Con la promoción de leyes como la de Regulación de Agentes Extranjeros y la recolecta de firmas para respaldar reformas en torno al establecimiento de cadena perpetua por «crímenes de odio«, el régimen orteguista se aleja de buscar una salida a las crisis que enfrenta Nicaragua desde 2018, agravadas por la pandemia del coronavirus, considera el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, quien mostró su preocupación sobre estas iniciativas, y se refirió a la primera como un retorno a la década de los ochenta, de carácter totalitaria y confiscatoria.
Aunque Healy, quien está a cargo de la principal cúpula empresarial del país desde el 8 de septiembre, explicó que el equipo legal de Cosep trabaja en el análisis de ambas iniciativas y las acciones que podrían desarrollar frente a estas, para después emitir un pronunciamiento oficial y tener una radiografía de las mismas, expresó que es una ley “totalitaria, una ley que viene confiscatoria y es una ley que puede crear un caos gigantesco en este país, y por lo tanto, vamos a usar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder defendernos de este tipo de leyes”, dijo.
Este martes se conoció que el régimen orteguista, a través de sus diputados, que son mayoría en la Asamblea Nacional y que no suelen oponerse a los proyectos de ley que envía el Ejecutivo, introdujo la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que busca “poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua”, sin embargo, analistas de diferentes campos ven en la iniciativa un medio para el control, criminalización y espionaje financiero de quienes adversan a Daniel Ortega.
“Nos asustó a todititos”, dijo Healy en conferencia de prensa de este miércoles, al referirse a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. “Hicimos una investigación y prácticamente Cuba, sino me equivoco, es el único país en el mundo que tiene este tipo de ley. Entonces, nos preocupa que estamos regresando a los ochenta, como les dije anteriormente, es una ley totalmente arbitraria”, que viola derechos educativos, de vivienda, de la información, derechos humanos, políticos, sostuvo el líder gremial.
¿Quién es un agente extranjero, según el proyecto de ley? El concepto es amplio. «Persona natural o jurídica, nicaragüense o de otra nacionalidad, que dentro de Nicaragua percibe fondos, bienes o cualquier objeto de valor proveniente directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sean, que trabaje, recibe fondos o responde a organismos que pertenecen o son controlados, directa o indirectamente, por gobiernos o entidades extranjeras».
Las organizaciones que trabajan en temas educativos, de capacitaciones, de derechos humanos, las que apoyan las capacitaciones de fiscales relacionado al contexto electoral van a salir afectadas con esta ley, dijo Healy. Pero no solo estas, las empresas y cámaras también pueden ser golpeadas porque tienen programas de apoyo con otras organizaciones que trabajan con los más necesitados, y al fiscalizar el trabajo y sino se está de acuerdo con lo que se hace, se les puede abrir juicio a los representante de organizaciones, advirtió Healy.
El encargado de hacer cumplir todo lo estipulado en esta Ley es el Ministerio de Gobernación, duramente cuestionado en 2018 por defensores de derechos humanos, por su función afín al régimen orteguista. La Ley señala que el Migob deberá crear el Departamento de Registro de Agentes Extranjeros, una vez aprobada y en vigencia la Ley, en el que los entes deberán inscribirse y presentar informes sobre los fondos.
Cuando el Migob conozca de entes que actúan como agentes extranjeros, pero aún no se han registrado, se le notificará que lo haga, pero sí en cinco días hábiles ya notificada, sigue sin inscribirse, el Migob puede multar, cancelar la personalidad jurídica a las autoridades competentes, y todo esto, no intervendría en la posibilidad de enfrentar cargos por comisión de delitos contra la seguridad del Estado, reza la propuesta.
“Nos preocupa todo este tema porque no solo tenés el asedio y persecución con el tema de presos políticos y excarcelados que están siendo asediados, sino también tenés el problema que ahora tenés un yugo sobre el cuello con esta ley”. “Yo le hago un llamado al gobierno, a que verdaderamente sí quiere solucionar el problema de Nicaragua, si quiere que venga la inversión a este país, tenemos que parar este tipo de leyes, y este tipo de medidas y decisiones que están tomando que son totalmente erróneas”, expresó Healy.
IBI sigue afectando a las empresas
Estas iniciativas de ley surgen en un contexto en el que la economía se encamina a una depresión, es decir, la profundización de la crisis, y las empresas siguen denunciando violaciones arbitrarias en el cobro de impuestos por parte de las Alcaldías, como el del Impuesto de Bienes Inmuebles. Varios especialistas han llamado a esta recaudación fuera de ley una especie de terrorismo fiscal, que busca darle oxígeno a las limitadas finanzas del régimen.
Healy expresó este miércoles que la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin) ha tenido muchos problemas con el IBI. Señaló que no solamente es la Dirección General de Ingresos que interviene en el tema fiscal, sino «las alcaldías se están activando en temas de incremento, a veces duplican, triplican y hasta cuatro veces el valor del IBI, y hay un acoso a las mismas empresas (…)», expresó. Agrega que este acoso provocará el cierre de empresas, tanto nacionales como internacionales, lo que resultará en más desempleo para el país, que en los dos años y medio de crisis, ha dejado en la calle a más de 550 mil personas, expresó.
«Sí siguen acosando a las empresas, sí siguen quebrando empresas lo que vas a tener es más gente en las calles, más desesperanza entre los nicaragüenses» , dijo.
