Los abogados defensores de los 16 opositores conocidos como «Los Aguadores», procesados por supuesto tráfico de armas, cuando en realidad llevaban agua a madres de presos políticos que estaban en huelga de hambre en Masaya en noviembre de 2019, presentaron escritos esta mañana en los juzgados de Managua, solicitando el cierre definitivo del proceso por vencimiento de término.
Dichos escritos fueron presentados en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, aunque no se sabe quien resolverá, porque el juez Edgar Altamirano ya fue nombrado magistrado de Apelaciones en Granada.
En dichos documentos los abogados plantean la excepción de extinción de la acción penal por vencimiento de término y en consecuencia dicte sentencia de sobreseimiento a favor de los acusados, entre ellos Roberto Andrés Buchting Miranda y Hansell Amaru Quintero Gómez, representados por el abogado Arnulfo López. Además piden los convoquen a audiencia oral y pública para resolver la excepción planteada.
Los defensores plantean que la duración máxima del proceso se determina de la siguiente manera: en los delitos graves es de seis meses (acusado en libertad) contados a partir de la celebración de la primera audiencia. Este proceso inició con Audiencia Preliminar el día 18 de Noviembre de 2019, a las 11:10 minutos de la mañana, ante el Juez Quinto de Distrito Penal de Audiencia de Managua. La Audiencia Inicial se realizó a las 5:10 minutos de la tarde del 30 de Noviembre del 2020, ante el mismo juzgado quinto.
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Los procesados fueron excarcelados el 30 de diciembre de 2019. «La apertura del Juicio Oral y Público, nunca se ha convocado, de igual forma no existe ningún tipo de interrupción en el plazo máximo de duración del proceso por su autoridad. Han transcurrido 6 meses y dos días sin que se haya dictado sentencia, tratándose de un caso con acusado en libertad de mis representados Roberto Andrés Buchting Miranda y Hansell Amaru Quintero Gómez, por lo que cabe conforme al último párrafo del artículo 134 del Código Procesal Penal de Nicaragua es, dictar la correspondiente sentencia de sobreseimiento a favor de los acusados», explicó López.
El art. 134 Código Procesal Penal establece lo siguiente: “Duración del proceso. En todo juicio por delitos en el cual exista acusado preso por la presunta comisión de un delito grave se deberá pronunciar veredicto o sentencia en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la primera audiencia. Si no hay reo detenido, este plazo se elevará a seis meses». Este caso corresponde a este último plazo, por lo que ya está cumplido detalló el abogado de la Unidad de Defensa Jurídica, una organización y activistas para la defensa de los presos políticos.
El mismo cuerpo de ley ordena que «si transcurren los plazos señalados para el proceso penal sin acusado detenido, sin que se hubiera pronunciado veredicto o sentencia, se extinguirá la acción penal y el juez decretará el sobreseimiento de la causa», se lee en el escrito.
Miembros de la UNAB
Entre los miembros de la Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB) procesados en este caso están: Amaya Coppens, Jesús Tefel, Ivania Álvarez, Neyma Hernández, Wendy Juárez, José Medina, Atahualpa Quintero, María Margarita «Olama» Hurtado, Melvin Peralta, Olga Valle y Derlis Hernández.
Ellos fueron capturados cuando se disponían a llevar agua para las madres de presos políticos que se encuentran en huelga de hambre dentro de la iglesia San Miguel Arcángel, de Masaya.
Wilfredo Brenes, Jordan Lanzas y Marvin López son los tres autoconvocados de Masaya acusados en esta misma causa.
