Un grupo de comunitarios mayangnas modela los guantes de beisbol que el régimen de Daniel Ortega les llevó junto a comida, mochilas y su “solidaridad”, aunque esta última no se sabe exactamente para qué les servirá, tomando en cuenta que el problema de inseguridad persiste en sus territorios en la Reserva de Biosfera Bosawas.
Esta comunidad, Alal, fue atacada hace nueve días por un grupo de colonos, que dejó cuatro muertos y un herido de bala, este último aunque sobrevivió tiene la mitad del cuerpo inmóvil. A nueve días de la matanza, la Policía Orteguista solo identificó a una banda conocida como Chabelo, pero nada más.
El régimen orteguista, en lugar de responder con el saneamiento de los territorios, que ha sido una demanda de años de los comunitarios, solo les aseguró un plan de seguimiento, que es parte de su responsabilidad institucional, es su quehacer de garantizar a todo ciudadano alimentación, derecho a la educación, explicó Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
La defensora de los derechos de los pueblos indígenas dijo que desde el 2015 han demandado al Estado de Nicaragua que realice acciones concretas para proteger la vida de los comunitarios, pero no ha habido respuesta. En el caso de Alal deben investigar los asesinatos y castigar a los responsables materiales e intelectuales, expresó. De acuerdo con cifras de Cejudhcan, del 2012 a 2019, al menos 36 defensores indígenas han sido asesinados, 44 lesionados, 29 secuestrados y 4 desaparecidos por la defensa de los recursos naturales y del territorio indígena.
LAPRENSA/Tomada de la Presidencia
Para Cunningham, persiste una discriminación institucionalizada hacia las comunidades indígenas. Uno de estos ejemplos es lo que está sucediendo con la masacre de Alal, en Bosawas, donde el Gobierno se aprovecha del dolor de la población para mostrarse comprometido en resolver sus problemas. Sin embargo, eso solo se puede lograr con el inicio concreto de la etapa de saneamiento de sus tierras.
“Para nosotros siempre hemos hablado de una discriminación institucionalizada porque cuando existen algunos sucesos tan graves, como los de Alal, el Gobierno viene con cualquier prenda y aprovechándose del dolor de las comuidades indígenas (…) por supuesto que es su responsabilidad proceder a responder a la alimentación y buscar cómo darle una vivienda digna, con aquellos que han perdido”, expresó Cunningham.
Casos en el olvido
Desde Cejudhcan se ha dado seguimiento a varios hechos de violencia que afectan a los territorios indígenas, muchos de ellos han quedado en la impunidad. Cunningham recordó el ataque de colonos a tres comunidades que dejó la muerte de un joven indígena y otro herido. En el caso del ataque contra Polo Paiwas, en el 2015, que incluyó la quema de viviendas de la comunidad y por ende el desplazamiento forzado de la población, sigue sin respuesta.
La cadena de hechos violentos que han padecido los comunitarios pasa por violaciones, secuestros, asesinatos, heridos, incendios, amenazas, entre otros.
“El Gobierno de Nicaragua se ha negado desde 2015 para acá establecer un diálogo con los pueblos indígenas, nosotros no podemos seguir así. Hemos estado intentando, incluso para aquellas comunidades, las 12 comunidades beneficiarias de las medidas de protección, el Gobierno sigue negando que tengan un acompañamiento técnico y con sus asesores legales para establecer un diálogo, más bien han sido cómplice las autoridades del Estado porque han servido de forma clientelar a los colonos, y han venido avalando esos crímenes en esa forma y por eso, pues, las comunidades viven con tanto temor, con tanta inseguridad ciudadana”, expresó.
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Saneamiento
Cunningham explicó que el saneamiento es un proceso que pasa porque los terceros que adquirieron un título de propiedad antes de 1987 se les reconocerá su tierra, pero los que lo hicieron bajo otra maniobra legal, y si bajo el consenso de los indígenas no los quieren, el Estado tendría que indemnizarlos. En el caso de los colonos que no tengan ningún sustento legal de la tierra de la que dicen ser dueños deberán abandonar el lugar sin indemnización. En este caso el Gobierno tendrá que desalojarlos, como ha hecho con los tomatierras en el Pacífico, aseguró. Pero todo esto pasa por la consulta de los indígenas.