El próximo gobierno de EE. UU., que será presidido por el demócrata Joe Biden, tendrá que encarar el problema de la dictadura de Nicaragua. Seguramente este tema no formará parte de sus primeras prioridades, pero tampoco podrá eludirlo.
Además, en este caso se puede decir que el gobierno saliente de Trump deja la mesa servida al próximo presidente Biden, en lo que se refiere a las decisiones que ya se están ejecutando. Ante todo Trump deja a Biden las leyes vigentes Global Magnitsky y Nica Act, que ya se han aplicado a una buena cantidad de operadores represivos y personajes corruptos de la dictadura orteguista.
Que el nuevo gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) debe de seguir presionando al dictador Daniel Ortega, lo ha dejado bastante claro el todavía actuante subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, en las declaraciones que dio el miércoles de esta semana a varios medios de comunicación.
El subsecretario Kozak se refirió a la importancia de mantener la presión al régimen de Daniel Ortega por parte de EE. UU. y otros países democráticos, así como de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), para que las elecciones de noviembre del próximo año sean justas y legítimas. El alto funcionario estadounidense aseguró que en primer lugar Ortega debe liberar a todos los presos políticos, y además cumplir la Resolución de la Asamblea General de la OEA, que en octubre pasado puso plazo hasta el 20 de mayo de 2021 para que en Nicaragua se hagan las reformas electorales que garanticen comicios competitivos y transparentes.
Unos días antes, diez senadores de EE. UU. (seis del Partido Demócrata y cuatro del Partido Republicano) enviaron una carta al embajador estadounidense en Managua, pidiéndole “aprovechar” todas las “herramientas diplomáticas” que tenga a su disposición, para garantizar la seguridad de los líderes políticos democráticos, de la sociedad civil y de los periodistas independientes, que son las víctimas frecuentes de las acciones represivas de la dictadura. Los senadores de los dos partidos gobernantes de EE. UU. dijeron también en su carta: “Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense. La libertad de prensa y la libertad de expresión son parte integral de la preservación de la democracia, y hacemos un llamado al gobierno de Ortega para que respete los ideales democráticos y los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses”.
Menos de dos semanas atrás, dos prominentes exlíderes congresionales del Partido Demócrata, David E. Bonior y Michael D. Barnes —quienes en los años ochenta impidieron la aprobación de fondos de EE. UU. para apoyar la guerra contra el régimen sandinista, y propugnaron la solución pacífica y democrática del conflicto bélico y político—, pidieron a Biden que mantenga las presiones a Ortega hasta que garantice la celebración de elecciones justas y limpias en noviembre de 2021.
Ortega tenía la esperanza de que Biden le quitaría o aflojaría la presión, pero al parecer ya se ha desencantado. Por eso ha renovado en los últimos días su anacrónico discurso agresivo y ofensivo contra EE. UU., sin hacer distinción de gobierno republicano o demócrata.
