Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, recursos por inconstitucionalidad de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, llamada “Ley Putin” porque es copiada de una ley represiva similar de Rusia.
El propósito de esta ley es impedir que las organizaciones de la sociedad civil reciban fondos del exterior para sostener sus actividades de servicio social y de caridad, promoción de la democracia y defensa de los derechos humanos.
La “Ley Putin” fue aprobada el 15 de octubre y entró en vigencia el 19 del mismo mes, cuando se publicó en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua. A partir de esa fecha todas las ONG y personas jurídicas o particulares que reciban fondos del exterior, tienen un plazo de 60 días para inscribirse ante el Ministerio de Gobernación como “agentes extranjeros”, registrar a sus donantes y justificar el uso de los fondos que reciben. Pero igualmente, a partir de su entrada en vigencia los ciudadanos tenían 60 días para recurrir por inconstitucionalidad de la ley, de acuerdo con el artículo 67 de la irónicamente titulada “Ley de Justicia Constitucional”, dictada por la misma dictadura en diciembre de 2018.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que trabaja en la promoción de la libertad de prensa y el acceso a la información pública, presentó su recurso este jueves 17 de diciembre, demostrando que viola más de 14 artículos de la Constitución que protegen derechos humanos individuales y sociales. Esta ley no solo afecta a la FVBCH, declaró su directora ejecutiva, Cristiana Chamorro Barrios. Afecta, dijo, a todas las organizaciones que trabajan por los derechos civiles y las libertades públicas, y a las que trabajan por la caridad llevando comida al pueblo y por los servicios comunitarios.
En su escalada de represión total la dictadura está yendo a fondo y “con todo” contra las organizaciones independientes de la sociedad civil, igual que contra los movimientos políticos de oposición y cualquier muestra de resistencia cívica, institucional y pacífica.
La sociedad civil organizada es imprescindible para la democracia. Es el ámbito donde los ciudadanos expresan de manera permanente y directa sus legítimos intereses y trabajan por el bien común. La sociedad civil organizada permite que las personas se hagan oír, pero además que puedan participar en la vida pública no solo votando cada tantos años, sino también involucrándose directamente en la búsqueda de soluciones para sus problemas particulares y generales.
No es por casualidad que en los países democráticos hay muchas más organizaciones de la sociedad civil, y son libres, mientras que en las sociedades dominadas por regímenes dictatoriales son menos y sufren acoso. Los dictadores son alérgicos a la democracia y, por lo tanto, a la sociedad civil organizada en ONG independientes. Por eso tratan de cerrarles los espacios y en última instancia disolverlas mediante leyes represivas y el garrote policial.
