En los últimos días, se han dado varios acontecimientos que deben tener celebrando al régimen y sus zancudos, la razón. Daniel Ortega, sin abrir la boca ni ceder un ápice de lo mandatado por la Organización de Estados Americanos (OEA), comienza a acumular puntos para finalmente salirse con la suya. En mi último artículo, afirmaba que sería de Ripley si Ortega lograra reelegirse una vez más, para respetar el orden cronológico en que han venido sucediendo las cosas a las que me refiero, comenzaré por las tres aberraciones jurídicas que Daniel Ortega ordenó a su Asamblea legislativa para que las convirtieran en ley. Me refiero a la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la Ley 482, que pretende proteger a los sancionados por la Ley Magnitsky, obligando a la banca nacional a aceptarles sus depósitos y que a su vez les permitan realizar transacciones con el producto de sus ilícitos.
La otra situación que ha llamado la atención son los debates de los precandidatos presidenciales de las diferentes fuerzas políticas opositoras. Todos sin excepción hablan de lo que piensan hacer cuando sean electos, pero ninguno nos dice qué piensan hacer para contribuir a lograr esa hasta ahora hipotética elección en donde el poder esté realmente en juego. El pasado 3 de febrero en un artículo de opinión, José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), hizo mención a dos carreteras, la que nos llevaría al precipicio económico y social y la que nos llevaría a la restitución de nuestros derechos ciudadanos, al restablecimiento de la democracia y afirmaba que esta última pasa por la realización de unas elecciones en donde el voto se cuente. Mi apreciación es que en la primera carretera van manejando Ortega y los suyos con rumbo al mismo totalitarismo que vivimos en los ochenta, la otra carretera va en sentido contrario y en ella van alegremente los precandidatos presidenciales, pintando de colores la Nicaragua cuando ganen unas elecciones que no se ven venir por ningún lado.
Ahora permítanme un brevísimo análisis sobre la diferencia entre la palabra negociar y denunciar, la primera; es un proceso en donde los interesados en llegar a un acuerdo intercambian información, promesas y aceptan compromisos formales de obligatorio cumplimiento, de esta forma, cada parte busca que la otra ceda en algo para poder llegar a un punto aceptable para ambos. La segunda; es la acción de avisar, de notificar la irregularidad o ilegalidad de algo. La denuncia tiene el propósito de evitar que se siga cometiendo una irregularidad, en el caso de Nicaragua la denuncia ante los organismos internacionales de las violaciones del régimen, tienen el propósito de conseguir el apoyo necesario para lograr la restitución de nuestra democracia. Por ello, la noticia de la solicitud al presidente Biden para que mande una comisión a negociar con Ortega me tiene rascándome la cabeza, porque hasta donde mi memoria alcanza, no recuerdo que Ortega haya cumplido un solo compromiso contraído. Les recuerdo que la OEA en su última reunión de cancilleres mandató al gobierno de Daniel Ortega a cumplir una serie de requisitos que garantizaran la legitimidad de las próximas elecciones presidenciales, dándole un plazo hasta el 30 de mayo para hacerlo.
¿La razón de mi preocupación es que, si a estas alturas se comenzara a pensar en una comisión negociadora, sería para negociar qué, con base a qué? Y lo que es peor, conociendo la lentitud con que se maneja la política internacional, donde quedaría el ultimátum de la OEA al régimen. Para finalizar permítanme recordarles, que ni un solo sandinista ha enfrentado la justicia por los crímenes cometidos en treinta y nueve años. Les confieso que solo pensar en la posibilidad que las atrocidades cometidas por el orteguismo en estos catorce años queden impunes, me da náuseas. Por no decir otra cosa que ofenda la lengua de Miguel de Cervantes Saavedra.
El autor es comentarista político.
