La Alcaldía de Managua recibió en 2020 un total de 300 denuncias ciudadanas por contaminación con desechos sólidos, líquidos o exceso de ruido, pero solo 50 personas fueron sancionadas con multas económicas que van desde 100 hasta los 50 mil córdobas, según confirmó Juan Ramón Campos, director ambiental de la comuna a la oficialista radio La Primerísima.
Campos informó escuetamente que se dio respuesta a cada una de las quejas dependiendo de la gravedad de la situación. LA PRENSA revisó los Informes Ejecutivos de Gestión Municipal de los últimos cuatro años —de 2017 a 2020— de la comuna capitalina y lo mencionado por Campos no aparece reflejado en el reciente informe 2020, que presentó la alcaldesa Reyna Rueda el último jueves en la sesión de la comuna.
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Según los documentos, en 2017 la Dirección General de Medioambiente recibió 231 denuncias pero no se aplicó ninguna sanción, mientras que en 2018 hubo 166 multas y se aplicaron 91 sanciones, pero en 2019 y 2020 no se refleja registro de denuncias ni sanciones en los Informes Ejecutivos.
Los años en los que sí hubo denuncias ciudadanas muestran un comportamiento de aumento, lo que a criterio del concejal de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Sellin Figueroa, debería plantear las interrogantes: ¿qué hizo o qué no hizo la alcaldía para evitar los botaderos ilegales? ¿Dejaron de pasar los recolectores de basura por los 300 lugares?
Vacíos y denuncias en aumento
En cuanto a lo mencionado por Juan Ramón Campos, de la comuna capitalina, y que no aparece en el informe ejecutivo de la comuna, Figueroa refiere que la alcaldía trata de esconder el gran problema que se tiene en torno al tema de la ordenanza ambiental.
Si el promedio de denuncias en 2017 y 2018 ronda los 200, se compara con las 300 registradas solo en 2020 y el resultado marca un claro incremento del 66 por ciento.
«Mostrar muchas denuncias significaría que se tiene un problema o debilidad en los servicios de recolección de basura que está obligada la alcaldía a prestar a los ciudadanos, hubo deficiencia en el sistema de recolección de basura, lo cual causó este exponencial de denuncias, que se disparó el doble en comparación con el año anterior», apuntó el concejal.
Figueroa refuerza su señalamiento: «Tomando en cuenta que en el informe final que presentó la máxima autoridad administrativa, la alcaldesa, ni siquiera lo reflejan, con el único propósito de que no quede evidenciada la debilidad de prestación de servicio de la misma alcaldía».
Pero, a diferencia del aumento que se registró en las denuncias ciudadanas, se muestra que hubo un descenso en la aplicación de sanciones. «Las denuncias fueron exponenciales, pero lo extraño es que las resoluciones fueron tímidas, entonces ¿por qué se disparan las denuncias y no se disparan las multas? Significa que está flexible la comuna, que no lo creo, lo que hubo fue un problema de deficiencia en la recolección de basura. Aquí en esta ordenanza hay muchos vacíos», criticó el concejal capitalino.
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En la Ley 40, Ley de Municipios, se establecen las facultades que tiene cada comuna en los departamentos del país. En el artículo 7 de la misma plantea entre las competencias que tienen los gobiernos municipales: promover la salud y la higiene comunal a través de limpieza pública por medio de la recolección, tratamiento y disposición de los desechos sólidos.
Único antecedente
Para el concejal Figueroa, el único antecedente que existe y con el que la alcaldía trató de contener el problema de la basura, fue en 2013, a través del programa Vivir Bonito. En ese momento, el propósito era ponerle fin al problema que afecta y causa una mala imagen a la capital, además de contaminar al medioambiente y provocar en épocas de invierno inundaciones porque la basura se estanca en desagües y cauces.
Ejecutaron campañas de concientización, plantearon la aplicación de multas a quienes continuaran tirando residuos en sitios prohibidos y acondicionaron puntos de transferencia, pero este programa ha quedado completamente en el olvido, a pesar de que, según Figueroa, le cambiaron el nombre por Plan Calache.
A criterio de Figueroa, para que exista un mejor manejo de la ordenanza municipal, la comuna debe invertir no solo en campañas de educación masivas transmitidas mediante medios oficialistas sino en medios independientes.
«Siempre vemos una capital sucia, desordenada, todo por la política administrativa de este gobierno sandinista. Aquí debe haber cobertura en todos los medios, no se puede lanzar la campaña solo en medio sesgado, estás educando a un segmento de la población reducida, entonces tu programa no está teniendo impacto o resultados mayores», declaró el concejal.
Sanción para los ciudadanos
La Ordenanza Daños y Multas Ambientales en el municipio de Managua tiene el objetivo de determinar aquellas conductas, actos, actividades u omisiones que violen o alteren las disposiciones relativas a la conservación, protección, manejo, defensa y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales, estableciendo en consecuencia las sanciones administrativas que se deben aplicar a los infractores.
En el capítulo II de la ordenanza Contaminación ambiental y sus sanciones, artículo 3, se determina que depositar cualquier clase de residuo sólido al sistema de drenaje pluvial, primario o secundario (cauces revestidos o sin revestir), colectoras, pozos de visita pluvial, lagos, lagunas, predios baldíos, calles, andenes, cunetas, plazas, parques, playas o cualquier otro lugar no autorizado, se impondrá una multa de 3,000 córdobas si la falta la cometiera una persona natural y 50 mil córdobas si la falta la cometiera una persona jurídica o empresa.
