Los diputados orteguistas en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional se negaron a que cuatro organizaciones entre defensores de los derechos humanos, el sector privado y el gremio de periodistas independientes fuesen invitadas a exponer sus puntos de vista sobre la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como «Ley Putin».
El diputado liberal Walter Espinoza solicitó por escrito que se permitieran a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y al director de prensa del Canal 10, Mauricio Madrigal en representación de los medios independientes.
Sin embargo, se les cerró la puerta a pesar de que el orteguista Wálmaro Gutiérrez, aseguró el pasado martes 29 de octubre, que estaban abiertos a recibir a cualquier organización de la sociedad civil a participar en la consulta al anteproyecto de la «Ley Putin», con la cual el régimen busca establecer un sistema de espionaje financiero a personas y asociaciones, empresas, movimientos y empresas.
«Textualmente el diputado Gutiérrez dijo que mientras él sea presidente de esta Comisión de Producción, Economía y Presupuesto no va a permitir que esta comisión sirva de plataforma de show político mediático. Y los sandinistas lo apoyaron diciendo que a quienes propuse eran organizaciones ‘golpistas», aseguró Espinoza, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
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Aunque la solicitud de Espinoza fue sometida a votación, se rechazó con el voto de los 11 orteguistas, de los 14 legisladores que en total integran el órgano parlamentario. Dos de los miembros son del PLC y uno del Partido Liberal Independiente (PLI), que apoya las decisiones del régimen.
¿Harán modificaciones?
La «Ley Putin» obligará a las organizaciones, sociedades, fundaciones, empresas y personas naturales que reciban financiamiento o un salario de gobiernos y agencias extranjeras deberán inscribirse como «agentes extranjeros» en el Ministerio de Gobernación, donde deberán reportar el monto económico y uso recibidos.
Ese control lo busca el régimen con el supuesto objetivo de prevenir y combatir «delitos contra la seguridad del Estado». Diversos sectores de la sociedad han rechazado la iniciativa porque pretende confiscar e impedir que movimientos opositores tengan respaldo financiero como de participar en las elecciones, porque la Ley inhibirá al «agente extranjero» de ser candidato a un cargo de elección popular.
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Para el diputado Gutiérrez «se ha tratado de satanizar» la iniciativa. «No es ilegal representar como agentes extranjeros a este tipo de entidades»(organizaciones y gobiernos externos), pero otra cosa es que actuando y recibiendo recursos del extranjero desarrollen actividades que se riñan contra la Constitución», dijo al final de la consulta.
Gutiérrez se negó a reaccionar a la decisión del Parlamento Europeo que el próximo 8 de octubre discutirá y posiblemente apruebe sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en respuesta al reforzamiento del sistema totalitario mediante la «Ley Putin», la Ley especial de Ciberdelitos y la instauración de la cadena perpetua por «crímenes de odio». El Parlamento Europeo incluso revisará la participación de Nicaragua en el Acuerdo de Asociación (AdA), que existe entre Centroamérica y la Unión Europea.
La diputada del PLC, Azucena Castillo, dijo que «al menos dejaron una pequeña rendija» para hacer algunas modificaciones al texto del anteproyecto de Ley, pero solo en el tema de precisar que quedarán exentos de las nuevas regulaciones a los organismos multilaterales y donantes, así como los inversionistas que se beneficien de los tratados comerciales suscritos por Nicaragua.
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Solo entidades públicas fueron escuchadas sobre el anteproyecto de Ley. Ministerio de Gobernación, Cancillería, el Ministerio de Comercio, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Banco Central de Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y la Superitendencia de Bancos y Otras Instituciones (Siboif), quienes como se esperaba la respaldaron.
Este jueves 1 de octubre finalizó el proceso de consulta de la «Ley Putin» en la Comisión Económica, quien la próxima semana entregaría el dictamen para que el plenario del Legislativo la apruebe a más tardar el 13 de octubre.
