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Desde que las instalaciones de LA PRENSA fueron tomadas y nuestro gerente general, Juan Lorenzo Holmann, fue detenido. ¡LA DICTADURA NO PUEDE OCULTAR LA VERDAD!
Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima. LA PRENSA/Cortesía

Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima. LA PRENSA/Cortesía

Justicia orteguista dicta pena mínima para periodista Kalúa Salazar

La judicial imputó una pena de 120 días multas, equivalentes a la cantidad de 7,684.58 córdobas, es decir, unos 220 dólares.

Este martes, 29 de septiembre, la jueza orteguista Deyanira Traña, del Juzgado Penal Local de Bluefields dictó sentencia de pena mínima en contra de la periodista y jefa de prensa de radio La Costeñísima, Kalúa Salazar, quien en días pasados fue declarada culpable por el delito de «calumnia» en perjuicio de tres extrabajadoras de la Alcaldía de El Rama. La judicial imputó una pena de 120 días multas, equivalentes a la cantidad de 7,684.58 córdobas, es decir, unos 220 dólares.

«Es algo injusto, mi abogado dijo que no se pudo determinar el delito cometido por mí en este caso. Para mí es algo injusto considerando también que la economía para los colaboradores de radio y comunicación se ha visto bastante afectada por el tema de la censura de las publicidades o por el mismo miedo de las empresas que antes pautaban en los medios de comunicación. Aunque haya sido pena mínima, a ellos no les interesa el dinero, lo que les interesa es declararme culpable de un hecho que como medio de comunicación no hemos cometido en ninguna persona», señaló Salazar a LA PRENSA.

Apelarán la sentencia 

El abogado Boanerges Fornos, defensor legal de Kalúa Salazar, señaló que pese a la sentencia dictada estarán recurriendo al recurso de apelación, dado a que durante el proceso judicial no se logró demostrar que la comunicadora haya cometido un delito. El origen de este proceso fue por una pieza radial publicada por Salazar en La Costeñísima, en la que se denuncian casos de corrupción en la comuna de El Rama.

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«Nosotros vamos a promover un recurso de apelación de sentencia, tenemos hasta el viernes para presentarlo, para buscar como cómo se revoque, aunque la sentencia haya sido la mínima creemos que no debió haber sido declarada culpable por el delito», manifestó el abogado defensor.

Sentencia dictada por la judicial de Bluefields. LA PRENSA/Cortesía
Sentencia dictada por la judicial de Bluefields. LA PRENSA/Cortesía

Dicha acusación fue interpuesta el pasado 11 de agosto por Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruiz y Cinia Griselda Centeno, trabajadoras de la Alcaldía de El Rama, y enviada al Juzgado Local Penal de Bluefields por el abogado defensor Denis José Báez Sevilla. El 19 de agosto Salazar fue sentada en el banquillo de los acusados, después que la judicial admitiera la acusación presentada por el Ministerio Público, pese a que no reunía los requisitos para elevarse a juicio, según señaló en ese momento el abogado defensor.

«No nos especificaron cuándo tenemos que pagar esa multa porque todavía estamos en el proceso de apelación, porque el fallo fue de culpabilidad y lo que el licenciado Fornos quiere es que no se dicte un fallo de culpabilidad contra mí», aseguró la comunicadora.

Dinero para el Estado 

El monto económico querellado por la judicial pasará directamente a las arcas del Estado, es decir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y no a las manos de los demandantes, que en este caso son los tres extrabajadores de la Alcaldía de El Rama. En días anteriores la abogada Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) explicó que una vez dictada la sentencia la jueza deberá facilitar a la demandada una cuenta bancaria de la CSJ donde realizará el pago de acuerdo a la sentencia dictada.

«En otras palabras los demandantes no van a tener ningún tipo de lucro por parte de la pena que se está imponiendo a nombre de ellos. Se establecen los días multas pero no son ellos los receptores de este dinero sino el Estado. Se deposita a la CSJ, la Judicial da las cuentas bancarias asignadas para estos pagos», refirió la penalista de la CPDH, quien afirmó que estos pagos «se pueden depositar en varias cuotas hasta que la persona pueda saldar la deuda», explicó Sequeira.

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La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) reiteró su preocupación ante la escalada de persecución por parte de la dictadura contra los periodistas y medios de comunicación. El organismo asegura que el régimen con este proceso judicial montado en contra de Kalúa Salazar se sienta un precedente y que el régimen estableció la judicialización como un nuevo método represivo «que intenta silenciar la labor informativa del periodismo independiente de Nicaragua».

Otros periodistas que actualmente tienen un caso abierto en los Juzgados son Elsa Espinoza, de la Comisión Ejecutiva de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), acusada por «amenazas», y los periodistas Davil Quintana y William Aragón por «injurias y calumnias». «Admiramos la valentía, entrega y compromiso de los periodistas independientes de Nicaragua, quienes se niegan a detener su valiosa labor de información a pesar de la represión estatal», reconoció la Fundación Violeta Barrios.

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