La actuación de los operadores del sistema de justicia penal en Nicaragua evidenció este año, una vez más, su falta de independencia y su utilización por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para castigar a quienes se oponen a la dictadura impuestas por ellos.
La Policía, la Fiscalía y el poder judicial siguen siendo el brazo represor del régimen orteguista contra el pueblo opositor, contraviniendo sus funciones constitucionales, sostienen abogados penalistas.
La estrategia de este año fue la captura selectiva, la fabricación de acusaciones por delitos comunes inexistentes e impedir cualquier tipo de manifestación cívica, sembrando el terror a través de un estado policiaco y de impunidad.
El abogado Boanerge Fornos, coordinador de Acción Penal, expresó que el poder judicial evidenció que está supeditado a las órdenes del ejecutivo, tal y como lo dijo el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís.
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Rafael Solís, quien renunció en enero de este año a su cargo, por no estar de acuerdo con la represión estatal durante las manifestaciones sociales del 18 de abril de 2018 a la fecha.
“Lamentablemente son tramitadores que no toman ninguna decisión, solo cumplen las órdenes que les bajan”, sostuvo Fornos.
Al respecto, la abogada Aura Alarcón, miembro de la Unidad de Defensa Jurídica, expresó que los jueces admiten acusaciones por hechos que no constituyen delitos. “Por intereses partidarios cometen graves violaciones, hasta de retener y suspender órdenes de libertad a pedidos policiales o de la Corte en contra de personas ya absueltas y sin cargos acusados. Su actuar es insostenible, fuera de todo orden constitucional”, recalcó Alarcón.
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En el mismo sentido, el abogado Elton Ortega agregó que en los procesos judiciales los jueces siguen avalando todos los excesos policiales, siguen permitiendo la sustracción del juez natural a los acusados, se sigue imponiendo la prisión preventiva como regla, niegan el acceso a la prensa restringiendo de manera indebida la publicidad del proceso, se obstaculiza el ejercicio del derecho a la defensa y se pronuncian fallos de condena sin prueba suficiente.
Críticas también a Ley de autoamnistía
Este año, el gobierno aprobó el 4 de junio una Ley de Amnistía o también llamada Ley de Autoamnistía, la cual entró en vigencia el día 10 de ese mismo mes, pero su contenido como aplicación ha sido un fraude comentaron juristas.
“La Ley de Amnistía ha sido aplicada indebidamente y de forma discrecional; sin embargo, debo afirmar que la Ley de Amnistía no da seguridad jurídica a los presos políticos y tampoco da seguridad a las personas que han participado en la represión estatal, puesto que la jurisprudencia interamericana y la experiencia en América Latina con relación a este tipo de leyes de amnistía han sido revocadas y los represores han sido juzgados, aunque eso toma su tiempo”, dijo Fornos.
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Para el abogado Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo, esta ley está mal aplicada porque dictaron autos de cierre, cuando en derecho lo que correspondía era pronunciar una sentencia de sobreseimiento por extinción de la acción penal.
Además “no cerraron” ni aplicaron de ninguna manera la ley a los acusados no habidos, solo en el caso de Jaime Arellano y Félix Maradiaga. El resto quedó en iguales condiciones.
Agresión al gremio de abogados
El asedio a los abogados lo marcó este 2019 el proceso violento e ilegal al que fue sometida la abogada y activista de derechos humanos María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) quien fue agredida brutalmente por oficiales de policía, fue arrestada, procesada y condenada penalmente. Luego fue sancionada administrativamente por la Corte Suprema de Justicia quien le suspendió su licencia para ejercer su trabajo.
Oviedo fue castigada por dar una cachetada a un oficial de policía que la agredió y ofendió verbalmente mientras realizaba la representación de un excarcelado político.
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“Son mecanismo de disuasión para que no sigamos defendiendo presos políticos, ni representando a las verdaderas víctimas; lo que se materializó en el espurio proceso a la abogada María Oviedo. Cabe señalar que los procesos a los presos políticos son ilegales y lo que hacemos los abogados es evidenciar y denunciar las ilegalidades de los procesos judiciales”, dijo el abogado Boanerge Fornos.
Al respecto, el abogado Elton Ortega expresó que María Oviedo, fue víctima de un desproporcionado uso del ejercicio del ius puniendi en donde se criminalizó un hecho que a lo sumo seria una falta penal. “Su acusación fue un atropello al principio de legalidad penal, puesto que era atípico la imputación penal que se le hizo. Luego con la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de la profesión, se vulnera el principio de la prohibición de doble persecución, puesto que se castigó dos veces una misma conducta ( la sanción penal en el juicio y la sanción disciplinaria en el proceso administrativo).