«La situación en Nicaragua es extremadamente preocupante», asegura relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE_CIDH), Pedro Vaca, considera que la situación en Nicaragua es «extremadamente preocupante», a ello se debe la atención y monitoreo permanente al ejercicio de la libertad  de expresión y prensa que ha enfrentado asesinatos, confiscaciones, allanamientos, cárcel, censura, agresiones, exilio, etc.

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Vaca asumió la relatoría en octubre de 2020 y desde entonces él y su equipo han dado seguimiento continuo a las denuncias sobre hostigamiento a los periodistas. En una entrevista concedida a LA PRENSA este jueves, alerta que en el país «hay una crisis generalizada de derechos humanos que incluye el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la libertad de prensa», así como «una erosión significativa y dramática del Estado de derecho».

¿Cómo valora la RELE_CIDH el ambiente actual en Nicaragua?

Lo primero que me parece clave es que tanto el sistema de Naciones Unidas como la CIDH particularmente a través del monitoreo constante de la situación en su mecanismo denominado Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua), está documentando desde hace ya bastante tiempo (2018) de manera muy rigurosa la situación de derechos humanos en Nicaragua.

Y precisamente es la rigurosidad de esa información documentada la que nos permite afirmar dos planteamientos que son importantes para la libertad de prensa: el primero es que hay una crisis generalizada de derechos humanos que incluye el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la libertad de prensa. Y el segundo, es que notamos una erosión significativa y dramática del Estado de derecho.

La censura, los ataques y la violencia contra los periodistas y medios independientes cada vez se agudizan más en el país, ¿cómo es vista esta situación por la comunidad internacional?

A propósito del Día (Nacional) del Periodista (en Nicaragua) que fue el pasado lunes, la comunidad internacional, y eso es algo que yo como relator agradezco mucho, de manera muy consistente planteo su solidaridad con la situación que enfrentan los periodistas en Nicaragua donde las restricciones al espacio público son de carácter físico, de carácter jurídico, con unas reformas legales regresivas y también tiene una vocación y se hacen con la intención de sembrar miedo.

Es decir, que todas estas acciones, la confiscación, los procesos judiciales, el cierre de organizaciones civiles por cuenta de la Ley de Agentes Extranjeros, también son hechos que está viendo la sociedad nicaragüense en su conjunto y que da miedo. Y nosotros creemos que ese miedo hay que denunciarlo, y ese miedo se encuentra con un periodismo resiliente, con un periodismo que con mucha valentía está haciendo un esfuerzo enorme con muy poco recurso, y con mucho profesionalismo para mantener informada a la sociedad.

Yo creo que hay que dar un gracias en mayúscula, hay que agradecer no solo por lo que eso significa para organismos como nosotros, porque nosotros también documentamos la situación, porque existe periodismo y una buena parte de la fuente de información es el periodismo nicaragüense. Pero sobre todo, porque es la única forma que se tiene en este momento para que la sociedad nicaragüense cuente con más voces que la voz oficial.

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Precisamente, el Diario LA PRENSA cumplió este 2 de marzo 95 años desde su fundación, y aún se mantiene en pie, pese a que ha sufrido dictaduras, censuras, ataques, el asesinato de su director, el periodista y Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. ¿Qué significado tienen estos casi 100 años de resistencia periodística? 

Sí, es algo que conocemos. El periodismo latinoamericano en general, pero particularmente hoy, el periodismo nicaragüense tiene bastante claro, creo yo la misión histórica que tiene en este momento, y eso es algo que apreciamos, es algo que animamos y es algo que agradecemos.

Agradecemos porque de cierta manera podría ser más fácil desistir. Si uno mira los costos financieros, los costos humanos, los costos familiares, los costos sociales, los costos gremiales que tiene hacer periodismo en Nicaragua son costos altísimos, y a pesar de esos costos, pues la misión del periodismo sigue intacta y precisamente por eso nosotros en el marco del Día Nacional del Periodista sugerimos en conjunto con Naciones Unidas, planteamos unos nodos de cooperación internacional o unos nodos sobre los cuales creemos que se debe fijar la atención internacional.

¿Cuáles son estos nodos que fijó Naciones Unidas y la RELE_CIDH sobre los periodistas en Nicaragua?

Son cuatro puntos que firmamos conjuntamente con Naciones Unidas y la Relatoría de la Libertad de Expresión, que tiene que ver con la protección, monitoreo sobre el uso de la fuerza y hostigamiento a periodistas y medios de comunicación. Así como el monitoreo del impacto del marco normativo estricto y regresivo que atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y el acceso a la información, y abogar por su modificación de acuerdo con los estándares internacionales.

Impulso a las reformas necesarias para el Estado de derecho, la independencia judicial y las elecciones libres y justas. Y el fortalecimiento de medios y apoyo internacional al periodismo independiente.

Pese a los constantes monitoreos, advertencias y llamados de los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional, el Gobierno de Nicaragua ha aprobado desde el último trimestre de 2020 un paquete de leyes de control y censura, que no solo vendrá a afectar a la prensa independiente, sino que a todos los ciudadanos, ¿cuál es su postura ante estas medidas?

Hay un tema en el que yo he venido insistiendo esta semana y es un poco lo que se denomina los frenos y contrapesos del Estado, aquí hay un poder ejecutivo, hay una rama legislativa y hay una rama judicial donde no advertimos una clara separación de poderes y entonces eso hace que por ejemplo, el parlamento sin mayor discusión, incluso, a pesar de los llamamientos de la comunidad internacional promueva leyes regresivas y contrarias a los derechos humanos, particularmente frente a las leyes de Agentes Extranjeros y de Ciberdelitos.

Cuatro relatores de Naciones Unidas, y pues yo el relator de la Libertad de Expresión de la OEA, advertimos que estas normas eran contrarias a los estándares internacionales, a pesar de eso sin ningún tipo de respuesta digamos argumentada, el Legislativo avanzó en esa normatividad y después el Judicial, tenemos un poder judicial como con ritmos caprichosos, porque es muy lento para esclarecer asesinatos de periodistas de Ángel Gahona y esclarecer responsabilidades y sancionar a los perpetradores.

Es un poder judicial muy lento para analizar la confiscación de sedes de medios de comunicación como Confidencial y 100% Noticias, pero, paradójicamente es un poder judicial  muy rápido para condenar a periodistas por sus publicaciones, y eso es un síntoma muy preocupante de la relación que tiene la separación de poderes y el Estado de derecho con la vida democrática y la libertad de prensa. Es decir, los periodistas y los medios de comunicación necesitan en una sociedad democrática que exista un Estado de derecho con separación de poderes y eso es algo que está erosionado en Nicaragua en estos momentos.

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La Oacnudh recientemente también reveló que el gobierno de Daniel Ortega ha ignorado 20 de 37  solicitudes de información sobre la situación de derechos humanos en el país. ¿Cuál sería la consecuencia para Nicaragua en caso de que Ortega continúe guardando silencio? 

Un gesto y una actitud decorosa de cualquier Estado con respecto a la observación internacional se caracteriza por dos cosas: primero, la respuesta y no solo la respuesta, la respuesta argumentada a las distintas comunicaciones que se envían, esto es algo que no está ocurriendo con Nicaragua. Y la segunda es la apertura en los momentos de crisis como lo es el actuar en Nicaragua, la apertura que se hagan visitas para corroborar en terreno y poder formular recomendaciones para que el Estado mejore su deber de garantía a los derechos humanos.

Ninguna de esas dos cosas están ocurriendo en Nicaragua en este momento.

¿Y cuál debería o sería el siguiente paso de la comunidad internacional si el Gobierno sigue ignorando como hasta ahora lo ha hecho estos llamados?

Ahí creo que a nosotros nos corresponde insistir en una invitación, digamos que es nuestra responsabilidad hacerlo, y es invitar al Estado nicaragüense a que acceda a que esta observación que se hace con altos estándares técnicos, pueda hacerse y pueda ser efectiva, sobre todo porque esta crisis de derechos humanos afecta la cotidianidad de millones de personas y ahí es donde toca enfocar los esfuerzos.

¿Cómo se podrían proteger los derechos de los nicaragüenses?

Ahí hay distintos niveles de la conversación internacional, digamos naturalmente nosotros tenemos un mandato de monitoreo a la situación de derechos humanos y en particular mi oficina a la situación de libertad de expresión, ahí estamos documentando, recibiendo casos, formulando recomendaciones, pero también hay un entorno, digamos de diálogo político, que yo creo que debería abrirse por parte de las autoridades en Nicaragua.

Abrirse sobre todo porque es lo único que podría en este momento dar un paso hacia delante en la superación de una crisis que se está agudizando, que se está consolidando, que se está normalizando. Esta es una palabra que nosotros hemos venido utilizando, y es que no queremos que se normalice las restricciones de la libertad de expresión en Nicaragua, que se vuelva algo cotidiano y parte del paisaje.

Nicaragua creo que tiene un pueblo y una sociedad que quiere libertad, que quiere vivir en una democracia plural, que necesita más voces que la oficial, y estos son los ideales de los distintos instrumentos internacionales que el mismo Estado nicaragüense ha suscrito. Porque esto también es clave, nosotros observamos Nicaragua sobre la base de que se han suscrito tratados de derechos humanos por parte del propio Estado nicaragüense.

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¿Cómo la comunidad internacional ayudaría a fortalecer la libertad de expresión y prensa en Nicaragua?

Ahí yo me refugio en los cuatro nodos de cooperación que sugerimos en el comunicado de Naciones Unidas, me parece que esos son los ámbitos de acción. Yo entiendo y tengo mucha empatía con lo que uno podría llamar una sensación de frustración, de que al interior del país, a pesar de todos estos esfuerzos de la comunidad internacional y de la Relatoría se sienta como estancada la situación, pero hay un trabajo consciente, un trabajo comprometido con los también pocos recursos con los cuales contamos.

Los organismos de derechos humanos llegamos hasta el punto que nos da nuestro mandato, pero la reconstrucción de las libertades civiles y de las garantías de las libertades civiles es algo que también es imposible que pase sin el concurso de la propia sociedad civil nicaragüense.