El rechazo internacional contra la Ley Especial de Ciberdelitos en Nicaragua aumenta después de que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y el organismo Derechos Digitales (DD), se pronunciaran en contra de dicha legislación argumentando que serviría de pauta para encarcelar periodistas y perseguir y controlar las redes sociales como espacio para la expresión ciudadana.
«En el caso del proyecto de ley especial de ciberdelitos, el primer factor a considerar es su lenguaje amplio y ambiguo, una de las herramientas más utilizadas en las normativas que buscan ser suficientemente flexibles para poder ser utilizadas posteriormente en la persecución del ejercicio del disenso», señaló DD a través de un comunicado emitido este viernes.
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El organismo latinoamericano, con sede en Chile, también señaló que el Estado nicaragüense debe garantizar que cualquier proceso legislativo que busque establecer legislaciones en materia de ciberdelitos «sea abierto a la participación de la sociedad civil mediante procesos que garanticen su involucramiento libre y vinculante» para que dichas normas respondan a la protección de la seguridad de los ciudadanos en su utilización de tecnologías informáticas.
No obstante, pese a que el régimen de Daniel Ortega ha mencionado que esta iniciativa tendrá un proceso de consultas con sectores amplios de la sociedad, este solamente ha vetado gremios periodísticos independientes, sector privado y organizaciones de derechos humanos locales para que expongan sus puntos de vista ante dicha iniciativa como también lo hicieron con la Ley de Agentes Extranjeros.
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Derechos Digitales destacó el interés del régimen por promover legislaciones en materia de ciberdelitos ya que «presenta un reto importante para el futuro de la participación democrática y el ejercicio de derechos en el país, ante un aparato Estatal que activamente ha buscado amedrentar a grupos y personas que integran los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes».
CPJ llama al régimen a abandonar propuesta
Por su parte, el CPJ emitió un comunicado el jueves en el que manifestó que el régimen debería «abandonar la propuesta de ley sobre delitos cibernéticos que correría el riesgo de encarcelar a periodistas por su trabajo y garantizar que las leyes no restrinjan a la prensa».
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La misiva del CPJ, emitida el mismo día en que el Foro de Prensa Independiente rechazara dicha iniciativa de ley, también señala la ambiguedad del proyecto de ley por considerar que «deja un amplio espacio para que las autoridades criminalicen a los medios y periodistas independientes simplemente por hacer su trabajo».
Natalie Southwick, Coordinadora del Programa de Centro y Sudamérica del CPJ, en Nueva York, reiteró que los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el orteguismo, deben rechazar esta propuesta.
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“Los legisladores nicaragüenses deberían rechazar este proyecto de ley de delitos informáticos mal redactado y asegurarse de que cualquier legislación futura dirigida a combatir el delito no restrinja la libertad de prensa o el acceso a la información”, dijo South wick.
La CPJ informó que ante su preocupación por el establecimiento de la Ley de Ciberdelitos, enviaron un correo electrónico a Gustavo Porras, presidente del Parlamento y sancionado por los Estados Unidos, y a Edwin Castro, presidente de la bancada sandinista en la Asamblea, para abordarlos sobre la iniciativa de ley, pero estos «no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por el CPJ».
