Uno de los datos importantes que se desconoce en Nicaragua es la cantidad de pruebas para detectar el SARS-CoV-2 que ha aplicado el régimen orteguista. Tomando en cuenta que tiene más de treinta mil pruebas, que le fueron donadas desde abril, y la gestión para adquirir otras cien mil, además del restringido protocolo para aplicar el test a un caso sospechoso de Covid-19, se pensaría que el Gobierno tiene suficientes pruebas disponibles con las que pueden examinar a los más de 200 nicas varados en Peñas Blancas, si quisiera. Pero, ¿por qué no hacer lo que en realidad es su deber?, señala el salubrista Alejandro Lagos.
A mediados de julio se conoció que el régimen adquirirá cien mil pruebas PCR, pero se desconoce cómo las administrará. Antes, 26 mil habían sido donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otras cinco mil habían sido entregadas por Rusia.
El Gobierno indicó que si un nicaragüense requiere, por motivos de viaje, hacerse un test de Covid-19, debe pagar 150 dólares, a través de cuenta bancaria o en efectivo en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR). Aún no está claro si las pruebas donadas forman parte del nuevo servicio que los críticos han denominado como una acción con fines recaudatorios.
Lagos explica que la posición del Gobierno respecto a los nicas varados sin pruebas de Covid-19 no es que si quiere o no realizárselas, sino que «es una obligación del Estado». Pero la vicepresidenta Rosario Murillo calló nuevamente ante el drama de los conciudadanos varados y se refirió a que es «importantísimo» que cualquier connacional que quiera volver a Nicaragua cumpla con las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud (Minsa), con el objetivo de proteger la vida de todos, se justificó.
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«Importantísimo que todos nuestros hermanos que quieren regresar a sus hogares, a sus familias, que tienen derecho a regresar a su patria, cumplan, porque debemos protegernos, con las medidas del Ministerio de Salud, medidas de protección para todas las familias nicaragüenses», expresó Murillo.
El Gobierno tiene que hacer una excepción con el grupo de nicas que vienen a buscar su tierra, sostiene Lagos, a ellos no tienen que ponerles trabas de ningún tipo, al contrario, debe ser un estado facilitador, no uno que bloquee, advirtió.
Murilllo se siguió justificando y destacó que cien connacionales provenientes de Panamá llegaron al país por Peñas Blancas y que estos cumplieron con todas las medidas sanitarias. Sin embargo, obvió que estos nicas también se habían quedado varados en Panamá y que ha sido el gobierno panameño quien les brindó alojamiento, revisión médica y alimentación desde inicios de julio, cuando comenzaron a realizarse los primeros viajes en grupos de cien, según las listas que envía Nicaragua y que es un requisito fundamental para que salgan los buses. Con estos cien nicas que ingresaron, faltarían aún cerca de 250 por volver a su país.
Murillo no mencionó ni una sola palabra sobre el drama que viven los connacionales en la frontera de Peñas Blancas, quienes desde la medianoche de este jueves hasta el amanecer pasaron de pie, con el agua empapándoles los zapatos y el viento azotándolos con fuerza. Lo único que pudieron hacer para refugiarse del aguacero fue tender plástico negro que camioneros solidarios les entregaron.
La vicepresidenta se contradice al asegurar que «reafirmamos siempre nuestro compromiso de paz y bien, y de protección, de resguardo, de cuido responsable, de cuido solidario de la salud de todos», cuando en la práctica no han atendido la demanda de los nicas varados y tampoco les han dado asistencia médica de algún tipo, pese a que ellos han denunciado que hay personas de la tercera edad y niños que no tienen condiciones para permanecer más tiempo así y que sus fuerzas cada día merman más.
LAPRENSA/Cortesía
Murillo ejemplificó que gracias al trabajo coordinado con Costa Rica y Panamá para el traslado de los más de 800 nicas que se habían quedado varados en el país canalero, «no solo garantizamos su retorno seguro, sino el derecho de todos a resguardar la salud y la vida de ellos mismos, de la familia, de las comunidades donde viven, al resguardarnos todos, a protegernos todos en el nombre de Jesús», expresó este mediodía.
Desde el 14 de julio el régimen orteguista a través del Minsa comenzó a exigir a los viajeros, tanto nacionales como extranjeros, la prueba negativa de Covid-19 con 72 horas de antelación, como un requisito de ingreso en todos sus puestos fronterizos terrestres, aéreos y marítimos.
Demandan entrada de nicas
La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) recordó que el Gobierno ha recibido donaciones de pruebas de Covid-19 , y por su naturaleza deben ser aplicadas de manera gratuita, a la vez señalan que exigir pruebas de Covid-19 es una medida que traslada a los ciudadanos una responsabilidad del Gobierno en función de la salud.
Demandan que permitan el ingresos de los nicaragüenses varados tanto en Peñas Blancas como de otros puntos a lo largo de la región, con el debido respeto de sus derechos humanos y seguridad. Además que se adecuen espacios con las condiciones necesarias para que se cumplan los protocolos migratorios y pruebas de Covid, «sin pasar condiciones deplorables e inhumanas», se lee.
