En el mismo momento que los diputados de Daniel Ortega aprobaban “a mata caballo” la ley para suprimir los derechos políticos de todos los nicaragüenses que “demanden, exalten y aplaudan” las sanciones internacionales contra operadores represivos y funcionarios corruptos de Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) informó que ha sancionado a tres más de esos sujetos de nombres y trayectorias ampliamente reconocidos.
El objetivo principal de la nueva ley represiva de Ortega es impedir que los líderes de los movimientos políticos democráticos que surgieron de los épicos y heroicos sucesos de abril de 2018, puedan ejercer su derecho de presentarse a las elecciones de noviembre del año próximo para optar al ejercicio de cualquier cargo de elección popular.
El experto constitucionalista Gabriel Álvarez la calificó como “una aberración total”. Aberración, en el sentido jurídico, es un “error del entendimiento, equivocación, extravío, falso concepto que se tiene de algo o alguien”; en tanto que aberrante es lo “anormal, desusado, absurda excepción”, según se indica en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. De manera que en este caso estamos hablando de una aberración política al mismo tiempo que de una ley aberrante de la dictadura orteguista.
Pero precisamente por ser una aberración esta ley que pretende cercenar los derechos políticos de miles de ciudadanos nicaragüenses, choca total y frontalmente con la Constitución Política de la República y con la Ley Electoral, según explicó el constitucionalista Álvarez. Por lo tanto carece absolutamente de validez y legitimidad de manera que los ciudadanos no están obligados a acatarla.
Daniel Ortega anunció personalmente esa ley aberrante en un discurso que pronunció el viernes 18 de diciembre ante sus policías represores. En esa ocasión lamentó que a los dirigentes opositores no los pueda expulsar del país (lo mismo que el 15 de septiembre pasado deploró que no pueda castigarlos con la pena de muerte), de modo que se contenta con sentenciarlos a la pérdida de “los derechos de optar a cargos públicos cuando vienen elecciones en este país”.
Ortega se siente amo y señor de Nicaragua. Cree que su voluntad y sus caprichos están sobre la Constitución, la Ley Electoral y los convenios internacionales sobre derechos humanos y civiles, de los cuales es parte el Estado de Nicaragua y el gobierno tiene obligación de cumplir. Y en caso contrario, exponerse a sufrir más sanciones externas, las que tanto lo molestan y clama porque se las quiten y no le impongan más, pero sin comprometerse a respetar los derechos de los nicaragüenses y la ley internacional.
Sin embargo, las amenazas y la ley discriminatoria de Ortega no acobardan a los dirigentes de la oposición. Varios de ellos, como Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Miguel Mora, dijeron claramente que no se van a someter a la nueva ley de odio de Ortega. Aseguran que seguirán organizándose para participar en las elecciones y presentarán sus candidaturas correspondientes, si así lo desean, porque esto es un derecho inalienable al que nadie puede ni debe ser obligado a renunciar.
