El gobierno de Joe Biden impondrá medidas más estrictas y de transparencia en sus programas de cooperación hacia Centroamérica, según reveló esta semana el Diario Los Angeles Times, el que señala que Estados Unidos cambiará las reglas para asegurarse que una menor cantidad de dinero llegue a los gobiernos de la región y privilegiarán a las organizaciones no gubernamentales para que manejen los fondos.
Aunque en el reporte periodístico se hace referencia exclusiva a los 4,000 millones de dólares que Estados Unidos dará a los países que conforman el Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), en el país especialistas advierten que un endurecimiento de las exigencias de la administración Biden a los gobiernos de la región puede dejar por fuera por completo a Nicaragua de la cooperación que aún pueda recibir por parte del gobierno de Daniel Ortega, que no cumpliría con los requisitos que se estarían afinando.
Según el diario estadounidense, citando a Roberta Jacobson, alta funcionaria de Biden para asuntos de la frontera suroeste y experta en inmigración, la nueva política de esta Administración incluiría entre sus objetivos “una contabilidad transparente y pruebas de buen gobierno, como elecciones justas y respeto por los derechos humanos”.
En los últimos años en Nicaragua, desde que Ortega se atornilló al poder y estableció una relación conflictiva con Estados Unidos, la cooperación al sector público ha venido en descenso, pero aún así el régimen tiene presupuestado para este año 40.96 millones de córdobas en donaciones, según el Presupuesto General de la República 2021.
El diario estadounidense señala que “la perspectiva de una rendición de cuentas más estricta está provocando el pánico en algunos de los líderes centroamericanos que esperaban permanecer en el extremo receptor de la ayuda estadounidense después de cuatro cómodos años bajo el presidente (Donald) Trump”.
La apuesta de Estados Unidos, según Jacobson, exembajador en México y subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, será “que en lugar de invertir la mayor parte del dinero en las tesorerías nacionales, mayores cantidades se destinarán a organizaciones no gubernamentales y programas para madres solteras, capacitación de jóvenes y grupos similares, para que al final, estén fortaleciendo las sociedades y no enriqueciendo a estos gobiernos ”.
Los miembros del Congreso y varios de los asesores de Biden dijeron que ha sido un error inyectar dinero en países que han malgastado la ayuda estadounidense, con muy poco que mostrar. Instaron a Biden a “recalibrar” su política centrándose en la impunidad y la corrupción, y exigiendo cambios antes de liberar fondos, según explica el diario estadounidense.
De hecho el mismo diario cita al senador Patrick J. Leahy (D-Vt), quien a través de un comunicado dijo: “Si vamos a enviar más dólares de impuestos estadounidenses a esos gobiernos, necesitan líderes confiables que quieran ayudar a su gente, en lugar de permanecer en el poder y enriquecerse”.
Este jueves, Leahy dijo que “el gobierno de Nicaragua es, por definición, una dictadura que utilizará todos los medios que considere necesarios para tratar de evitar unas elecciones libres y justas. Sin una buena gobernanza, ninguna cantidad de ayuda exterior cambiará fundamentalmente esta dinámica. La Administración Biden y el Congreso de los Estados Unidos deben reevaluar nuestras relaciones con estos gobiernos que son la antítesis de socios creíbles, y al hacerlo reafirmar nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos del pueblo centroamericano y los principios de gobierno del pueblo, por parte del personas, y para las personas”.
Obstáculos para las ONG
Y si bien la apuesta ahora de Estados Unidos será privilegiar a las organizaciones no gubernamentales con sus fondos, lo cierto es que en Nicaragua estas entidades tendrían serias dificultades para acceder a ayudas de este tipo, tomando en cuenta que ahora las persigue la Ley de Agentes Extranjeros o Ley 1040,que entró en vigencia en octubre del 2020.
En Nicaragua los especialistas temen que esa nueva política de focalizar los fondos en organizaciones no gubernamentales sirva como prueba de fuego a Daniel Ortega, tomando en cuenta que Estados Unidos intentaría mantener su ayuda a través de estas organizaciones no solo nacionales sino internacionales y la idea sería ver si el régimen se atreverá a restringir la participación de las ONG que están bajo la sombrilla de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El economista Róger Arteaga señala que el hecho de que la administración de Biden vaya a apostar por las organizaciones no gubernamentales para inyectarle fondos a la región, para evitar la corrupción gubernamental, es algo que pone a prueba a Ortega y su represiva Ley 1040, con cuya legislación persigue a este tipo de organizaciones de la sociedad civil.
“Las donaciones de Estados Unidos para Nicaragua a través de AID son pocas porque Estados Unidos dijo que en lo particular a Nicaragua le iba a tratar diferente que los demás países centroamericanos, es por eso que a Guatemala, El Salvador y Guatemala les ha soltado plata y a Nicaragua la ha dejado corta”, explicó Arteaga.
Pero además recordó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) brindó un préstamo pero sujeto a que lo ejecutara la ONU, la OPS y una empresa privada que iba a fiscalizar esos recursos. “Es decir que son oenegés internacionales las que están a cargo del proyecto y Ortega ahí no podrá hacer nada, quizá podrá limitar la participación de las oenegés nacionales porque muchas ya cerraron, y otras ya no reciben apoyo”, expresó.
Y agregó: “Estados Unidos podría probar a Ortega dándole fondos a estas oenegés (las que están bajo la sombrilla de Naciones Unidas) para ver si él se atreve a quitárselos o no permitirles usar esos fondos que son beneficio para la población”.
Arteaga señala que mientras a Costa Rica y El Salvador, Estados Unidos les ha soltado mucho dinero, a Nicaragua la ha dejado corta. “Precisamente por la desconfianza que tiene sobre el uso que hace de los recursos el gobierno de Ortega, y eso lo dijo hace tiempo el actual presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, quien en aquel momento era subsecretario del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, argumentó.
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Por su parte el exembajador Róger Guevara Mena apuntó que la comunidad internacional considera a Nicaragua como un Gobierno de ocupación y no de aceptación popular, de manera que es de esperarse que Biden tome sus medidas para obligar a Ortega a una reconstrucción de la gobernabilidad y el camino a la democracia. “En el caso de que hubieren incumplimientos de medidas de EE. UU. se podrían esperar sanciones más personalizadas que las que se han dado sobre casi 30 funcionarios nicaragüenses”, observó.
Guevara ve con desconcierto el hecho de que “Estados Unidos haya impuesto sanciones a la corrupción en Nicaragua y por otra parte autorice a los bancos de primer piso a que distribuyan empréstitos, de manera que este año se han tenido desembolsos de unos 1,000 millones de dólares”, alegó.
A criterio del exdiplomático, si bien la cooperación financiera no reembolsable de Estados Unidos para Nicaragua ahora no tiene significativo peso, no así las remesas, lo cierto es que lo importante de esto es el mensaje que se envía en el exterior en cuánta confianza y credibilidad en un gobierno tiene el Gobierno estadounidense.
“Yo creo que los préstamos de EE. UU. no son tan significativos como las remesas que son la sangre de los trabajadores en suelo norteamericano, español o costarricense, por lo tanto creo que el significado de forma monetaria no es tan importante, pero sí son símbolos de la apertura o credibilidad que pueda tener la Administración norteamericana en la Administración local de Managua”, manifestó.
Hace mucho tiempo Ortega ya no es elegible
Desde la perspectiva del político, Eliseo Núñez, desde antes de que se hagan cambios en la política de Estados Unidos hacia Centroamérica, en cuanto a la inyección de recursos de los contribuyentes estadounidenses, Nicaragua ya ha sido relegada en la participación de cooperación de EE. UU. y muestra de ello es la Ley Nica Act y un decreto ejecutivo por parte de Donald Trump.
“Nicaragua no es un elemento hábil para recibir parte de esos fondos que anunció Biden semanas anteriores. Por otro lado, la Ley de Agentes Extranjeros que aplicó Ortega restringe a las oenegés para recibir fondos desde el exterior y como resultado Nicaragua queda excluida de cualquier tipo de ayuda que pueda tener”, advierte Núñez, tras agregar que Ortega actuó bajo la premisa de que si no hay dinero para él no hay para nadie.
Núñez al igual que Guevara considera que Estados Unidos no es una gran ayuda directa para Nicaragua, aunque destaca que ese país del norte tiene el control sobre organismos multilaterales de créditos, que son los que aportan la mayor parte del dinero para inversión pública, según el Presupuesto General de la República. Y si ahora la apuesta de Biden será la transparencia y el buen gobierno, para Nicaragua se puede elevar dicha presión.
Finalmente, a juicio del economista Mario Arana, mientras las oenegés no se desvíen a actividades ilegales no debería haber impedimentos para el manejo de recursos provenientes de afuera y por tanto no es un impedimento para ejecutar recursos de la cooperación internacional en Nicaragua, sostuvo.
“La ley a lo que te obliga es a proveer información, pero no impide la ejecución de recursos. Veo que algunas organizaciones no gubernamentales en un exceso de cautela o hasta desconocimiento han dejado de dar recursos a Nicaragua por esa ley”, admitió.
Un planteamiento que no coincide con el del expresidente del Cosep, José Adán Aguerri, quien dice que efectivamente con la Ley de Agentes Extranjeros “lo que está haciendo el Gobierno es intentando cerrar y/o controlar espacios de cooperación. Contrario a lo que pretenden que es afectar y limitar a estas organizaciones a los que realmente afectan es a los que son beneficiados con este tipo de cooperación y pueden dejar de recibirla. Vale la pena preguntar a los beneficiarios de estos programas de cooperación”.
“Cualquier cooperación es más que necesaria por los niveles de pobreza que tiene el país y es desafortunado que por el control político y la politización de la cooperación se ponga en riesgo la misma”, enfatiza.