Los nicaragüenses no olvidan el estallido social de abril de 2018, pero en especial, recuerdan el terrible crimen de una familia entera que fue quemada por paramilitares en el barrio Carlos Marx, en Managua. La tragedia cumple dos años este 16 de junio en completa impunidad. En su momento los organismos de derechos humanos se refirieron al caso como uno de los peores crímenes ocurridos en el contexto de las protestas cívicas.
Óscar Velásquez Pavón (46 años), su esposa Maritza López Muñoz (46 años), su hijo Alfredo (26 años), la esposa de este último, Mercedes Raudez Álvarez (20 años) y sus dos hijos menores: Matías Eliseo Velásquez Raudez, de cuatro meses de edad, y Daryeli Osmary Velásquez Raudez, de 3 años, fueron las víctimas fatales de aquella tragedia que conmovió a un país entero, tras meses de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos.
Dos sobrevivientes de la tragedia denunciaron este hecho, una de ellos abandonó Nicaragua y al regresar cambió su versión, aunque aún se puede encontrar el video donde acusa a Daniel Ortega por la muerte de su familia maldiciendo al mandatario.
La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, expresó que el caso del barrio Carlos Marx se mantienen hasta hoy sin esclarecer, las personas culpables sin ser sancionadas y los sobrevivientes sin ser reparados. «Este es un ejemplo destacado, pero es un solo ejemplo de la terrible experiencia que ha vivido Nicaragua desde las protestas que se iniciaron en abril de 2018. En Nicaragua han sido asesinadas al menos 328 personas en el contexto de esta crisis de derechos humanos y en todos esos casos, al igual que el del barrio Carlos Marx, se mantienen en la impunidad», expresó.
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En diciembre de 2018, el juez orteguista Henry Morales remitió a juicio a Amilcar Antonio Cortez Báez y Karla Vanessa Matus Méndez por supuestamente provocar el incendio donde murió la familia del Carlos Marx. En ese momento, otros familiares de las víctimas, aseguraron que ellos no eran los verdaderos responsables.
Cortez dijo que “los videos están claros y no es lo que nosotros digamos, es lo que demostraron. Ahí se ve (en los videos) la caravana, se escuchan los tiros y ellos (la Policía) no contaron con eso, hicieron algo solo por lavarse las manos”, expresó.
Una de las versiones indica que el incendio fue provocado por policías y paramilitares, en represalias porque no quisieron permitirles utilizar la azotea de la vivienda, para que desde ahí dispararan a los opositores. Sin embargo, el régimen orteguista ha tratado de involucrar a otros, como el mismo Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Su presidenta, Vilma Núñez, explica que no solo han querido manipular los hechos, sino que hay un “esfuerzo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para tratar a toda costa que quede en la impunidad”, pero ellos seguirán denunciando para que en algún momento haya justicia.
Condena internacional
El caso fue abordado por diferentes organismos de Derechos Humanos, que se mostraron impactados por la tragedia. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, declaró: “Este acto de terror que es un crimen de lesa humanidad y no puede quedar impune”.
Por su parte la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, dijo haber quedo “estupefacta” al conocer el hecho.
La CIDH había alertado en mayo de ese año, en un informe preliminar que podrían haberse dado ejecuciones sumarias a través de francotiradores para reprimir las protestas y exigió el cese inmediato de la represión.
Los implicados en el crimen según la versión policial lograron salir libres con la Ley de Amnistía que el régimen hizo a su medida para excarcelar a los presos políticos en 2019. Sin embargo, en noviembre de 2018 un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y había señalado que “en junio de 2018, hombres armados enmascarados, acompañados por personas identificadas por testigos como policías nicaragüenses, habrían incendiado una casa familiar en Managua, matando a seis, incluido dos niños pequeños”, sostiene el documento.
Para Núñez la tragedia de la familia es un “crimen de lesa humanidad”, y el régimen sabe el costo político que tiene, por eso han tratado a toda costa de buscar como quitarse la responsabilidad, sostiene.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, expresó que están indignados porque el crimen sigue impune, ya que las instituciones que deberían de garantizar una investigación sobre este “brillan por su ausencia”. La Policía no representa seguridad, y el Ministerio Público se ha vuelto un verdugo para los nicaragüenses que están denunciado actos de agresiones por parte de personas afines al gobierno, aseguró.
A dos años del aniversario de este crimen, las redes sociales se han llenado de videos, fotografías del funeral y la foto emblemática de los dos menores que perecieron en el siniestro. Todos denuncian la impunidad y demandan justicia. La casa, el armatoste de hierro y concreto sigue ahí, todavía se ven las cenizas y los techos ahumados que el fuego abrazó.
