A través de una resolución la organización Internacional Demócrata de Centro (IDC), compuesta por partidos políticos de distintos países de Europa y América, condenó las sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura de Daniel Ortega e instó a los gobiernos a aplicar sanciones «unipersonales» a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Los partidos políticos democratacristianos y socialcristianos sustentaron su condena con base a los constantes abusos perpetrados por el régimen contra ciudadanos opositores, a quienes les ha cercenado el derecho constitucional a la libre manifestación, «bajo detenciones ilegales, encarcelamiento, juicios sin garantías procesales, torturas e incluso asesinatos», sostiene la asociación.
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«Cualquier persona que disienta o manifiesta una opinión crítica hacia el régimen puede ser objeto de acoso y persecución por parte de la maquinaria represiva controlada por el gobierno», agrega el comunicado de IDC.
Combo de leyes represivas
Por otro lado, el colectivo vio con preocupación la reciente aprobación del combo de leyes represivas —Ley de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Cadena Perpetua— y refieren que esto supone «un evidente atropello de los derechos políticos y civiles recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
«La IDC es consciente de la situación de cansancio del pueblo nicaragüense, ante las reiteradas rupturas del gobierno de Nicaragua con la legitimidad de las leyes, y en especial con el orden constitucional (…) Por ello condenados y vemos con preocupación los graves abusos a detenidos que se han denunciado, así como la violenta represión de los manifestantes mediante el uso de fuerza policial y militar desproporcionada y excesiva», denunció el organismo.
Ante este escenario la IDC, en la resolución emitida el viernes, exige a la dictadura de Ortega «detenga» dichos abusos «y no cercene en ningún momento la libertad de expresión y soberanía del pueblo, y menos aún, ninguno de los Derechos Humanos, Políticos y Civiles».
Desconocer elecciones de noviembre
A pocos meses que en Nicaragua se lleven a cabo las elecciones presidenciales, el dictador se ha negado a realizar reformas electorales que garanticen un proceso transparente, bajo la observación de organismos internacionales.
Al respecto, los partidos políticos de Europa y América piden a la Organización de Estados Americanos (OEA), a Naciones Unidas y a la misma Unión Europea (UE) «desconocer» los resultados de dicho proceso —a realizarse en noviembre de 2021— mientras la dictadura no cumpla con las mínimas garantías democráticas «exigibles a cualquier proceso electoral».
Y reiteran su disposición y exigencia para que los gobiernos del mundo emprendan sanciones «para castigar a los máximos responsables de las reiteradas violaciones de los derechos humanos, como es el caso del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo».
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Por último, llamó a las instituciones europeas «en concreto, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini» a que no desista a concretar acciones que se encaminen a «instigar» al régimen, y de una vez poner fin a la violencia y restablecer la democracia, las libertades civiles y el estado de derecho en Nicaragua.
Para el político nicaragüense e integrante de la Coalición Nacional, José Pallais, esta resolución de la IDC coincide con una serie de resoluciones que se han generado en los últimos días contra el dictador Ortega, y citó el reciente pronunciamiento de la alta comisionada de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que señaló que en Nicaragua persiste un deterioro en materia de derechos humanos.
«Estas resoluciones destacan que en Nicaragua se continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad y el régimen continúa consolidando un estado policial, sometiendo a los nicaragüenses a una restricción de todos sus derechos y libertades», dijo Pallais.
El integrante de la Coalición Nacional enfatizó en el valor que tiene el hecho de que ninguno de estos informes internacionales aprecia la realización de elecciones presidenciales bajo un contexto de crisis y represión. «Estos organismos vienen coincidiendo en que no se puede dar ninguna validez a unas elecciones con Ortega, con falta de libertad y espacios democráticos para la oposición».
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Desde el 2018 la administración Ortega-Murillo es señalada de cometer graves delitos contra ciudadanos desarmados. Según el Mecanismo Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el régimen cometió crímenes de lesa humanidad, lo que dejó a más de 325 personas asesinadas y miles de opositores en el exilio.
En el contexto actual de la pandemia, diferentes sectores nacionales e internacionales también han denunciado un mal manejo del Covid-19 por parte del dictador a través del Ministerio de Salud (Minsa). Mantiene en hermetismo las cifras reales de casos y muertes y se ha negado a adoptar medidas estrictas para contener el virus.
