El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, publicó este martes una evaluación de las acciones de su país para restablecer el camino de la democracia en Nicaragua, en la que confirma la aplicación de sanciones a 22 funcionarios y familiares del dictador Daniel Ortega, y a “ocho entidades nicaragüenses empleando las facultades legales existentes”.
Pompeo confirma el compromiso de su país de seguir implementando acciones por la democracia de Nicaragua y reitera que “no podrá haber elecciones verdaderamente libres y justas en un clima represivo, con más de 80 presos políticos detenidos de manera arbitraria”.
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El documento fue divulgado por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental interino del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael G. Kozak, a través de su cuenta de Twitter.
Desde el inicio de la represión en Nicaragua, todos los que se pronuncian contra la violencia, opresión y ataques contra los derechos humanos ponen en riesgo sus vidas. https://t.co/F8U3uJfDDw pic.twitter.com/Q8IexxgkQO
— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) August 25, 2020
El escrito denominado “Apoyo de los Estados Unidos a un retorno a la democracia en Nicaragua”, relata los sucesos de 2018, para responder a las preguntas: ¿qué ocurrió con la democracia en Nicaragua? ¿Cómo se llegó a esta situación? y ¿Qué es lo que está en riesgo?
“El 18 de abril de 2018, se iniciaron manifestaciones públicas y pacíficas en Nicaragua luego de que el gobierno propusiera aumentar los impuestos y bajar las jubilaciones, lo que se sumó a la falta de una respuesta adecuada a la emergencia de los incendios forestales en la costa caribeña. Finalmente, el gobierno respondió a estas protestas asesinando a decenas de personas y efectuando cientos de detenciones. Esto, a su vez, provocó más protestas e hizo que se extendieran los reclamos para que Ortega abandonara el poder”, resume el documento.
Desde entonces, “el presidente Ortega y la vicepresidenta (Rosario) Murillo respondieron con una campaña sostenida de violencia y represión contra todos aquellos que se opusieran a los abusos de su régimen, tales como periodistas, miembros de la sociedad civil y cualquier persona que se atreviera a ejercer el derecho de libertad de reunión y expresión”.
La evaluación del Secretario de Estado menciona las detenciones arbitrarias, destacando el caso del preso político estadounidense y nicaragüense, Eddy Montes, asesinado por guardias penitenciarios que le dispararon en la cárcel, en mayo de 2019.”¿Cuál había sido su delito? Ayudar a personas heridas que se manifestaban en defensa de la democracia”, manifiesta el escrito. Estados Unidos validó los datos de organismos de defensa de derechos, que reportaron 161 detenciones ilegales en 2019.
Lista de acciones de Estados Unidos
Pompeo detalla en el documento cada una de las acciones de Estados Unidos, para presionar al régimen a aceptar una salida negociada a la crisis que vive el país desde 2018.
Recuerda que “el presidente Donald Trump ratificó el compromiso de Estados Unidos de restablecer la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua promulgando la Ley sobre Derechos Humanos y contra la Corrupción en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act) de 2018″.
“Apoyo de los Estados Unidos a un retorno a la democracia en Nicaragua”
Familia presidencial sancionada
Antes de la sanción de la ley, el Departamento del Tesoro había designado a varios funcionarios gubernamentales y asociados del presidente Ortega, incluida la vicepresidenta Murillo —esposa de Ortega—, para que se les aplicaran sanciones económicas individuales y/o restricciones de visas.
Estados Unidos también sancionó al Banco Corporativo de Nicaragua (Bancorp) ”que funcionaba como caja negra de la familia Ortega, y contra Laureano Ortega, hijo del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Ambas medidas inmovilizaron todos los activos estadounidenses propiedad de Bancorp y al más joven de los Ortega, e impidieron que ciudadanos estadounidenses realizaran transacciones comerciales con ellos. Esto dio lugar al cierre abrupto de Bancorp”.
Otras sanciones registradas en el informe
El documento registra que “otras sanciones han estado dirigidas a la Policía Nacional de Nicaragua (PN); el general del Ejército nicaragüense Julio César Avilés; el ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Adolfo Acosta; Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, y Difuso Comunicaciones S.A., que Ortega Murillo utilizó para difundir la propaganda del régimen y defender la violencia y la represión de los Ortega”.
Además, manifiesta que “más allá de la presión económica, Estados Unidos sigue trabajando con la comunidad internacional para apoyar los reclamos del pueblo nicaragüense. Seguimos instando al régimen de Ortega a poner fin a la represión del pueblo de Nicaragua, garantizar sus libertades civiles básicas, restablecer el respeto de los derechos humanos y asegurar una reforma electoral permitiendo que haya elecciones libres y justas”.
¿Que viene ?
Estados Unidos valora que para cumplir su objetivo de restablecer la democracia en Nicaragua tiene que seguir las siguientes acciones:
- Sumarse a otros actores de la comunidad internacional, incluidas la OEA y la UE, en reclamo de que el régimen nicaragüense implemente las reformas electorales necesarias para que haya elecciones libres y justas.
- Reclamar el restablecimiento pleno de las libertades civiles, incluida la libertad de expresión y asociación. No podrá haber elecciones verdaderamente libres y justas en un clima represivo, con más de 80 presos políticos detenidos de manera arbitraria.
- Apoyar a las organizaciones cívicas nicaragüenses que defienden el respeto de los derechos humanos y exigen que se permita el acceso a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que den seguimiento a las condiciones en el terreno.