El director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), Juan Sebastián Chamorro, denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ser objeto de asedio, persecución y amenazas por parte de la dictadura Ortega-Murillo, la que a través de la Policía Orteguista (PO) le impide movilizarse libremente, al imponerle una «Managua por cárcel».
Por más de seis semanas Chamorro ha sido perseguido y asediado por una patrulla repleta de oficiales de la PO. El pasado 13 de noviembre se dirigía a una reunión, pero fue interceptado por los uniformados en el empalme de Nejapa, quienes le dijeron que no podía salir de Managua porque estaba siendo objeto de investigación, sin dar mayores detalles sobre el tipo de delito que persiguen.
«Puse la denuncia para documentar todo este tipo de atropello porque siento que el círculo de represión se está recrudeciendo. Ellos (Oacnudh) están preparando su próximo informe que incluye además un reporte del retroceso en materia de derechos humanos en Nicaragua. Este es un abuso más de la Policía porque, en primer lugar, si existe una investigación es mi derecho saber de qué se me acusa. La Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 26 dice que toda persona tiene derecho a conocer toda información que sobre ella hayan registrado entidades del Estado, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad se tiene esa información», afirmó Chamorro.
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Podrían inventar delitos
Abogados y defensores de derechos humanos han denunciado que la dictadura ha utilizado a la PO y al Ministerio Público (MP) para inventar procesos legales en contra de opositores. A inicios de las protestas contra el régimen en 2018, eran acusados de delitos como terrorismo, crimen organizado, entre otros, pero el repertorio de delitos inventados ya cambió y ahora son señalados de expender drogas o cometer robos o lesiones.
«No tengo temor a los riesgos que impliquen esta lucha, si tuviera miedo probablemente no estaría acá. Una forma de asedio directa comenzó el 21 de diciembre de 2018 cuando la Policía me citó porque tenía la portación vencida de unas escopetas. Obviamente el objetivo de ese evento era intimidarme y hacer que tal vez yo me fuera del país… es evidente que se está gestando una nueva forma de represión política: inventar investigaciones de supuestos delitos para inhabilitar o neutralizar a los opositores. Esta es una práctica vieja al mejor estilo cubano», ejemplificó.
En agosto de 2018, la CIDH otorgó medidas cautelares a Chamorro y otros opositores a la dictadura que participaron en la mesa del diálogo nacional, por encontrarse en una situación de riesgo por amenazas, intimidaciones, hostigamientos y represalias, sin embargo el régimen no ha respetado dicha solicitud.
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«No me callarán»
La primera ocasión en que no lo dejaron salir de Managua y que por la fuerza lo obligaron a regresar a su casa fue el pasado 25 de octubre, cuando junto con otros opositores se dirigían a reunirse con los simpatizantes de la ACJD en Masaya.
El denunciante no ha enfrentado ningún proceso judicial y no tiene ninguna medida restrictiva dictada por un juez. «Están equivocados Daniel Ortega y Rosario Murillo si creen que con su sistema policial y judicial corrupto van a callarme o doblegarme. Lejos de amedrentarme, cada vez que me retienen, me siguen o me acosan, sus abusos me reafirman que vamos por el camino correcto. Que el cambio es posible», advirtió Chamorro.
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«Cada vez que violan mis derechos también pienso en los exiliados, en los familiares de los asesinados y en los que han perdido su trabajo y hasta sus bienes y eso me da energías para seguir en esta lucha», finalizó.