El abogado Santiago Duarte Castillo, defensor del preso político José Alcides Zeledón Urbina, de 56 años, denunció «un error a contraderecho» cometido por los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Matagalpa (TAM), quienes el pasado viernes 9 de octubre emitieron una sentencia a favor de su defendido, en la que ordenaban su libertad, pero esta fue revocada este lunes por «un supuesto error involuntario».
Duarte Castillo, incluso, fue notificado de la sentencia que dice: «Se revoca la sentencia recurrida (de primera instancia), en su lugar esta sala resuelve concédase el beneficio de suspensión de ejecución de la condena a favor del privado de libertad».
Sin embargo, este lunes el abogado se llevó una gran sorpresa cuando en el Sistema Nicarao de la Corte Suprema de Justicia observó que la habían revocado argumentando que: «Se deja constancia que por error involuntario se subió proyecto de sentencia borrador que no corresponde a mayoría de sala».
«Aquí lo que ocurrió es un error contra derecho. Es una clara violación a la ley. Lo que hizo el Tribunal de Apelaciones fue un papelazo o los hicieron hacer un papelazo, porque lo que se debió hacer es correr los riesgos de la sentencia emitida y no revocarla. Los magistrados están claros que Alcides debe estar en libertad, pero aquí vemos que la mano del régimen se metió y por eso revocaron la sentencia», criticó Duarte.
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Opositor a la dictadura
Según Duarte, Zeledón Urbina es un comerciante de Jinotega que no se metía en política. En el contexto de las protestas que iniciaron en abril del 2018 contra la dictadura en casi todo el país, Zeledón sintió temor que robaran en su negocio ya que simpatizantes del régimen habían amenazado con robar en los negocios ubicados en el mercado de Jinotega.
Ante esta situación, los opositores que se mantenían en los tranques le brindaron protección y como gratitud el ahora preso político los apoyó con comida. No obstante, el 16 de junio del 2018 la Policía Orteguista señaló a Zeledón Úbeda, Denis Hernandez, Alvaro Jesús Palacios Ortiz, Jeysi Junieth Lagos y a Francisco Daniel Espinoza Rivera de andar huyendo luego que supuestamente secuestraran a Clara López Dalmasio, de 31 años, en el tranque que resguardaban en el barrio Sandino, de Jinotega.
Los hombres, según la PO, le habrían robado a López, la desnudaron y torturaron “utilizando agujas para pincharle los dedos de sus pies y ambas piernas”. Además la habrían interrogado para obtener información de agentes policiales. La Policía Orteguista sostuvo que la drogaron, le rociaron gasolina “amenazando con quemarla viva”, le vendaron los ojos e intentaron asfixiarla con una bolsa plástica.
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Los opositores fueron vinculados a secuestro, asalto, tortura, asesinato frustrado y lesiones. No obstante, a pesar de los graves señalamientos Zeledón no fue acusado por esos delitos.
Víctimas lo perdonaron
Por los graves señalamientos que le hizo la PO, Zeledón decidió huir del país, pero regresó en noviembre del año pasado a ver cómo andaba su negocio, el cual quedó bajo la administración de sus hijas Joslym, Olga, Veralci e Hilda Zeledón Blandón. Según Duarte, su cliente pidió rendición de cuentas a sus parientes y esto generó una discusión.
Las hijas de Zeledón interpusieron una denuncia en contra de su padre por el delito de intimidación o amenazas contra la mujer y él fue capturado el 19 de noviembre de 2019 por la PO. Fue condenado a una pena de dos años de cárcel en el juicio de primera instancia.
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«Ellas (las hijas de Zeledón) han venido insistiendo en primera instancia, en el Tribunal de Apelaciones, incluso un día antes de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones recibió escritos de ellas pidiendo reiteradamente que ordenaran la libertad del papá. Esos delitos son menos graves y los delitos ameritan la suspensión de la pena en el acto de la sentencia. Eso se les ha pedido reiteradamente a los jueces y nunca lo han querido conceder, incluso con la petición de las propias víctimas de por medio. No la quieren conceder porque esta es una especie de venganza política», cuestionó Duarte.
Por tratarse de un delito leve que podía resolverse con una mediación entre las partes involucradas, no admite el recursos de casación, por lo que ahora el preso político continúa a voluntad y capricho de los operadores de la dictadura.
