Centroamérica se encuentra es una zona de alta vulnerabilidad al paso de tormentas tropicales y huracanes. En los últimos 30 años la cuenca de Nicaragua ha sufrido el embate de 16 huracanes, los cuales han dejado pérdidas humanas y graves afectaciones económicas, en el segundo país más pobre de América. Entre los más recientes están el Juana en 1988 y el Mitch en 1998, que impactó en categoría 5, siendo el más letal en pérdidas humanas y daños económicos. Más de 3,800 nicaragüenses perdieron la vida, 2,000 de ellas a consecuencia del deslave del volcán Casita en el municipio de Posoltega, departamento de Chinandega, donde quedaron varias comunidades enterradas, bajo más de dos metros de barro.
Posteriormente, el huracán Beta en 2005 impactó en categoría 5 y de igual categoría el huracán Félix, el 4 de septiembre del 2007, que dejó más de 102 muertos, 130 desaparecidos y más de 220 mil damnificados.
Eta y el Iota, los más recientes, impactaron el territorio en medio de una grave crisis sociopolítica, económica, y pandémica, poniendo al descubierto la incapacidad del régimen de Daniel Ortega para gestionar estas emergencias de desastres naturales. Los fenómenos meteorológicos dejaron graves afectaciones económicas aún no cuantificadas, dejando totalmente incomunicadas a muchas comunidades, sin agua potable, energía eléctrica, así como el desborde de ríos, por los daños a la infraestructura vial.
La incapacidad de respuesta ante los huracanes que golpean nuestros territorios con más frecuencia desnudan una cruda realidad, de un gobierno que, además de haber sido sancionado por cometer crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, es todavía menos eficiente para dar respuesta a estas emergencias. El deterioro institucional del Estado se constituye en un factor adicional de vulnerabilidad, con un presupuesto nacional mermado y una capacidad de gestión internacional reducida. Quienes pagan los platos rotos son las comunidades damnificadas. Por esa razón resulta inverosímil que el régimen impida que la misma población nicaragüense trate de ayudar a los comunitarios de la Costa Caribe, y que se haya bloqueado los esfuerzos de la oposición política de colaborar.
Ciertamente, el abandono de la Costa Caribe no solo ha sido una política del actual régimen. Históricamente esta zona del país ha sido vulnerable, en gran parte por la desigualdad de oportunidades y la ausencia de inversión en infraestructura. Contrario a la realidad del Pacífico. Sorprendentemente para llegar a Bilwi, no hay un puente que conecte este municipio de la Costa Caribe con el Pacífico. No solo son barreras físicas, incluso parecieran ideológicas, que al final parecen dos mundos opuestos.
Todavía está fresca en la memoria de los nicaragüenses la espiral de corrupción que se dio luego del huracán Mitch, durante la administración del caudillo Arnoldo Alemán. Gracias a la libertad de prensa que existía en aquellos años, la opinión pública conoció los escándalos de corrupción de Alemán y sus funcionarios.
Eta y el Iota, una vez más, evidencian que en Nicaragua los gobiernos de turno han sido indiferentes a la necesidad de los caribeños.
La autora es estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Miembro de Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses.
