Cuatro organizaciones y agencias externas vigilarán la ejecución del proyecto de atención de la pandemia del nuevo coronavirus en Nicaragua, el que será financiado con 43 millones de dólares por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según la iniciativa de ley enviada con trámite de urgencia por el régimen a la Asamblea Nacional.
Aunque el Ministerio de Hacienda será el ejecutor de los fondos, las tres fases del programa serán monitoreadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, siglas en inglés), la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica (Cominsa) y del Proyect Concern International (PCI). La contratación de esas cuatro agencias costará 2.98 millones de dólares para “su gestión, monitoreo, evaluación y auditoría” del programa de respuesta a la crisis sanitaria causada por el Covid-19.
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Los fondos para la “respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en Nicaragua”, serán aprobados el próximo martes 18 de agostos por los diputados, debido a que ya fue incorporada la iniciativa en la agenda del Legislativo.
El estricto control que el BID decidió ejercer sobre los 43 millones de dólares que prestó para ayudar al país ante la crisis sanitaria se debe a la falta de credibilidad de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, puesto que ha preferido minimizar la pandemia, se ha negado a implementar las recomendaciones de la OPS para reducir el contagio comunitario, así como realizar pruebas masivas para detectar los casos, despedir a médicos especialistas que denuncian las carencias de equipos para responder a la crisis como de reducir a una vez por semana a informar a la población sobre la situación.
Uno de los puntos centrales será la construcción y mejoramiento de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y de emergencias de 12 hospitales, incluidos tres de la zona de la Costa Caribe “para aumentar la capacidad de los casos, asegurar la atención médica oportuna” y mejorar la asistencia en la población afrodescendiente.
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El programa rompe el sistema del régimen puesto que diseña un nuevo protocolo para responder a la crisis sanitaria, debido a que habrá un nuevo sistema de rastreo de los pacientes adecuado a las recomendaciones de la OPS, “para reducir y detener la cadena de transmisión de la enfermedad”.
Se contempla la “compra de equipos, insumos y reactivos necesarios para la realización de las pruebas de reacción en cadena de polimerasa (PCR) y serológicas para 15 laboratorios a nivel nacional”, que será completado con un entrenamiento al personal de Salud para que puedan hacer correctamente los exámenes para detectar a los pacientes con Covid-19.
El Ministerio de Salud (Minsa) solo reconoce 4,115 casos de Covid-19 y 128 muertes en Nicaragua hasta el pasado 10 de agosto. Son cifras cuestionadas por asociaciones médicas independientes e incluso por los organismos internacionales de no reflejar la realidad del contagio.
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El Observatorio Ciudadano, integrado por médicos independientes y organizaciones civiles, reportó que, hasta el 12 de agosto, un acumulado de 9,646 casos “sospechosos verificados” de Covid-19. Se contabilizan 2,626 muertes en ese período.
El BID es el segundo organismo que facilita recursos al régimen para atender la pandemia. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) accedió a redireccionar 11.7 millones de dólares de un préstamo para carreteras, por lo que ya se dispone de 54.7 millones de dólares para fortalecer el sistema de atención sanitaria.
Maximino Rodríguez, jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), consideró que el hecho que “le hubiesen cantado a Ortega” en el BID “de que no le darían un solo centavo sino aceptaba una supervisión seria”, evidencia que los organismos internacionales no tienen confianza en la dictadura porque “en términos de transparencia está aplazada”.
Según Rodríguez, representa un golpe político para Ortega el aceptar que le pusieran cuatro agencias internacionales a supervisar el buen manejo de los fondos, porque él “vive mofándose de que lucha contra la injerencia extranjera” en los asuntos internos de Nicaragua, pero al ser sobrepasada la capacidad del Minsa para enfrentar la pandemia, no le quedó otra al dictador que someterse a las reglas que le impusieron.
“Como no hemos aprendido a generar riquezas, estás atado a las políticas de los organismos internacionales y en este caso, como pocas veces se ha visto, la exigencia es que se contraten a esos consultores externos para vigilar la ajecución correcta del dinero prestado por el BID”, dijo el diputado Rodríguez.