La “Situación de personas nicaragüenses impedidas de retornar a su país”, fue ampliamente analizada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + junto a representantes de Amnistía Internacional y del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, a través de una transmisión en vivo en plataformas digitales.
Wendy Flores, defensora de derechos humanos del colectivo, señaló que entre los obstáculos que impiden el retorno de los nicaragüenses a su país se encuentra el pedirles la prueba del Covid-19. “También establecer multas de hasta $150 dólares, para quienes hayan ingresado o hayan salido de Nicaragua por puntos irregulares”, agregó.
Para muchos que lo han perdido todo en medio de la pandemia no es posible tener para pagar la prueba Covid y se ven forzados a usar las vías irregulares para regresar al país, que los exponen a ser víctimas de robo, violaciones y otros riesgos.
Flores comentó que la solicitud de la prueba Covid fue anterior a la normativa y esto violenta los derechos humanos y la constitución política del país.
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Karina Fonseca, del Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica, hizo referencia a tres puntos: Las implicaciones de las salidas de nicaragüenses en cuanto a su relación jurídica con Costa Rica; el segundo es el retroceso de las acciones de múltiples actores en el país para apoyar los procesos de inclusión local y el tercero se refiere a los escenarios vinculados a la post pandemia o pandemia prolongada.
“Debemos tener en cuenta cuáles posibles escenarios se pueden vislumbrar tanto en Costa Rica, como lo que pueda suceder Nicaragua, en momentos en que la convulsión social también puede agudizarse y generarse no solo desplazamiento forzados”, agregó Fonseca.
Carolina Jiménez, de Amnistía Internacional, recomienda continuar las denuncias de los casos a los diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos a fin de que tomen nota de la situación descrita en el presente informe y dirijan comunicaciones al Estado de Nicaragua, con el propósito de que se respeten los derechos humanos de los nicaragüenses.
“Cuando el Covid se vuelve una pandemia, una de las principales medidas que toman una buena parte de los países del mundo es el cierre parcial o completo de sus fronteras, esto es inédito al hacerse de manera simultánea y esto termina haciendo que se ponga nuevamente la lupa sobre el fenómeno migratorio”, indicó Jiménez.
Prueba de Covid inalcanzable
Remarcó que el fenómeno migratorio se había visto desde el derecho de salir del país, pero la pandemia ha llevado el enfoque al derecho a regresar al país de origen. “Retornar a tu país es un derecho humano, que el país de origen reciba a sus ciudadanos de vuelta, cuando ellos así lo deseen o así se vean obligados”, recordó.
“Cuando un estado impone requisitos que no son alcanzables, que no pueden cumplirse, efectivamente limita el ejercicio de ese derecho. Sin tener públicamente decretar la negación de la entrada, la imposición de un requisito que en ese contexto dado no puede ser cumplido, termina siendo una lesión efectiva para que las personas puedan ejercer sus derechos”, explicó Jiménez.
En el mes de julio el Colectivo constató las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de los nicaragüenses retenidos en la frontera de Peñas Blancas, como también de las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua. Esta situación está detallada un informe presentado recientemente.
Lea el informe aquí.
