Los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Juigalpa (TAJ), excepto uno, confirmaron la sentencia condenatoria de primera instancia en contra del excarcelado político Ulises Josué Rivas Pérez, de 32 años, quien enfrentó el proceso de apelación bajo la medida cautelar de convivencia familiar.
Rivas Pérez, quien es activista de grupos de la diversidad sexual y ambientalista, en la primera instancia judicial fue declarado culpable por el delito de robo agravado en perjuicio de cuatro personas, a pesar que los testigos del Ministerio Público (MP) fueron notoriamente contradictorios, señaló el abogado Julio Montenegro, de la organización Defensores del Pueblo, gremio de abogados y activistas en pos de la defensa de los reos políticos. En ese proceso también lo acusaron por el delito de lesiones, pero fue absuelto de ese señalamiento.
«Los magistrados no tomaron en cuenta que la acusación fue posterior a los hechos que se denunciaron. Tampoco que la acusación de la Fiscalía ni siquiera individualiza las responsabilidades o participación de los acusados, además de las contradicciones entre los mismos testigos y las supuestas víctimas al momento de declarar en el juicio. Primero decían que Ulises los había amenazado con un cuchillo y luego dijeron que había sido con un chilillo, entre otras contradicciones», dijo Montenegro.
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Los hechos por los que acusan a Rivas Pérez ocurrieron hace dos años, cuando hubo un pleito donde estuvieron involucrados Rivas y un hermano suyo. En la riña se perdió un sombrero de las supuestas víctimas y ahora la justicia del régimen acusa únicamente al autoconvocado. La magistrada María Lidia Jaime Jarquín hizo uso del voto razonado, aduciendo que no fue demostrado el delito contra el condenado.
Convivencia familiar
El joven autoconvocado y defensor del medioambiente participó activamente en las protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega durante el 2018, por lo que tuvo que exiliarse en Costa Rica ante las amenazas de detención que había en su contra, a través de redes sociales. Además, según su abogado defensor, era trabajador de la Alcaldía liberal de Juigalpa.
Estuvo en el vecino país nueve meses y regresó en marzo de 2019 ante la gravedad de su papá, quien padecía cáncer y se rindió a la muerte en julio de ese mismo año. Pero el primero de septiembre fue secuestrado por la Policía Orteguista, a eso de las 11:00 de la mañana en el parque de Comalapa, Chontales. Ese día andaba con sus amistades y familiares en una actividad deportiva.
El opositor estuvo preso durante tres meses, pero fue liberado por la dictadura bajo el régimen de convivencia familiar junto a otros 90 reos de conciencia el 30 de diciembre del año pasado. No obstante, continúa enfrentando a la justicia orteguista.
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Medidas judiciales incoherentes debido al origen político de las acusaciones
En febrero de este año fue condenado por la juez orteguista Nella Gallardo, titular del Juzgado de Juicio de Chontales, a cuatro años de cárcel. Sin embargo, no lo regresaron a las celdas, a diferencia de otros reos políticos.
«¿Qué es lo que hacen los jueces?, cuando ellos ya confirman una sentencia o dicen que un acusado es responsable del delito, se supone que en ese momento lo que hacen es dictar la prisión preventiva, en vista que ya hay una condena y lo que corresponde es cumplir la pena en el Sistema Penitenciario, pero ¿qué han hecho los jueces en este caso y otros donde las personas han llevado procesos con medidas distintas?, al momento de pronunciarse sobre las medidas cautelares, ellos dicen que van a mantener las medidas que fueron dictadas por el Ministerio de Gobernación. Esto porque ya sabemos que son casos de origen político y las medidas que se dictan no son coherentes con los procesos penales», explicó el abogado Montenegro.
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El abogado dijo que solicitará una audiencia de casación ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que reviertan la sentencia de primera y segunda instancia judicial. Hasta el momento, esta última instancia del poder judicial no se ha pronunciado sobre recursos de casación interpuestos por los defensores de los reos políticos.
El pasado 28 de septiembre, el reo de conciencia Jaime Navarrete enfrentó la audiencia de casación y ahora está a la espera de la decisión de los magistrados de la CSJ. Este es el primer caso de un reo político que ha enfrentado dicho proceso.
