Los diputados sandinistas aprobarán este miércoles 3 de febrero la reforma a la Ley de Defensa de los Consumidores tal y como está propuesta, pese a la advertencia de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), de que sus mecanismos causarían un bloqueo financiero internacional, debido a que al país se le colocaría en la lista negra de naciones donde no se lucha contra el lavado de dinero y, por el contrario, se promueven prácticas corruptas.
La Comisión Económica de la Asamblea Nacional se reunió este 1 de febrero para elaborar el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de los consumidores, proceso que tardó solo una hora. En el encuentro, diputados sandinistas calificaron como “un chantaje” la posición de Asobanp, sobre las graves repercusiones que habría para el sistema bancario y, por ende, para el país, si se concretan las medidas que pretenden.
El objetivo del régimen de Daniel Ortega de modificar la Ley de los consumidores es para presionar legalmente a los bancos privados para reabrirles las cuentas bancarias a los 27 funcionarios, empresas y a la Policía Orteguista (PO), sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos. Las sanciones obligan a los bancos a no tener relaciones con las personas y empresas afectadas porque son vinculadas a actos de corrupción, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos. Ningún inversionista, autoridades o personas de los gobiernos que aplicaron las medidas pueden tener negocios con los sancionados.
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Asobanp en una carta que envió a los diputados de la Comisión Económica el jueves 28 de enero, advirtió que si la reforma se aprueba, se viola el derecho constitucional a la libre empresa y hará que Nicaragua sea incluida en la lista negra de Acción de Acción Financiera Internacional (GAFI), siendo la consecuencia de que el país sea excluido del Sistema Financiero Global. Eso haría que los bancos extranjeros corten relación con la banca nicaragüense, afectando los procesos para recibir remesas, operaciones de tarjetas de crédito y débito, así como transacciones comerciales, exportaciones y otras operaciones.
Azucena Castillo, miembro de la comisión por parte del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dijo que no hubo manera de que entendieran los argumentos los diputados sandinistas de que a Nicaragua se le cortaría todo el financiamiento externo y los bancos quedarán inmovilizados de hacer transferencias con otros bancos en el mundo.
“Solo mejoraron la redacción de un párrafo en la exposición de motivos sobre el papel del Banco Central y el Mefcca, pero el resto de la reforma quedó intacta. (…) Para ellos (los sandinistas), así lo dijeron, es un vulgar chantaje decir que la corresponsalía de los bancos es importantísima y que el país se va a aislar”, afirmó Castillo, exministra de Comercio.
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Por proteger a sancionados
Entre los funcionarios sancionados están el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica e impulsor de la propuesta de cambiar la Ley de los consumidores para presionar al sistema financiero. Los clientes podrán demandar judicialmente a los bancos cuando les cancelen los servicios, como cerrarles las cuentas bancarias, y también serían multados por el ente regulador, en este caso la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), también como amenaza, para que se reabran las cuentas de los sancionados.
Los orteguistas incorporaron en el artículo 54 de la ley la obligación de que los prestadores de servicios financieros notifiquen a sus clientes “de forma verificable” la decisión a negarles el servicio o productos, “o de la cancelación o suspensión de los contratos”. “Dichas decisiones deberán estar legalmente justificadas, deberán notificarse en los plazos estipulados en la presente Ley o en su defecto, en los plazos que establezca el respectivo ente regulador, y no podrán trascender a la persona afectada”, reza el texto que metieron los sandinistas.
Entre los sancionados está la vicepresidenta designada Rosario Murillo y tres de sus hijos, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; el jefe de la PO, Francisco Díaz; el ministro de Hacienda, Iván Acosta; los diputados Gustavo Porras y Wálmaro Gutiérrez, entre otros del círculo de poder del régimen.
EE. UU. sancionó además a la Policía Orteguista (PO), así como a las empresas vinculadas a personeros de la familia Ortega Murillo, como son Inversiones Zanzíbar, SA, Servicio de Protección y Vigilancia, SA, el Banco Corporativo, SA (Bancorp), Alba de Nicaragua, SA (Albanisa), empresas Difuso Comunicaciones, SA, Mundo Digital SA y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna).
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“Se está disparando en el pie”
La diputada Castillo expuso que el Gobierno “se está disparando en el pie” con la reforma, debido a que si los bancos nicaragüenses quedan aislados internacionalmente entonces “cómo se van a transferir los préstamos para la emergencia de la pandemia (del Covid-19), la reconstrucción de los daños de los huracanes” que aprobaron los organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Ignoraron completamente los argumentos. Ya está el dictamen de mayoría listo. Ojalá en estas próximas horas reflexionen y lo engaveten”, afirmó la legisladora liberal.
Gutiérrez pretendió ocultar carta de Asobanp
Castillo refirió que la discusión este lunes en la comisión fue tensa, debido a que en especial el orteguista Gutiérrez se molestó porque la legisladora le comunicó que adjuntaría la carta de Asobanp al voto razonado que presentará para oponerse a la reforma de la Ley de los consumidores.
Según la diputada, Gutiérrez le respondió que no aceptaba que los argumentos de los banqueros fuesen tomados en cuenta en los dictámenes, “porque era una falta de respeto”, lo que indica que el diputado orteguista pretendía mantener oculto del resto de legisladores la carta de Asobanp.
Gutiérrez hizo referencia en el dictamen de la carta enviada por la Asociación de bancos, asegurando que retomaron “algunos planteamientos”, sin embargo en el texto de la iniciativa no eliminó los mecanismos con los que se pretenden beneficiar a los funcionarios y empresas sancionados, para que se les reabran las cuentas bancarias.
El único agregado fue al inciso 3 del artículo 54 de la Ley, referente a que cuando se niegue, cancelen o suspendan los servicios a los usuarios del sistema financiero. Mantienen que “dichas decisiones deberán estar fundadas en la ley expresa, en normativas o resoluciones que para tal efecto emita el respectivo ente regulador, y/o causa jurídicamente justificada, las cuales deberán darse a conocer a las personas usuarias”, pero agregaron “salvo en los casos establecidos en el marco jurídico correspondiente”.
Esto último es con lo que los sandinistas pretenden alegar que los bancos, financieras y demás empresas del sector pueden cerrar las cuentas de los clientes en base a las normas del lavado de dinero, sin embargo sigue siendo insuficiente porque les anulan la libertad empresarial para tomar la decisión cuando respondan a que un nicaragüense o empresa ligada a la dictadura es sancionada por gobiernos extranjeros.
En el documento lo que resaltó fue la versión del orteguista de que buscan como asegurar los derechos humanos de los usuarios, a pesar de que es el régimen el que a diario viola las libertades de los nicaragüenses.
El sancionado diputado Gutiérrez alegó que “la libertad de empresa no es irrestricta”, sino que “la Constitución limita su pleno ejercicio a los motivos sociales o de interés nacional”. Pese a que se violarían las normas sobre el lavado de dinero,
“Desde ningún punto de vista se pretende poner obstáculos al deber” de las empresas de cumplir con las normas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, según Gutiérrez.
“Se deja a salvo la obligación de confidencialidad, aplicación de la debida diligencia de conocimiento y otras medidas que deben cumplir los proveedores de bienes y servicios en los casos que el marco jurídico establezca”, reza la justificación del dictamen que avala la reforma.
Reforma a Ley 842 perjudicaría a las Empresas y Familias nicaragüenses.
Lea el comunicado completo: https://t.co/veaKINvUf9 pic.twitter.com/Wfnz5rNAMm
— AmCham Nicaragua (@AmChamNicaragua) February 1, 2021
La Cámara de Comercio Americano de Nicaragua (Amcham) se pronunció en contra de la iniciativa de modificación de la Ley de los Consumidores, porque “va en contra del principio constitucional de libre empresa y libre contratación entre los actores económicos del país”.
Amcham en su comunicado señaló que de aprobarse la medida, se afectaría “directamente la importación y exportación de productos y servicios de parte de la pequeña, mediana y grande empresa ya que las leyes locales del país estarían en conflicto con las normas financieras internacionales que permiten el comercio y flujo de dinero a nivel mundial”.
Amenaza sustento de quienes depende de remesas
Los empresas de inversión estadounidense compartieron la advertencia hecha por los banqueros, en que la dictadura “pone en riesgo directo la posibilidad de que un nicaragüense pueda recibir una remesa familiar, siendo este una de las principales fuentes de ingresos para cienes de miles de nicaragüenses”.
Hasta noviembre pasado, Nicaragua había recibido 1,660.5 millones de dólares en remesas, siendo un aumento del 9.5 por ciento respecto al mismo período del 2019, según registros del Banco Central de Nicaragua (BCN). Las remesas que envían residentes en el extranjero a sus familias nicaragüenses son uno de los principales pilares de la economía, sobre todo en los tres años de recesión que enfrenta el país debido a la crisis social, política y por la pandemia del Covid-19.
Amcham pidió a los legisladores valoren las afectaciones económicas y sociales que causará la reforma a la norma de los consumidores, tomando con seriedad que se ” incrementaría considerablemente el riesgo país, lo cual haría aún más difícil promover la inversión local y extranjera y por ende la generación de más empleo y progreso social”.