El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) reiteró al régimen Ortega Murillo el llamado a iniciar un proceso de reformas electorales que permitan la realización de elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas. Además de revertir todas las medidas económicas que generan inestabilidad e inseguridad empresarial en el país.
A través de un comunicado emitido este lunes 1 de febrero, el Cosep señaló que la dictadura está a tiempo de recapacitar e insistió que es indispensable cumplir con los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019, firmados entre representantes del régimen y la oposición en el marco del Diálogo Nacional. En estas negociaciones se acordó la liberación de todos los presos políticos y restablecer los derechos y las garantías constitucionales de todos los nicaragüenses.
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«Es impostergable, y así lo debemos demandar todos, que el Gobierno inicie a trabajar en función de los intereses de todos los nicaragüenses, y no los de su partido. Nicaragua es de todos y como tal, tenemos derecho a una sociedad donde impere la democracia, la justicia, el respeto de los derechos humanos y podamos trabajar unidos en generar bienestar y desarrollo para todos. Indican que el Gobierno debe comprender que los nicaragüenses y la comunidad internacional no aceptaremos que Nicaragua vuelva otra vez a destruirse. Debe comprender que estamos en presencia de una nueva oportunidad histórica y que si no la aprovechamos, estaremos condenando nuevamente a la confrontación, la pobreza y el atraso a nuestro país», advierten.
Los intereses del régimen sobre los de la nación
El Cosep también recordó que la crisis provocada por las violaciones de derechos humanos denunciada y documentada por los organismos nacionales e internacionales especializados y la destrucción del Estado democrático de derecho por la instauración de un estado policial que restringe derechos fundamentales básicos, ha generado una crisis política, social y económica que se ha prolongado por casi tres años y se ha agravado más por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del nuevo coronavirus.
«El impacto negativo en las condiciones de vida de la población, en la institucionalidad democrática y la salud de los nicaragüenses, exigía que el gobierno asumiera y mostrara voluntad política para convocar a la nación a trabajar unidos en una solución cívica, pacífica y democrática, bajo la premisa que gobierna para todos los nicaragüenses y su prioridad debería ser la estabilidad y la cohesión social del país», manifiesta el comunicado.
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Sin embargo, contrario a los intereses nacionales, el régimen solamente ha mostrado interés exclusivo en privilegiar los intereses de su partido a través de la instrumentalización inconstitucional del Estado. «La sociedad nicaragüense y la comunidad internacional somos testigos como en la agenda del gobierno y sus funcionarios lo que prima son la aprobación de leyes, decretos, normativas y acciones destinadas a consolidar un Estado policial que tiene como función amenazar, reprimir y sancionar para eliminar toda eventual competencia electoral que le pueda disputar el poder», expresan.
Señalan que en su agenda lo que prevalece es la construcción de un Estado interventor y recaudador que no garantiza la libertad de empresa y la seguridad jurídica que se requiere para trabajar por la recuperación económica urgente que el país requiere. «El Estado y sus funcionarios, observamos contrario a toda lógica y visión de país, están dedicados a desmotivar la inversión, desestimular la creación de empresas y obstaculizar la generación de empleos en detrimento de las familias nicaragüenses», lamentan.
