La dictadura de Daniel Ortega ha comenzado a enseñar sus cartas sobre la reforma electoral, que es un tema fundamental en la crisis sociopolítica de Nicaragua habida cuenta de que existe el convencimiento nacional y extranjero de que la celebración de elecciones auténticas, según los estándares internacionales, es la mejor o la única vía para resolverla.
En la instalación del nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la dictadura, el jueves 9 de enero, su presidente orteguista anunció que este año se discutirá y aprobará la reforma electoral. Tal reforma, dijo, “será para “fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico-electoral dirigido por el Consejo Supremo Electoral”.
De lo dicho por el presidente del cuerpo político que aprueba las decisiones legislativas de la dictadura, dirigentes de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) han deducido que Ortega pretende dictar una reforma electoral superficial, a la medida de su interés de seguir manteniéndose en el poder por medio de elecciones fraudulentas.
Pero no es con una reforma electoral como esa que el país podrá salir de la crisis y restaurar la democracia, cual es la demanda justa de la oposición que la comunidad democrática internacional apoya explícitamente.
La Alianza Cívica y la UNAB presentaron a mediados de diciembre del año recién pasado una propuesta consensuada de reforma electoral que garantizaría la celebración de elecciones auténticas, libres, competitivas, transparentes y vigiladas por observadores electorales nacionales e internacionales. Y también los partidos tradicionales de la oposición han presentado sus propias propuestas de reforma electoral, que coinciden en términos generales con la consensuada por la Alianza Cívica y la UNAB.
Por su parte, la OEA de manera reiterada ha señalado por medio de su secretario general y resoluciones del Consejo Permanente y la Asamblea General, que el régimen de Ortega tiene que negociar y acordar con la oposición “las medidas institucionales necesarias que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, de conformidad con los estándares internacionales, con la participación de observadores electorales independientes, incluida la Organización de Estados Americanos.”
Y a su vez la Unión Europea y otras organizaciones internacionales, y países en lo particular, como Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá, también se han pronunciado por la realización de elecciones auténticas para resolver la crisis y restaurar la democracia en Nicaragua. Las sanciones estadounidenses a la dictadura y las que se cocinan en los fogones de la Unión Europea, apuntan precisamente a obligar o persuadir a Ortega a hacer reformas electorales de fondo y celebrar elecciones verdaderas, verificadas internacionalmente.
De manera que, como opinan los dirigentes de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, si los cambios electorales que prepara la dictadura van a ser excluyentes y para intentar “legitimarse” con falsas reformas, no resolverán la crisis, solo la agravarán y postergarán la solución. Además, si la comunidad internacional se mantiene firme, una falsa reforma electoral tampoco le servirá a Ortega para evadir las sanciones y salir del aislamiento internacional.