El régimen de Daniel Ortega solamente reconoce 12 femicidios en lo que va del 2020, de los cuales 11 corresponden al periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 7 de agosto, según cifras divulgadas este jueves por la Policía Nacional, que además registró la muerte de otras siete mujeres bajo la figura de «homicidio».
Esta cifra contrasta con la presentada por el observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que refleja que en los primeros siete meses hubo 42 crímenes de odio contra mujeres. Para la representante de CDD, Martha Flores, las cifras de la Policía demuestran una vez más el afán del régimen orteguista por invisibilizar la violencia machista ejercida contra las mujeres en Nicaragua.
Puede interesarle: Liberación de reos con antecedentes de violencia machista agrava situación de mujeres en Nicaragua: 42 femicidios hasta julio de este año
«Esto refleja los objetivos de este gobierno de mantener un panorama a nivel nacional e internacional de que todo está normal, de que las mujeres no sufren violencia, quieren demostrar esa seguridad que no existe», refiere Flores, quien hace una similitud respecto a la pandemia del Covid-19 en Nicaragua. «Es como lo han hecho con el Covid-19: ellos dicen que el Covid está normal, que aquí no hubo Covid y que solo fue de pasada y, sin embargo, hubo muchas muertes por esta enfermedad», agregó.
Privatización de la violencia contra las mujeres
Flores argumenta que las cifras de femicidios de CDD y las de la Policía jamás van a ser iguales por la profundidad con la que se atienden los casos y que la diferencia en el conteo de las víctimas de femicidio radica en que la Policía solo tipifica como femicidio a las mujeres que son asesinadas por sus parejas. «Nunca vamos a coincidir porque nuestra mirada vas más allá de los números, nos centramos en las vidas de las mujeres», expresó.
Puede interesarle: María Teresa Blandón: «Somos una sociedad machista, violenta, discriminatoria y racista»
Elia Palacios, miembro del equipo de coordinación de la Asociación de Mujeres Axayacatl, coincide con Flores al considerar que la disparidad de cifras «tiene que ver con las reformas que ellos hicieron a la ley, que invisibilizaron los femicidios en el ámbito público, pero lastimosamente reformaron la ley (779) y volvieron a reconocer solamente la violencia en el ámbito privado, privatizando la violencia hacia las mujeres. Por eso notás la gran diferencia que hay».
«Nuestra posición, conforme a la Ley, es que toda mujer muerta con violencia en manos de los hombres, que no necesariamente deben de ser parejas es femicidio», zanjó Flores.
Lea además: ¿Qué ha hecho la justicia en los 14 femicidios ocurridos en Nicaragua?
Señaló que las comisarías en Nicaragua no prestan atención especializada y de seguimiento para las víctimas de violencia y que su función se resume en «atención policial». «La atención especializada en las comisarías no existe», reiteró Flores.
Sobre este aspecto, Palacios añadió que la falta de sensibilización del personal que atiende las denuncias en las Comisarías de la mujer, representa un problema para las denunciantes porque no hay un adecuado procedimiento. «La mujer cuando va a la comisaría no es porque el hombre es la primera vez que la ofende o que la agrede, es porque ya hay un historial de violencia», remarcó.
Aumento de denuncias
Las cifras de la Policía fueron detalladas por el comisionado Jaime Vanegas, inspector general de esta institución, quien además informó que desde el 1 de febrero hasta el 7 de agosto de 2020, recepcionaron 9,880 denuncias que atentan contra la dignidad y vida de las mujeres.
El funcionario orteguista detalló que del total de denuncias, 2 mil 964 constituyen delitos y 6 mil 916 constituyen faltas penales «que corresponden a hurtos menores, asedios, agresiones verbales y escándalo público».
De las denuncias que constituyen delito, según la Policía, 1,166 fueron por intimidación o amenazas contra la mujer; «532 violaciones; 505 lesiones psicológicas; 474 abusos sexuales; 102 estupros; 74 lesiones graves, 11 femicidios y 100 otros delitos», refiriéndose este último número a denuncias por acoso sexual, pensión alimenticia, violencia psicológica y daños a la propiedad.
Víctimas son obligadas a mediar
Según el comisionado Vanegas, este número de denuncias «expresa una mayor confianza de nuestra población, sobre todo de las mujeres, para interponer las denuncias en nuestra Policía Nacional».
Lea también: Condenan a sujeto que mató de dos disparos a su expareja
Del total de denuncias, 7,900 expedientes fueron enviados al Ministerio Público, de los cuales 6,320 casos fueron resueltos «a través de mediación entre las partes» y solamente 1,100 agresores enfrentan procesos por delitos los cometidos. Es decir, que el 80 por ciento de los casos enviados al Ministerio Público fueron resueltos bajo la figura de mediación.
Cabe señalar que al sumar los casos resueltos como mediación (6,320) y los que enfrentan procesos judiciales (1,100) no cuadran con la cifra total de casos enviados a la Fiscalía (7,900), lo que refleja el descuido por parte de la Policía en el manejo de las cifras y el tratamiento de los casos.
La representante de CDD hizo énfasis en la aplicación de la Ley 779, cuya primera versión prohibía la mediación de las autoridades entre el agresor y la víctima, pero que después de ser reformada por el orteguismo, la negociación quedó establecida para agresores que no han tenido un nivel superior de gravedad. Para Palacios, las mediaciones caben cuando hay una relación igual, por lo que considera que una relación de pareja – sobre todo con el componente de abusos y violencia de cualquier tipo – «son relaciones desiguales de poder».
Lea además: Sujeto admite que mató a su pareja de un escopetazo en el cuello
«No podés poner a un hombre agresor frente a su víctima porque no están en una posición de igualdad, te sientan frente a esa persona que te ha torturado, que te ha violentado y que te ha amenazado y ¿qué te toca hacer si el agresor te amenazó?, por eso la mediación en estos casos no caben», expresó Elia Palacios.
Para Martha Flores, por su parte, este porcentaje en el número de casos resueltos por mediación representa la falta de atención especializada a los casos, que da pie a la impunidad. «Los procesos son tan largos que las mujeres se cansan y al final tienen que mediar con el agresor, prácticamente son obligadas a mediar», explicó.
