La dictadura orteguista aplica una política discriminatoria al mantener las fronteras abiertas a los extranjeros, pero impide el ingreso a Nicaragua de cientos de nacionales que regresaban de El Salvador y las Islas Caimán, una práctica que violenta los derechos humanos, afirmaron juristas y defensores de derechos humanos.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y los juristas Uriel Pineda y Oscar Carrión, señalaron -por separado-que se comete doble violación a los derechos de esos ciudadanos porque no existe un decreto gubernamental que ordene el cierre de las fronteras del país, por lo no hay asidero legal para no dejarles ingresar. Además, afirmaron los especialistas, prohibir su retorno vulnera sus derechos como nicaragüenses consignados en la Constitución.
Un grupo de 91 nicaragüenses que regresaban de El Salvador está varado desde hace 24 días en la frontera El Guasaule, entre Honduras y Nicaragua. Esos nacionales no tienen albergues. Han improvisado champas con sábanas en el puente de la frontera entre ambos territorios, en espera de que Migración y Extranjería del régimen orteguista acceda a dejarles pasar a su nación y poder reunirse con sus familias, lo cual se gestiona de parte de autoridades hondureñas y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Otro grupo de 160 nicaragüenses están varados en Gran Caimán, debido a que se canceló dos vuelos de repatriación por parte del régimen orteguista, quien alegó a las aerolínas de la isla el «cierre indefinido» de las fronteras a partir del pasado 17 de abril, aunque a la fecha no ha habido un decreto oficial.
Pineda, jurista experto en derechos humanos, explicó que aun si se hubiese decretado el cierre de las fronteras nicaragüense en prevención del contagio de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, «no sería aplicable a los nacionales por cuanto no hay reglamento jurídico que restrinja su libertad de circulación y de residencia en su país de origen, de nacimiento».
Cualquier limitación jurídicamente solo afectaría a los extranjeros, aseguraron los juristas. «Si hay preocupación porque esos nicaragüenses puedan ser portadores del Covid-19 lo que procede, conforme los protocolos internacionales, es aplicar pruebas, ponerlos en cuarentena pero no restringirle su ingreso porque es desproporcionado y atenta sus derechos humanos», afirmó Pineda.
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Desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han actuado contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al promover actos masivos como festivales artísticos, deportivos, jornadas de vacunación y han asegurado que no establecerían la cuarentena nacional y han mantenido abierta las fronteras.
Migración reitera fronteras abiertas
Sin embargo, ahora aplica silencionamente medidas restrictivas en las fronteras terrestres y aéreas, pero que solo afectan a sus propios ciudadanos puesto que a los extranjeros les siguen permitiendo ingresar y salir con libertad.
La Dirección de Migración y Extranjería informó que entre el 13 y el 17 de abril se «garantizó la respuesta a 11,818 trámites y solicitudes», entre ellas las de 9,506 entradas y salidas de ciudadanos nacionales y extranjeros al país». En la nota de prensa compartida este 20 de abril, las autoridades no mencionan el rechazo que hicieron de los nicaragüenes procedentes del Gran Caimán y de El Salvador.
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Gobiernos como los de Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos y de la Unión Europea desde que se declarara la pendemia del Covid-19, han hecho esfuerzos para repatriar a sus ciudadanos que residían o estaban de vacaciones en otros países. Una actitud solidaria que no practica la dictadura Ortega y Murillo que más bien obtaculiza que nicaragüenses puedan regresar a su país.
«Es condenable, cruel dejar varados a los decenas de nicaragüenses en las frontera. Aquí el régimen se llena la boca diciendo que es cristiano, socialista y solidario de lo que no tiene nada», criticó el jurista Carrión.
Negar la entrada a Nicaragua de la decenas de nacionales desnuda la política contradictoria de la dictadura Ortega y Murillo, pero también expone su ineptitud para adoptar las medidas urgentes para proteger a los ciudadanos de la pandemia del nuevo coronavirus, aseguraron los analistas.
Represión contra exiliados
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, refirió que no existe un decreto donde ha última hora el régimen haya reformado su política de que en Nicaragua no habrá una cuarentena nacional, entonces se están contradiciendo su política al bloquear el paso a sus propios ciudadanos.
Núñez y Pineda alertaron de que esa práctica responda a la represión contra los nicas que se exiliaron luego del estallido de la crisis socipolítica de abril del 2018.
«Considero que esa actitud no es para evitar el contagio del nuevo coronavirus, sino que es una forma de represión y persecución política contra nicaragüenses que, posiblemente huyeron del asedio y acoso, pero se ve que este régimen tiene objetivizado a los ciudadanos, y al impedirles regresar a su patria es doble persecución y completamente discriminatorio», afirmó Núñez, del Cenidh.
