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CONTENIDO EXCLUSIVO.Los ingresos provenientes de las inversiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ya no dan ni para cubrir un mes de la planilla de los trabajadores de la entidad. Los números proyectados por el Ministerio de Hacienda sobre las finanzas del instituto en el 2020 y 2021 confirman la debacle de los negocios de la entidad, una advertencia que ya había hecho el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que el régimen desoyó.
Según las proyecciones de Hacienda, se espera que este y el próximo año los ingresos provenientes de las inversiones caigan a mínimos históricos: 70.8 millones y 51.3 millones de córdobas.
Esos ingresos están lejos de los que el INSS llegaba a recibir en 2006 y 2018, los que oscilaron entre 378.5 millones de córdobas y 224.1 millones de córdobas, con lo que holgadamente se podía cubrir un mes de planilla de la entidad.
Por ejemplo, para el próximo año está planificado que el INSS gaste en promedio mensual 103.62 millones de córdobas, es decir más del doble de los 51 millones de córdobas que espera captar en todo un año en concepto de ingresos provenientes de las inversiones.
El raquítico ingreso por inversiones contrasta con los 1,393 millones de córdobas en el 2010, el mejor año registrado por el instituto desde que Daniel Ortega llegó al poder. El régimen orteguista recibió un instituto ganando 378.5 millones de córdobas por sus inversiones en el 2006.
Sin embargo, desde el 2017 las inversiones del INSS han venido aportando cada vez menos ingresos a las reservas del fondo de pensión de la entidad, lo que representa un golpe severo para una institución asfixiada por galopantes déficits financieros, que según economistas apuntan a niveles inmanejables.
El economista Róger Arteaga tilda esas proyecciones como “el principio del colapso financiero, ya anunciado por el Fondo Monetario”.
“No han tomado las medidas recomendadas tanto por el Fondo como por el resto de organismos financieros internacionales”, señaló Arteaga, quien indicó que más bien el régimen decidió convertir al instituto en caja chica, no solo para emplear a fanáticos del orteguismo sino también para financiar proyectos para allegados del FSLN y varios directivos del INSS.
En el reporte sobre la Consulta del Artículo IV de 2017, el FMI dijo: “Ha habido una inversión significativa en el desarrollo de bienes raíces que no parece estar conectada con la naturaleza de las operaciones del INSS ni con las del fondo de reserva”.
Hasta ese año—según el FMI—, al menos 141.3 millones de dólares han salido de las arcas del INSS para financiar construcción de edificios y viviendas a tasas de interés subsidiadas. Otros 149.5 millones de dólares fueron invertidos en participación accionaria en clínicas y hospitales para prestar atención a afiliados en busca —según el FMI— de reducir costos.
En el 2012, del total del fondo de inversiones, 93.7 millones de dólares estaban en participaciones accionarias, préstamos de construcción y fondo hipotecario, el restante en certificados de depósitos, ahorros y títulos. En el 2018 ese monto se había incrementado a 278.6 millones de dólares, lo que refleja la drástica transformación.
La cartera de inversión del INSS está distribuida en préstamos para proyectos, depósitos bancarios, compra de títulos valores del sector público, participaciones accionarias en empresas, entre otros.
“Pésima administración ha llevado al INSS a ese estado”
“Es una pésima administración lo que ha llevado al INSS a ese estado… no tienen un espíritu empresarial sino un espíritu de derroche de los ingresos públicos”, afirmó Arteaga.
Como una muestra de ese fracaso, Arteaga sugiere echar una mirada al “elefante blanco” que se levanta frente a la rotonda Rubén Darío o mejor conocido como Metrocentro. Se trata del edificio de apartamentos que se levanta en esa zona céntrica, cuyos locales no han podido ser vendidos y por tanto ahora se ofrecen en alquiler.
“Eso fue una estafa” con dinero de los cotizantes, asegura, recordando que en proyectos de este tipo también se vio involucrado un empresario agremiado en el Cosep, que nunca dio la cara y que al experimentar un fracaso con la inversión devolvió al INSS el proyecto.
“Entonces el INSS se volvió de banco de un proyecto fracasado a un cuidador de bienes adjudicados, esa no es la función del INSS”, enfatizó.
En los últimos diez años, LA PRENSA y otros medios de comunicación han destapado negocios oscuros que se han financiado con recursos de los cotizantes bajo la responsabilidad de la junta directiva del INSS, presidida por Roberto López, transacciones que han carecido de transparencia.
Según el Ministerio de Hacienda, en el 2019 por ingresos de inversiones al INSS le entraron solo 97 millones de córdobas, una cifra que sin embargo no se puede verificar con los reportes del instituto porque las autoridades descontinuaron la publicación del anuario, donde aparece el desglose.
Deben ser enjuiciados y tocar temas estructurales
Para Arteaga, una vez que se logre una transición democrática se debe investigar a los responsables de estos despilfarros, llevarlos ante la justicia y que devuelvan lo estafado al instituto.
Además se debe entrar en un proceso de subasta de todas esas inversiones que han fracasado y donde está invertido el dinero de los trabajadores y empresas, devolverlo a los fondos de reservas de pensiones.
El Fondo Monetario Internacional también había sugerido que se reglamentaran las inversiones para asegurar que estas se inviertan de manera correcta y se retorne a los niveles de réditos antes del desplome.
Arteaga recuerda que son los trabajadores, futuros pensionados y jubilados actuales los que pagan el costo de malos manejos del instituto, situación que puede empeorar debido al aumento rápido de jubilados por el proceso de envejecimiento de la población.
Un planteamiento que ya han hecho los economistas, quienes indican que la principal razón de la crisis del INSS es el rápido proceso de envejecimiento de la población y la pobre creación de empleos de calidad con bajos salarios, lo que crea desequilibrio en las finanzas de la entidad.
La situación empeora por la corrupción en la institución. Es decir que el INSS urge de reformas estructurales integrales y un ordenamiento de sus operaciones, que implique transparentar las inversiones.
“Con un cambio de gobierno hay que ver quiénes participaron, cómo subastar esas propiedades y ver qué se puede recuperar para poderle responder a los cotizantes y futuros jubilados”, insistió.
También se debe pedir asesoría internacional a los organismos financieros para estabilizar a la entidad y a su vez buscar donaciones para equilibrar las finanzas que den margen para hacer las reformas que se requieren.
Lea además: Régimen de Ortega revela otro desastre financiero en el INSS en 2020 y 2021
Los señalamientos de EE. UU.
El pasado 7 de noviembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al polémico Roberto José López, presidente ejecutivo del INSS, y en su argumento reveló la trama de corrupción dentro de la entidad.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el dinero de los contribuyentes se usa para transacciones engañosas “como la apropiación indebida de bienes públicos o la expropiación de bienes privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción vinculada con contratos públicos o sobornos”.
El INSS es “uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción y ha sido usado como caja negra por el Gobierno”.
“El INSS otorga préstamos por montos muy superiores al valor real y luego permite que los prestatarios incumplan los pagos y se liberen de la deuda entregando activos por un valor muy inferior al del préstamo”, dijo el Departamento de Estado.
