Mantener el poder a cualquier costo. Esa es el objetivo del dictador Daniel Ortega, quien ha permanecido en la Presidencia de Nicaragua por 13 años de forma consecutiva. Sin embargo, la rebelión ciudadana desde abril del 2018 amenaza la ambición de Ortega de retener el Gobierno de manera indefinida, por lo que, según fuentes legislativas y de la oposición, en una eventual mesa de negociación de cara a las elecciones del 2021, el orteguismo propondría abolir el sistema presidencialista y sustituirlo por el parlamentarismo.
Según fuentes de la Asamblea Nacional se ha “tanteado a algunos” miembros de la oposición que son parte de la Coalición Nacional, así como con partidos considerados colaboracionistas del régimen, con reformar el sistema actual donde el presidente es electo en elecciones populares, reemplazándolo por el modelo donde el parlamento ejerza el control político total y sean los partidos representados por los diputados los que nombren al presidente o se crea la figura del primer ministro, quien ejerce el poder real del Ejecutivo.
Carlos Tünnerman, coordinador nacional de la Alianza Cívica y Eliseo Núñez, miembro de esa organización, aseguraron que no han recibido ninguna propuesta en ese sentido de parte de ningún funcionario del régimen. Aunque no descartan que eventualmente Ortega la ponga sobre la mesa, aprovechando la mayoría de diputados que tiene en la Asamblea para cambiar la Constitución, como una maniobra para retener el control del Gobierno posterior a las elecciones del 2021, en caso que este salga de la Presidencia.
Lea Además: Ortega insistirá en parlamentarismo
Tünnermann afirmó que no hay ninguna comunicación de la Alianza Cívica con la dictadura, desde que se terminó el segundo diálogo nacional en mayo del 2019, a raíz del asesinato del preso político Eddy Montes, por parte de custodios del Sistema Penitenciario La Modelo.
“No tenemos ninguna propuesta de parte del gobierno en ese sentido. Como Alianza Cívica,tenemos una propuesta de reformas electorales que hemos hecho pública, y que hemos consensuado con la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y el Grupo Pro Reformas Electorales que comprenden reformas a la Ley Electoral y algunos cambios constituciones”, refirió Tünnermann.
Restablecer la prohibición de la reelección presidencial, prohibir que él o la cónyuge del presidente sea candidata a la Presidente, elevar el porcentaje de votos válidos para ser electo, cambiar a todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), reformar la estructura de los consejos electorales, depurar el padrón electoral son temas esenciales de la propuesta de los opositores.
Núñez, jurista y exdiputado, y Tünnermann refirieron que el debilitamiento político del Frente Sandinista es severo por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía y las turbas orteguistas a las manifestaciones sociales desde abril del 2018, abusos que han continuado durante los siguientes dos años, combinados ahora con una profunda recesión económica.
Lea También: ¿Está Daniel Ortega interesado en un régimen parlamentarista para perpetuar su poder?
Los opositores señalaron que la base electoral de Ortega se erosiona más por la indiferencia ante la pandemia del Covid-19 y la desatención por proteger a la población, así como su desinterés en adoptar medidas de ayuda económica a los sectores más vulnerables, debido a la crisis que ahoga a los sectores empresariales y productivos.
Distracción de su negligencia
Núñez cree que si el Frente Sandinista desempolva la propuesta de abolir el sistema presidencialista y reemplazarlo por el parlamentarismo, el objetivo sería distraer a la opinión pública de las crisis política, sanitaria y económica en las que ha demostrado ser negligente.
“Creo que Ortega está buscando temas para distraer a la opinión pública del coronavirus y de la crisis económica. No sería extraño que lleve este tema de cambiar el régimen presidencialista. No sería pensando en un régimen parlamentario funcional, sino encontrar una manera de perpetuarse él (Ortega) en el poder y no salir por la vía normal” de las elecciones, analizó Núñez.
Modificar el modelo político que define el Gobierno ha sido promulgado por Ortega desde que regresó al poder en 2007. En los siguientes años, en distintos momentos, los operarios del FSLN, Edwin Castro y el ahora exmagistrado judicial, Rafael Solís (hoy apartado del régimen) lo impulsaron por medio de propuestas de reformas constitucionales que no avanzaron, porque antes del 2011 el partido gobernante no tenía los votos necesarios en la Asamblea Nacional.
Puede interesarle: Opositores nicaragüenses intensifican denuncia internacional ante negligencia del régimen y recrudecimiento de represión
En julio del 2003 Ortega proclamó que tenía el propósito de poner fin al sistema presidencial y establecer el régimen parlamentario. Su objetivo era convertirse en primer ministro para quitarle el poder del Gobierno al entonces presidente Enrique Bolaños. Esa táctica respondía a que Ortega por la vía electoral no conseguía retomar el poder. Pero cuando lo logró en 2007, su base electoral seguía débil, por lo que su propuesta de abolir el presidencialismo seguía viva.
Los intentos del dictador para reformar el sistema, cuando le convenía
La primera y única vez que el dictador ha rendido informes en la Asamblea fue en septiembre del 2007, cuando defendió el parlamentarismo diciendo que “facilitaría la participación ciudadana, la democracia directa”.
“Es difícil que ustedes (los legisladores) se opongan a dar todos los poderes al Parlamento” , dijo Ortega en esa oportunidad para convencer a la Asamblea de apoyar la reforma constitucional para cambiar el sistema. No hubo éxito.
En enero del 2008 lo intentó de nuevo. El entonces vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, impulsó las reformas constitucionales que daba por concretadas, que serían la vía para sostener en el poder a Ortega. Tampoco prosperó.
Hubo un tercer intento formal en 2009. Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN y uno de los principales operadores del régimen, insistió en que reformas a la Constitución Política eran necesarias para el país. Castro ofreció una versión distorsionada de los hechos al asegurar que no se trataría de un cambio radical, porque en anteriores modificaciones se le transfirió mayor poder a la Asamblea y se le quitaron facultades al Ejecutivo.
“Todo eso es una parlamentarización directa del sistema”, afirmó Castro en abril del 2009. El objetivo del FSLN era consolidar el sistema parlamentario y obligar a las fuerzas políticas a buscar consenso para crear un primer ministro donde recaería el control del Ejecutivo. No hubo éxito tampoco, porque los partidos opositores eran mayoría.
El escenario político actual, luego de los fraudes electorales
Las reformas constitucionales requieren ser aprobadas en dos legislaturas por 60 de los 91 diputados que integran la Asamblea Nacional. El FSLN tiene 71 legisladores como resultados de los comicios nacionales del 2016, denunciados fraudulentos por la oposición y organismos de observación nacional.
Aunque en las elecciones del 2011, el FSLN logró el control por mayoría de diputados en la Asamblea, que amplió en los comicios del 2016 a 71 legisladores, como resultados de procesos fraudulentos, el dictador no materializó sus antiguos planes de abolir el sistema presidencialista por el parlamentarismo, porque “no lo necesitaba ya que tenía el control total de las instituciones”, por lo que su objetivo cambió a asegurar su dinastía con la sucesión familiar”, dijo Núñez.
Planes truncados luego de la insurrección ciudadana
Desde 2017 la esposa de Ortega, Rosario Murillo es vicepresidenta designada por lo que está en la primera línea para sucederlo en el poder si el dictador no pudiese continuar ejerciendo o cediera la candidatura en eventuales elecciones. Los hijos de la pareja presidencial, especialmente Laureano Ortega, también se presentaban candidatos para suceder al dictador.
La sucesión de la dinastía familiar se ha visto interrumpida por la represión contra la población desde 2018, afirmaron los miembros de la Alianza Cívica. Rosario Murillo y su hijo Laureano Ortega están sancionados por violaciones a los derechos humanos, corrupción y lavado de dinero impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá. Esas sanciones los inhabilitarían de ser candidatos presidenciales. Eso lo sabe el régimen, por lo que Daniel Ortega sigue siendo el candidato del FSLN.
Núñez refirió que aún cuando desde el 2017 el orteguismo no tiene obstáculos en la Asamblea para instaurar el sistema parlamentario y abolir el presidencialista, desechó el tema en las reformas a la Carta Magna del 2014 porque eliminó la prohibición de la reelección, por lo que Ortega puede ser el candidato eterno del FSLN.
Sin embargo, el opositor indicó que por la rebelión de Abril, Ortega tiene pocas oportunidades de seguir en el poder con fraudes electorales, ya que la población presiona por reformas que devuelvan la transparencia a los comicios y la comunidad internacional ha dicho que no reconocerá un gobierno que no resulte de un proceso basado en los estándares democráticos.
Por estos escenarios, es que se puede desempolvar la estrategia de cambiar el sistema político presidencialista, por el parlamentario. “De esa forma de las elecciones se elegiría a los diputados quienes sería los que designarían al presidente o primer ministro, según la figura que les convenga al Frente, esto le puede permitir a él (Ortega) incluso siendo oposición ser nombrado en el cargo y manejar el país. Él busca morir en el poder”, afirmó Núñez.
El problema es la corrupción de quien gobierna
Tünnermann explicó que el modelo presidencialista en Nicaragua “es de corrupción”, pero eso no significa que el sistema no pueda funcionar como lo hace en auténticas democracias como Costa Rica, Uruguay o Chile.
“No es válido querer cambiar el sistema presidencialista aduciendo que no es democrático, sino que el problema es que este se deforma cuando el presidente se pone por encima del resto de poderes del Estado, incluso de organismos del Estado que son autónomos por Ley, como el Banco Central de Nicaragua, la Procuraduría General de la República, que en nuestro país están supeditados a un partido”, cuestionó el coordinador de la Alianza Cívica.
Los opositores insistieron en que lo urgente en Nicaragua es salir de la dictadura familiar de los Ortega y Murillo por la vía electoral pacífica, para restablecer con un gobierno democrático el respeto a los derechos humanos así como el equilibrio e independencia de los poderes del Estado, donde el presidente no tenga los poderes absolutos sino que esté sujeto a la Constitución.