acuerdo con la Constitución tienen que realizarse el próximo 7 de noviembre. Unas elecciones en esas condiciones no le darían ninguna legitimidad.
Ortega hubiera podido resolver esa contradicción, cumpliendo los acuerdos firmados con la oposición en el Incae, en marzo de 2019. De haberlos cumplido, a estas alturas el proceso político estuviera discurriendo normalmente, en paz y tranquilidad. Pero tendría que poner en juego el poder político en las elecciones, lo que es normal pero él irracionalmente se resiste a aceptar.
