Las personas que migran, que se refugian, que quedan varadas en las fronteras tienen derecho a ser recibidos por sus países de origen y a ser respetados en sus derechos humanos, esto con o sin pandemias. Este es uno de los temas abordados en el webinar “Movilidad humana en las Américas durante la pandemia de COVID-19”, organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el webinar participó Julissa Mantilla, Comisionada y Relatora para Migrantes, Asilo, Refugio y para Personas Mayores de la CIDH, quien señaló que existen 80 principios para migrantes y refugiados, que se basan en los derechos humanos de todas las personas, porque estos deben de respetarse “independientemente de su situación migratoria”.
“Los estados tienen la obligación de garantizar los derechos de todas las personas, aún cuando no sean nacionales de sus propios países. Cuando una persona ingresa a otro estado está bajo su jurisdicción. Los derechos humanos no se suspenden porque no pertenezca a la nacionalidad del estado al cual ha llegado o incluso porque todavía no tenga los papeles o los permisos de trabajo. Los derechos humanos son inherentes a las personas porque se basan en la dignidad humana y no depende de un pasaporte o un permiso de trabajo”, afirmó Mantilla.
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Durante el webinar se presentaron diferentes testimonios de migrantes y refugiados, quienes hicieron ver la difícil situación que atraviesan las personas en las fronteras o al llegar a un país con leyes y normas diferentes. Situación que se ha agravado con el Covid-19
La boliviana Mónica Quijua, estuvo durante diez días en la región de Huara, a dos horas de Bolivia. “Dentro de las personas que estábamos había personas críticas de salud. Cinco mujeres embarazadas, niños en nuestro campamento. No podían estar en esa situación, pasando frío. Ingresamos a Bolivia a una cuarentena de 14 días y dos mujeres presentaron riesgo de aborto. Yo sentí mucha indignación”, relató.
La situación de Venezuela ya era complicada antes de la pandemia y muchos venezolanos han salido del país pidiendo refugio. Uno de ellos es el trabajador de la salud, Jesús Gabriel Pérez.
“Llegué a Brasil pedí primeramente un refugio y me establecí con una residencia temporaria. Se vino una inmigración en 2017 y es increíble cómo Brasil nos acogió. Al principio era difícil porque éramos cientos de venezolanos los que entrábamos al país todos los días. Para un inmigrante es difícil llegar a un país y desconocer las leyes y las normas”, comentó Pérez.
Movilización interna también debe cuidar derechos humanos
Para Juana Toledo, de origen indígena maya del occidente de Guatemala, la migración a marcado su vida. Su esposo murió migrando a Estados Unidos y ella ha tenido que migrar dentro del territorio guatemalteco. Señala que para la comunidad indígena una de las razones para migrar es la construcción de megaproyectos en sus territorios.
“La gente emigra no porque le gusta, sino por pura necesidad. La alta tasa de pobreza y extrema pobreza, falta de oportunidades que hay en los pueblos se nota. Otra de las causas que hace que emigren es por la violencia, principalmente contra las mujeres”, detalló Toledo.
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Ivonne huyó de Guatemala porque los estaban extorsionando y solicitaron asilo político para entrar en Estados Unidos. “Estamos en la boca de los lobos donde nos secuestraron. Nos ha costado mucho ir a nuestras citas, a la corte con el juez”, relató.
Diego Beltrand, enviado especial del director general de la OIM, para la respuesta a refugiados inmigrantes de Venezuela, consideró que las medidas de restricciones de movilidad, de aislamiento en algunos casos son de cumplir para inmigrantes y refugiados y otros sectores vulnerables y el futuro después de la pandemia el futuro es incierto.
“Hay un marco de incertidumbre muy importante, cómo se va a reanudar la movilidad transfronteriza y al mismo tiempo facilitar y resguardar los derechos de migrantes y refugiados”, dijo Beltrand.
