Después de que varios organismos defensores de derechos humanos denunciaran la detención de los exiliados Hader González Zeledón y Cristian David Meneses por parte de efectivos del Ejército de Nicaragua, cuando regresaban de Costa Rica el pasado sábado 15 de agosto, la institución castrense informó este jueves – cinco días después de la detención – que los exiliados fueron «retenidos y entregados a la Policía Nacional», después de haberles encontrado entre sus pertenencias una pistola que, según el Ejército, era propiedad del productor Gregorio Francisco Quintero Balladares, que fue asesinado el 21 de julio de 2020 en Puerto Príncipe, Nueva Guinea.
“El día 15 de agosto de 2020, a las 05:00 horas de la mañana, el puesto militar fronterizo de Sarapiquí, del Destacamento Militar Sur del Ejército de Nicaragua, realizó patrulla de exploración en dirección a El Tambor, detectando movimientos altamente sospechosos de individuos que estaban en esta área, pretendiendo cruzar por pasos no habilitados hacia territorio costarricense”, según un correo electrónico enviado por el coronel Álvaro Rivas, vocero del Ejército, a LA PRENSA.
“Con el hallazgo de esta pistola y sus documentos en manos de estos delincuentes se procede a un proceso investigativo de acuerdo a como está establecido en nuestras leyes», detalló Rivas, quien no detalló a qué delegación policial fueron enviados los detenidos, que tampoco fueron presentados.
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Según Rivas, durante la requisa realizada a los dos nicaragüenses exiliados, “andaban uniformes pinto, andaban pasamontañas, fusiles AK, pistolas y como pueden observar andaban pertrechos y uniformes militares pintos como le decimos”. Agregó que otros dos sujetos que huyeron del lugar se llevaron “los fusiles AK”.
El gremio de abogados Defensores del Pueblo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), así como el miembro de la UNAB y politólogo Félix Maradiaga y la abogada Yonarqui Martínez, exigieron al Ejército información sobre el paradero de ambos exiliados, por lo que el coronel Álvaro Rivas, en la presentación del informe sobre dicha captura advirtió a dichos organismos que “tienen que tener mucho cuidado en el sentido que resulta altamente sospechoso que estén intercediendo por esos delincuentes, así como también las campañas de desprestigios tratando de desvirtuar nuestro trabajo”.
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El Instituto Internacional Race and Equality rechazó las advertencias del coronel Rivas por considerarlas “amenaza a defensores de derechos humanos que en los últimos días han estado exigiendo respuesta sobre el paradero de dos jóvenes exiliados que fueron capturados en la frontera con Costa Rica”.
Por su parte, la abogada Yonarqui Martínez, denunció en su cuenta de Twitter que las declaraciones del vocero del Ejército “lo que pretenden es callar nuestra voz”, como defensores de derechos humanos.
“Art. 33 y 34 Constitución Política, 95 y 112 CPP, Art. 8 pacto San José, Principio de presunción de inocencia, principio de dignidad humana, principio de legalidad, el respeto al debido proceso, derechos de todo investigado. Señores del Ejército, eso defiendo, no campaña de desprestigio”, escribió Martínez.