Es una dolorosa tragedia de la vida real el caso de los nicaragüenses repatriados, que estaban fuera del país y han debido regresar —o quieren y necesitan hacerlo— por causa de la pandemia.
Este es un problema global que afecta a gente de todas partes del mundo, porque prácticamente en todos los países hay personas que por cualquier razón salen de y vuelven a sus lugares de origen. Sin embargo, el caso de los nicaragüenses es peor, por las características del régimen que domina a su país: insensible, inhumano, cruel y despiadado.
Todas las personas tienen derecho a salir y entrar a cualquier país, sobre todo al propio. Este es un derecho fundamental reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13. Además, en Nicaragua es una garantía constitucional consagrada jurídicamente en la Constitución Política de la República, que en su artículo 31 dice que todos los nicaragüenses tienen derecho “a entrar y salir libremente del país”.
Se comprende que en determinadas circunstancias este derecho tenga que ser restringido, para proteger el interés común. Así lo prevé el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 12, numeral 3, señala que este derecho podrá ser objeto de restricciones, cuando sea necesario “para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, o los derechos y libertades de terceros…”
Sin duda que este es el caso actual. Muchos gobiernos se han visto obligados a disponer regulaciones extraordinarias, para el retorno de los connacionales que estaban fuera de cada país cuando se decretaron las medidas excepcionales de emergencia para tratar de contener una mayor propagación de la pandemia.
Pero según sean los gobiernos, democráticos o dictatoriales, así han sido las restricciones impuestas. Los gobiernos que actúan democráticamente han establecido solo las regulaciones que son indispensables para detectar a personas contagiadas, retenerlas temporalmente o enviarlas a centros de atención sanitaria y cuarentena, procurando que los procedimientos sean efectivos pero ágiles, a fin de evitarle mayores penalidades a la gente.
Por el contrario, los regímenes dictatoriales como el de Nicaragua han sido deliberadamente lentos, burocráticos, groseros e inclusive inhumanos. Han obligado a las personas que regresan a sus lugares de origen y sus hogares, a sufrir en las fronteras desamparo, intemperie y hambre. Los funcionarios migratorios y los comisarios policiales y militares de las dictaduras, no tienen consideración por los demás, no les importan los derechos humanos que más bien atropellan de manera deliberada.
A los gobernantes dictatoriales de Nicaragua les debería dar vergüenza, que la dramática situación de los nicaragüenses tratando de regresar a su patria y sus hogares tenga que ser objeto de atención de los organismos internacionales de derechos humanos. Pero no conocen la vergüenza, ni les importa no tenerla.
