Activistas opositores y analistas políticos valoraron la excarcelación a fin de año de 91 presos políticos, como una táctica de la dictadura para aparentar el envío de una buena señal a la comunidad internacional, a fin de bajar la presión externa y buscar que le levanten las sanciones.
En realidad, si la dictadura de Daniel Ortega ha excarcelado a los presos políticos (tanto los del 30 de diciembre como los de febrero y junio de 2019), ha sido por la protesta interna pero sobre todo debido a la presión internacional y en particular a las gestiones diplomáticas del Estado Vaticano y el papa Francisco.
Es obvio que la pareja dictatorial excarceló a los presos políticos de muy mala gana. Prueba de ello fue el rabioso ataque de matones oficialistas contra la vivienda de la icónica presa política excarcelada, Amaya Coppens (quien fue declarada por el diario El País, de España, como la primera de los diez personajes más importantes de América Latina en 2019); y la quema de la vivienda y taller del padre del periodista opositor exiliado en los Estados Unidos (EE.UU.), Winston Potosme.
En un régimen dictatorial de corte fascista como es el de Nicaragua, ninguno de sus funcionarios, operadores políticos y matones actúa por cuenta propia. Todo lo que hacen y dicen es en estricto cumplimiento de las órdenes que les llegan desde “arriba”. De manera que no puede haber duda de que los ataques mencionados fueron ordenados por los cabecillas de la dictadura, que así enviaron a la resistencia cívica el claro y ominoso mensaje de que no está dispuesta a cesar la represión. Esta amenaza ya la había manifestado la vicedictadora Rosario Murillo, el 12 de diciembre pasado, cuando usó en sentido ominoso y dirigiéndose a la oposición, la singular y malsonante expresión: “Dejen de joder”.
Sin embargo, también la comunidad internacional le envió a la dictadura orteguista un mensaje contundente. El mismo día de la excarcelación de los 91 reos políticos al final del año 2019, el embajador de los EE.UU. en la OEA, Carlos Trujillo, escribió en su cuenta de Twitter que Daniel Ortega “intenta engañar al mundo” pero “los hechos muestran la realidad”. Y agregó que “el informe de la OEA (sobre Nicaragua) emitido en noviembre de 2019 señala acciones que socavan y perjudican la democracia”.
Por su parte el subsecretario interino del Departamento de Estado de los EE.UU. para el Hemisferio Occidental, Michael Kozac, fue más claro todavía al señalar que “la liberación condicionada de algunos presos políticos en Nicaragua es un paso hacia adelante. Ahora Ortega debe retirar las condicionalidades, liberar al resto de los presos políticos, restablecer las libertades civiles y negociar verdaderas reformas electorales con la oposición”.
Únicamente así podría la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo quitarse de encima la presión externa, no solo la de EE.UU. y la OEA sino también la de la Unión Europea. Como dijo a LA PRENSA el eurodiputado español José Bauzá, en una entrevista publicada el 14 de diciembre del año recién pasado, la comunidad internacional tiene bien claro que “el régimen Ortega-Murillo solo reacciona a la presión internacional”.
