El próximo 20 de enero llegará a su fin la era de Donald Trump, cuando se espera que el presidente electo Joe Biden asuma las riendas de Estados Unidos y con ello también la diplomacia del gigante, que en los últimos años ha tenido a Nicaragua como prioridad en América Latina en materia de democracia. Eso se refleja con la batería de sanciones contra personeros del régimen orteguista, que superaba los 25 hasta diciembre del año pasado.
Además del Gobierno, la principal duda que se despejará en los primeros meses de mandato de Biden es si su Administración mantendrá la misma presión contra la dictadura de Ortega, aunque analistas anticipan que el apoyo a la lucha cívica se mantendrá en Nicaragua, difieren al momento de visualizar si la presión se mantendrá, disminuirá o aumentará. ¿Se verán las mismas baterías de sanciones? En eso no hay consenso, por ejemplo.
El especialista en Relaciones Internacionales, Ricardo de León Borge, explica que aunque Estados Unidos ha mantenido y mantendrá su apoyo a la lucha cívica de Nicaragua, se debe tener en cuenta que el tema de la situación del país no es una de sus prioridades principales.
“La política exterior estadounidense tiene como una de las menos considerables situaciones complicadas a Nicaragua y en general a Centroamérica. Somos una ínfima parte de las estrategias internacionales y de su política exterior”, dijo De León.
Pero aclara que Estados Unidos es “un país que mantiene una política exterior que va más allá de la persona y partido político que gobierna. Las líneas de acción se mantienen en el tiempo como una cuestión de interés y seguridad nacional estadounidense. Nicaragua no debe esperar grandes cambios, mucho menos pensar que hay un cambio en la diplomacia y sanciones”.
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El director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, dijo que no se debe olvidar que los problemas en Nicaragua van más allá de la política, porque actualmente se vive un estado represivo y de constante violación a los derechos humanos en general, por lo tanto esta debería ser una razón suficiente para que Estados Unidos siga teniendo el tema de la situación de Nicaragua en agenda.
“Creo que el centro del tema tiene que ver con la violación de los derechos humanos, y la violación de los derechos constitucionales, entonces mientras aquí se sigan violentando estos derechos y no haya justicia, la política, en mi opinión, va a ser muy similar a la que ha venido teniendo la actual Administración”, considera Chamorro.
Por su parte el excanciller Norman Caldera cree que por la postura bipartidista del Congreso de Estados Unidos no cambiará su accionar contra el régimen de Ortega, sin embargo considera que “la administración Biden podría regresar a las posiciones de Obama, aflojando en Cuba y buscando un diálogo en Nicaragua, con la política de la zanahoria y el palo, poniendo más y más duras sanciones, pero también buscando reacciones positivas”.
¿El futuro de la Nica Act?
Y pese a que en los últimos meses del 2020 el régimen de Daniel Ortega consiguió recursos por parte de los organismos multilaterales, eso no significa, a criterio de especialistas, que la Nica Act, que obliga a cualquier gobierno de turno en Estados Unidos a vetar las solicitudes de préstamos de Ortega, haya quedado infuncional.
“La Nica Act se mantiene a pesar del gobierno de turno, es una ley aprobada en el Senado”, recuerda De León. “Es un marco legal que está dentro de las herramientas de presión de los americanos y en particular del Legislativo, muchos de los promotores de esa ley están todavía en sus funciones, entonces va a haber presión para que esta ley se implemente”, agregó Chamorro.
“Creo que las presiones aumentarán en el corto plazo para forzar negociaciones y luego vendrán estas negociaciones (sobre reformas electorales y liberación de más de 100 presas y presos políticos). Ojalá que estas se den más temprano que tarde”, dijo el excanciller Caldera.
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Pero De León considera que “se mantendrá el mismo nivel de presión. No hay que esperar muchos cambios drásticos. Nicaragua es una nación que no tiene mayor trascendencia en la política interna y externa de los Estados Unidos”.
Hasta el Cafta corre riesgo
Para el director de la Alianza Cívica, sería especular decir si habrá o no más sanciones para la dictadura, “pero lo importante también es que el 2021 es año de elecciones según la Constitución y si aquí se quiere armar un fraude electoral o se quiere ir a un proceso que no cumpla con los estándares internacionales, podríamos tener el riesgo de que se aplique la política más radical que sería la eliminación de Nicaragua del Cafta (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos), ese es un riesgo que yo veo bien latente”.
Estados Unidos hasta ahora está presionando por reformas electorales en Nicaragua, la liberación de presas y presos políticos, y la restitución de los derechos y garantías constitucionales.
