En Nicaragua el uso público de la bandera azul y blanco sigue siendo visto como un delito para el régimen de Daniel Ortega y por eso quien la porte, la coloque en sus casas, vehículos o la comercialice podría ser perseguido y en el mejor de los casos sólo le será arrebatada. Lo peor podría ser ir a parar a la cárcel, ya sea por unas horas o al punto de enfrentar un proceso judicial, como si hubiera cometido un crimen.
Pero, ¿bajo qué lógica los ciudadanos que usan este símbolo patrio son criminalizados por el Estado? El sociólogo Cirilo Otero enumera tres aspectos determinantes para que sea consumado este atropello a los Derechos Humanos: es resultado del discurso de odio que mantiene Daniel Ortega y Rosario Murillo y que ha sido asimilado principalmente por el cuerpo policial, forma parte de su política de violación a los derechos constitucionales y por último que la estrategia es destruir los valores y símbolos patrios y que prevalezca la bandera rojinegra.
«Todo esto es grave pero no es extraño en la actitud de la dictadura porque ha mandado a matar a la gente, ha reprimido, ha violado 197 leyes del país en los 12 años que lleva. Creo que es una actitud consecuente a su torpe pensamiento invasivo en contra de la ciudadanía nicaragüense», analiza Otero.
El último caso que se hizo viral ocurrió el pasado martes en San Carlos, Río San Juan. En un video se observa cuando a la comerciante Tania González Solis un grupo de nueve policías le quitan las banderas que vendía en su establecimiento de esa localidad y acto seguido es cargada hasta la patrulla. «Aquí llevo la droga miren: banderas. Por vender banderas», dice la mujer ya desde la tina del vehículo, mientras agita con su mano izquierda un rollo de banderas de plástico.
Estuvo retenida durante cuatro horas en la delegación policial y pese a este episodio, luego que le permitieron irse a su casa aseguró a LA PRENSA que continuará con la venta de banderas «porque considero que no he cometido ningún delito y no tengo ningún temor y al final, si me van a llevar que me sigan llevando». A su esposo le expresaron que la detención se dio porque esas banderas estaban distorsionadas, por eso ella luego señalaría que Rosario Murillo es quien lo ha hecho, refiriéndose a la alteración en el escudo y otros símbolos en documentos oficiales.
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Antes, el abuso policial con respecto a la bandera ocurrió el 14 de junio de 2020 en León. Ese día falleció de Covid-19 el doctor Adán Alonso, conocido como «el doctor del pueblo». De camino al cementerio el féretro fue acompañado por una caravana de vehículos y varios llevaban la bandera de Nicaragua. En un momento un grupo de antimotines detuvo a uno y le arrebataron a un familiar del médico el símbolo patrio. Esto también quedó registrado en un video.
El 30 de agosto de 2019 el abuso policial se manifestó en una librería cuya ubicación no se revela en el video que se compartió en Twitter. Ese día un grupo de uniformados se hizo presente para decomisar todas las banderas de Nicaragua que estaban en venta en el lugar.
Siete meses antes, exactamente el 24 de enero de 2019, la Policía detuvo y trasladó a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, a Avil Ramírez Mayorga solo por ondear la bandera azul y blanco por el kilómetro 6.5 de la Carretera a Masaya. Horas más tarde fue puesto en libertad. ¿»Mi delito»? Alzar nuestra bandera en alto», sería parte de un tuit publicado por Ramírez Mayorga posteriormente.
Pero los episodios anteriores solo han sido los más viralizados en la redes sociales porque desde el estallido social de abril 2018, el régimen orteguista ha perseguido, golpeado y apresado a más personas que ondean públicamente o venden la bandera de Nicaragua. A juicio de Otero en paralelo a esta una muestra de autoritarismo e irrespeto a los Derechos Humanos se trata de hacer notar la bandera rojinegra. «Hay un argumento en la dictadura que es: la rojinegra liberó a la azul y blanco». Pero el resultado, según él, al contrario ha sido que crezca el amor por los símbolos nacionales, que es una parte del patriotismo.
