El ministro secretario para políticas nacionales de la Presidencia, Paul Oquist, solicitó a representantes del gobierno de Alemania que «influya» para que la Unión Europea (UE) suspenda las sanciones que solo afectan a un grupo de funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como empresas de la familia presidencial.
Durante dos días seguidos ha estado insistiendo en reuniones virtuales con representantes de gobiernos extranjeros, incluidos de la Unión Europea, en que las dificultades que enfrenta el régimen en Nicaragua para responder a la crisis sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, se deben las sanciones impuestas, a pesar que esas medidas solo afectan de manera individual a funcionarios señalados de violación a los derechos humanos.
«Es un buen momento para que Alemania influya en la Unión Europea, para que esta levante sus medidas coercitivas, porque en tiempos de pandemia es un crimen de lesa humanidad impedir la capacidad de respuesta de los países afectados», expuso Oquits en la videoconferencia de ministros de relaciones exteriores de América Latina y el Caribe con Alemania. Ese encuentro fue el miércoles 3 de junio.
En el encuentro participó el ministro federal de relaciones exteriores de Alemania, Heiko Maas y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcenas, según publicaciones de medios de propaganda de la dictadura.
La UE hasta ahora solo ha sancionado a seis funcionarios del régimen señalados por organismos de derechos humanos de participar en las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, en el contexto de la represión a las manifestaciones sociales iniciadas en abril del 2018.
Los sancionados son los comisionados de la Policía Ramón Avellán,Francisco Díaz, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor, junto con Sonia Castro, exministra de Salud y asesora presidencial, y Néstor Moncada Lau, también asesor de Ortega. El Reino Unido adoptó iguales medidas contra los mismos funcionarios orteguistas.
Estados Unidos también ha sancionado a 21 funcionarios del régimen, incluidos los seis de la UE, así como a vicepresidenta designada y esposa del dictador, Rosario Murillo y a dos de sus hijos, Laureano y Rafael Ortega Murillo, por supuesta corrupción y violación a los derechos humanos. Canadá igual tiene sancionados casi a los mismos miembros del orteguismo.
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La dictadura ha orientado a sus funcionarios que en cada foro internacional reclamen contra las sanciones, a pesar de que no afectan al país. Esa agenda política de la dictadura ha sido vista como una excusa de la negligencia mostrada por las instituciones del régimen orteguista ante la pandemia del coronavirus fue el centro de
El pasado martes 2 de junio incluso hubo el foro «el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en la lucha mundial contra el Covid-19», que fue promovido, según los reportes de medios oficialistas, por las misiones permanentes ante Naciones Unidas de Bielorrusia, China, Cuba, Irán, Nicaragua, Rusia, Siria, Venezuela y Zimbabue.
Con excepción de Nicaragua, la mayoría de esos gobiernos sí tienen sanciones como nación por parte de la UE y de Estados Unidos por ser señalados de crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y apoyo al terrorismo.
Oquist, de origen estadounidense y ministro secretario del dictador Ortega, dijo en ese foro que «no se sometan a las imposiciones norteamericanas» y se declaró que los regímenes «son víctimas de la injusticia sistemática» por «las medidas coercitivas» impuestas.
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Opositores consideraron que chantajes no funcionan
Representantes de las opositoras Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) calificaron de «discurso gastado» de los funcionarios orteguistas que sigan culpando de las sanciones que solo afectan a unos cuantos funcionarios, de las grandes fallas para enfrentar la pandemia del Covid-19.
José Pallais, miembro de la Alianza Cívica, señaló que la Unión Europea fue clara en que las sanciones adoptadas eran individuales, «que no afectarán jamás al pueblo de Nicaragua y menos a la cooperación de los programas y proyectos», y evidencia de esa política es que recientemente los europeos probaron un fondo de ayuda de 35 millones de euros en programas de salud, agua potable y de desarrollo en diferentes zonas de Nicaragua.
«Eso es absurdo, que sigan culpando a las sanciones por la falta de respuesta ante la crisis sanitaria, porque la respuesta apropiada, científica, para enfrentar la pandemia están dadas por las recomendaciones de la OMS y nada le impide a Ortega cumplir con esas recomendaciones. Ninguna sanción le impide al régimen hacer lo correcto. Más bien a sus funcionarios les pueden traer más sanciones individuales por no aplicar las recomendaciones para salvar vidas», señaló el político Pallais.
La Alianza y la UNAB creen que los chantajes que hace el régimen fallarán porque la comunidad internacional está informada de lo que sucede en Nicaragua.
«Tratan de equipararse a sanciones de carácter general, financiero que le han aplicado a otros países, pero no son del mismo tipo de Nicaragua. Esa posición demuestra que estas sanciones individuales les molesta. Por eso confunden a la persona con la institucionalidad, porque creen que el Estado son las personas. Es su visión desviada del poder y que tiene la intensión de querer engañar a la comunidad internacional», aseguró Pallais.
Violeta Granera, del consejo político de la UNAB, calificó de «cinismo» e «incalificable la desvergüenza» de los miembros del régimen Ortega y Murillo que insistan en su agenda.
«Las sanciones solo afectan a los asesinos y ladrones de este país. Y ellos no han tomado las medidas para evitar la expansión de la pandemia del coronavirus porque no han querido. Se han negado al cierre de las escuelas, siguen llamando a manifestaciones…Eso no tiene nombre. Hay cantidad de recursos en el presupuesto que se podrían estar reorientando a los sectores de más bajos recursos, para salvar vidas», cuestionó Granera.
