La Coalición Nacional está paralizada debido a la negativa de los partidos políticos de dar los espacios que los jóvenes autoconvocados demandan. El conflicto empeoró por la decisión del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de enviar a la Organización de Estados Americanos (OEA) una carta en donde defiende que en la reforma electoral no desaparezca el bipartidismo en la estructura del sistema electoral, lo que para las organizaciones sociales en la Coalición se entiende como la manifestación del PLC de mantener vivo el pacto con la dictadura de Daniel Ortega.
Estos puntos tienen en condición «crítica» a la Coalición Nacional, aseguraron los delegados de la Alianza Cívica, José Dávila e Ivania Álvarez, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Ambas agrupaciones sociales suspendieron su participación en las comisiones de la plataforma opositora hasta que se resuelva la integración del sector juvenil.
«Hay un tema más profundo que es la hegemonía de los partidos políticos en la Coalición, por eso decidimos no participar más, por eso paramos hasta que se reviertan algunas situaciones o queden claros, como el de la toma de decisiones», afirmó Álvarez a LA PRENSA.
Dávila, delegado de la Alianza Cívica en el Comité Ejecutivo de la plataforma opositora, confirmó que «no estamos participando mientras no resuelvan temas torales».
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La Coalición Nacional está conformada por siete organizaciones: tres partidos políticos con personería jurídica que son el PLC, Yatama y Partido de Restauración Democrática (PRD); el Movimiento Campesino, el movimiento Fuerza democrática Nicaragüenses (FDN) y las organizaciones civiles UNAB y la Alianza Cívica. Estas dos últimas agrupan a empresarios, productores, jóvenes, feministas, indígenas, médicos, profesores y demás grupos autoconvocados que se han enfrentado a la dictadura en las protestas.
«Mientras no se resuelvan estos temas no vamos a integrar las comisiones. Hay un punto toral porque no podés ir a la organización territorial abarrotada de personeros de partidos políticos. Hemos hecho el reclamo como Unidad, de que en los municipios encontramos a personeros (de partidos) señalados de haber vendido los tendidos electorales (en pasadas elecciones), y no podemos proceder con ese escenario», explicó Álvarez.
Al suspender la Alianza y la UNAB su participación de las comisiones, el trabajo de organización territorial de la Coalición está paralizado. Aunque el Comité Ejecutivo sigue reuniéndose, en línea, no supera el tema de los jóvenes, de cómo se tomarán las decisiones y se abrió otro frente por la carta enviada por el PLC sobre las reformas electoral a la OEA.
Arnoldistas no renuncian al pacto
Miguel Rosales, presidente designado del PLC por el arnoldismo, el pasado 6 de agosto envió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en donde le planteó que no debe incluirse en una eventual reforma a la Ley Electoral de Nicaragua la eliminación del bipartidismo, que es el control de las estructuras electorales por los dos principales partidos políticos.
Rosales dijo, en la misiva a Almagro, que están de acuerdo en eliminar el bipartidismo de los órganos electorales y su despartidarización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), pero «estratégicamente consideramos que debe realizarse una vez que se logre salir de la dictadura». «Esta reforma debe realizarse una vez que se haya instalado un gobierno verdaderamente democrático», expuso Rosales.
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La Ley Electoral actualmente establece que los partidos políticos resultantes en el primero y segundo lugar de las elecciones conformarán en un 50 por ciento, cada uno, a los Consejos Electorales departamentales, regionales, municipales así como las JRV y la integración de fiscales.
Ese modelo bipartidista es resultado del pacto entre el dictador Daniel Ortega y el caudillo liberal Arnoldo Alemán, que se materializó en las reformas electorales del 2000 a través de las cuales se repartieron los cargos en los poderes del Estado.
Arnoldistas violaron acuerdo
Los representantes de la UNAB y de la Alianza afirmaron que el PLC no les informó previamente de la petición que haría ante el secretario Almagro, coincidiendo en que los liberales violaron el compromiso firmado y además es una postura que no se ajusta a la reforma electoral que demanda la mayoría de las organizaciones sociales, que es acabar con la partidarización del sistema.
«En los temas electorales sí revisamos los acuerdos del 25 de junio, está específico que la propuesta de reforma electoral será consensuada en el Bloque Pro Reformas. Entonces ahí, con esa carta (del PLC a la OEA), se insinúa un camino diferente al que hemos acordado», reclamó Álvarez, de la UNAB.
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Mientras, Dávila, de la Alianza, afirmó que el partido rojo «ya definió su posición» en torno a las reformas electorales, por lo que será difícil consensuar la propuesta de la oposición cuando la mayoría de miembros quieren acabar con la partidarización de la estructura electoral, porque ese modelo ha garantizado los fraudes en las elecciones al dictador Daniel Ortega.
«Prácticamente lo que está diciendo (en la carta a la OEA) es lo que está vigente, seguirá el pacto hasta que venga un gobierno democrático. Uno quiere luchar por eliminar el bipartidismo y todo lo que ha hecho daño al país, pero el PLC ya puso límites», criticó Dávila.
Rosales defiende el bipartidismo ante Almagro diciendo que le conviene a la Coalición Nacional, porque a través del PLC le permitirá a la oposición tener «un ejército para defender el voto» en las eventuales elecciones previstas para noviembre del 2021.
El partido rojo con su carta a la OEA dio a la UNAB y a la Alianza otra razón para suspender su participación en las comisiones de la plataforma.
«Hacemos un alto porque hay un rompimiento de los acuerdos al impulsar una cosa diferente a la que nos comprometimos todas las organizaciones de la Coalición. Se está insinuando otra salida electoral al margen de lo acordado, de que la propuesta de reforma electoral de la oposición será el documento que todos respaldemos», aseguró Álvarez, de la UNAB.
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Crisis puede desembocar en ruptura
Los desacuerdos entre las organizaciones sociales y los partidos políticos se están profundizando al punto de volver posible que las organizaciones sociales rompan con uno o varios de los partidos.
«La Coalición Nacional no se va a perder porque el núcleo convocante son la Unidad Nacional, la Alianza Cívica, sus jóvenes así como el Movimiento Campesino en su momento. La Coalición no fue una apuesta de los partidos, sino de las organizaciones sociales quienes somos los llamados a hacer un alto y a revisar qué no funciona», afirmó Álvarez.
El delegado de la Alianza, Dávila, dijo que «es difícil» saber si habrá una ruptura de la Coalición, pero aceptó que «hay una lucha» interna fuerte. «Hay una crisis, un gran problema», afirmó Dávila.
PLC es dolor de cabeza
La Coalición también enfrenta el dilema de a qué fracción del PLC reconocen como aliado. Esto debido a la litis por el control de ese partido entre el grupo de incondicionales al caudillo Arnoldo Alemán, dirigidos por el presidente designado Miguel Rosales y los inconformes liderados por María Haydée Osuna, quien, hasta ahora, tiene la certificación del poder electoral como representante legal de la organización política.
También la mayoría de las organizaciones rechazaron que María Fernanda Flores de Alemán, Jamileth Bonilla y Martha McCoy, integren por parte del PLC tres comisiones de la Coalición, debido a que fueron investigadas por supuestos actos de corrupción en el gobierno de Alemán.
Álvarez, de la UNAB y Dávila, de la Alianza, explicaron por separado, que se reclamó a la delegación del PLC porque su propuesta «no cumplía con los acuerdos firmados» el pasado 25 de junio, «sobre la democratización interna de las organizaciones y sobre la renovación de los integrantes que estuvieron involucrados en supuestos actos de corrupción en el pasado así como su alianza con el régimen».
La forma en que se evitará a Flores, McCoy y Bonilla es que el Código de Ética de la Coalición Nacional prohíba que sean parte de la misma personas señaladas de corrupción.
Trabajan contrapropuestas sobre jóvenes
Respecto al tema de los movimiento juveniles, la Alianza y la UNAB alistan sus contrapropuestas para lograr que el sector se integre en la Coalición. Los grupos de jóvenes y estudiantes de la lucha de abril suspendieron las negociaciones de ser parte de la Coalición al considerar que se les pretende utilizar para darle legitimidad al control que ejercen los partidos tradicionales.
Los movimientos de jóvenes que se enfrentaron en las calles a las huestes del régimen reclaman tres o cuatro espacios que les garanticen independencia, pero los partidos políticos imponen siete sillas para así meter a sus asociaciones juveniles para garantizar siempre la mayoría en la toma de decisiones.
«Tenemos que revisar esto porque no es el espíritu de una Coalición Nacional el estar dominada totalmente no solo por partidos políticos, sino por personajes que no estuvieron involucrados en la lucha a como lo estuvieron los chavalos en las calles», dijo Ivania Álvarez, representante de la UNAB en la Comisión de Organización Territorial.
Dávila manifestó que en la Alianza Cívica no puede seguir postergándose la integración de los jóvenes con la independencia que demandan.
