La pandemia del Covid-19 «ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático» en Nicaragua, afirmó este jueves la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien además agregó que «el discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales».
Bachelet denunció que el régimen en Nicaragua no brinda información exacta sobre los casos de Covid-19. Hay «poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos. Aunque el Gobierno ha señalado que ha estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, visitando casa a casa para detectar casos, algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico», expuso la Alta Comisionada durante su intervención en el 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
También hizo enfasis de los despidos que el régimen orteguista ha hecho en contra de médicos con diferentes especialidades en medio de la pandemia. Según Bachelet han recibido al menos 16 denuncias.
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Violaciones persisten
Este jueves, Bachelet expuso su informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y aseguró que en el país persisten las violaciones a estos. La funcionaria dijo que la represión está sobre todo dirigida a aquellos a quienes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo considera opositores, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, excarcelados porlíticos, entre otros.
Desde el 2018 el régimen orteguista prohibió cualquier manifestación pacífica, desde entonces se siguen reportando despliegues policiales injustificados, detenciones arbitrarias y ataques selectivos. «Mi Oficina documentó 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras», expuso Bachelet.
En su discurso, la Alta Comisionado tambien mencionó a los presos políticos que aún continúan en las cárceles del régimen. «Reitero mi recomendación de liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos dos años», dijo.
«El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos pro-gubernamentales cuando críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente», expuso la Alta Comisionada.
A la vez agregó que hasta la fecha no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas desde 2018, cuando iniciaron las protestas ciudadanas en contra del régimen. «Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos».
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De igual forma reiteró su «disposición para brindar cooperación técnica a todos los actores como le señalé en el día de ayer al Ministro de las Relaciones Exteriores».
