Algunos opositores a la dictadura sostienen que no se puede ni se debe hablar de elecciones, mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo permanezcan en el poder.
Se trata de personas radicales para quienes buscar acuerdos con el régimen para participar en elecciones en busca de sacar al país de la crisis sociopolítica y económica, sería una traición a la sangre derramada en la lucha por la libertad. Lo único que se debe hacer, dicen, es formar un gobierno provisional que erradique a la dictadura y establezca de una sola vez la nueva democracia.
Pero la propuesta de la oposición democrática es que se puede y se debe salir de la dictadura por medio de elecciones, con una previa reforma electoral que garantice su honestidad y credibilidad.
Esta estrategia de la oposición mayoritaria cuenta con el apoyo internacional, que es indispensable para poder encontrar una solución democrática que pase por la salida de los Ortega Murillo del poder.
La tesis de un “gobierno provisional” en vez de elecciones es un mito de los opositores más radicales, más o menos como el del paro nacional que supuestamente botaría automáticamente a la dictadura. Sin embargo, hubo cuatro paros nacionales y el régimen no cayó, más bien se debilitó un sector clave de la oposición como es el gremio empresarial.
Ahora bien, en las condiciones actuales de Nicaragua ¿qué significa un “gobierno provisional”? Se conoce de acuerdo con la ciencia y la experiencia política que un “gobierno provisional a aquel que asume el poder tras la caída de un régimen político y lo ejerce hasta que se elabora y aprueba una Constitución o una Ley Fundamental, que configura las instituciones del nuevo régimen que sustituye al antiguo”.
La historia registra los casos de muchos gobiernos provisionales en el mundo, algunos de los cuales sirvieron para establecer sistemas democráticos pero otros condujeron a establecer nuevas dictaduras, iguales e inclusive peores que las que fueron derrocadas.
En Nicaragua, la experiencia más clara y representativa de un gobierno provisional fue la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), creada por los sandinistas el 18 de junio de 1979, en San José de Costa Rica, un mes antes de que cayera la dictadura de Anastasio Somoza Debayle como consecuencia de la sangrienta guerra revolucionaria.
Al tomar el poder, el FSLN dictó por medio de aquella Junta de Gobierno un Estatuto Fundamental y un Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses, en vez de la Constitución. Solo hasta en 1974 los sandinistas realizaron elecciones, pero amañadas, prácticamente sin oposición, en las que eligieron a Daniel Ortega como presidente de Nicaragua y una Asamblea Nacional con función constituyente, la cual aprobó la Constitución sandinista promulgada en enero de 1987 que con varias reformas está vigente hasta ahora.
Aquella experiencia confirmó en Nicaragua que la formación de un gobierno provisional es para sustituir al régimen establecido que ha sido derrocado, porque ningún gobierno cae a menos que se le haga caer. Y si no es posible derrocarlo por la fuerza, pues hay que sacarlo del poder mediante elecciones como se sacó a la primera dictadura sandinista en 1990.
