«Al pueblo venezolano no se le dijo qué era lo que se pretendía hacer ese día», dijo Calderón Berti, en su primera conferencia de prensa luego de ser destituido como embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia.
Berti se refiere al fallido intento de llevar ayuda humanitaria a Venezuela a través de la frontera con Colombia, en Cúcuta, el pasado 23 de febrero. Semanas más tarde se denunció una supuesta malversación de fondos destinados a los cerca de 150 militares venezolanos que ese día cruzaron la frontera en busca de asilo en Colombia, respondiendo al llamado de Guaidó quien les ofreció protección y ayuda.
Aunque Guaidó no ofreció detalles de las razones para retirar a Berti de la embajada, entre las principales versiones de su salida se encuentra el mal manejo de la investigación ante el supuesto desvío de hasta unos $90.000 dólares, destinados a atender entre 100 y 140 exmilitares.
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Calderón Berti, quien fue ministro de Exteriores en 1992, y presidente de Pdvsa entre 1983 y 1984, señaló que «la gran mayoría han sido ayudados por ACNUR, pero llegaron por aparte 148 militares que no fueron ayudados por nadie. Se les encargó a unos funcionarios del presidente Guaidó que sacaran recursos no sé de dónde. El caso es que los manejaron mal».
Agregó que la policía colombiana le entregó una información relacionada con prostitutas y mal manejo de recursos de doble facturación. «Facturación ficticia. Yo les solicite más información», agregó.
«A mí me correspondía mandar a hacer una auditoría, porque yo no soy fiscal, ni policía, ni autoridad. El informe de la auditoría me lo enviaron un viernes y el sábado yo se lo envié a Leopoldo López y a Juan Guaidó. Yo no filtré información», añadió Calderón Berti.
El exembajador dijo que no se trataba de un monto insignificante y que presentó el tema a los organismos competentes de Colombia.
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«La Fiscalía de Colombia está analizando el caso. Ellos sabrán por qué se ha demorado tanto. Respeto a las instituciones, porque eso es lo que yo quiero para mi país (…) Yo lo único que aspiro es que estemos atentos. Lo que decida la Fiscalía yo lo voy a aceptar», manifestó el viernes.
Berti dijo que el caso conocido como ‘el Cucutazo’, se dio apenas él llegó a Bogotá: «Yo estuve en Cúcuta el 23 de febrero acompañando a Guaidó, ¿qué se le dijo a los presidentes? (…) No lo sé, y al pueblo venezolano no se lo han dicho (…) Están en deuda con el pueblo venezolano para explicarle por qué no pasó la comida y la ayuda humanitaria a Venezuela. No fue culpa de Guaidó, fue culpa de la tiranía venezolana».
«Pero no ha sido solo el tema de Cúcuta. Cuando empezaron los diálogos yo tuve mis reservas, porque el gobierno venezolano se ha aprovechado de la gente. Yo dije que a los representantes del gobierno Guaidó los estaban mangoniando, y eso molestó a todos. Lo que la gente aspira es transparencia. Y pasó lo que yo pronostiqué que iba a ocurrir, fueron un fracaso», sentenció Calderón.
Fuerzas armadas deben garantizar la paz
Durante su encuentro con la prensa, el exfuncionario del gobierno de Guaidó hizo un llamado a las fuerzas armadas venezolanas para que asuman «su responsabilidad» de, «además de garantizar la gobernabilidad, garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. (…) Tienen que ser responsables. La nación venezolana les dio las armas para garantizar la soberanía, pero también para garantizar la democracia. (…) Reaccionen».
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También instó a los venezolanos a que «no se refugien en una hamaca» y participen en los temas públicos y a trabajar por recuperar Venezuela.
Calderón Berti fue designado por Guiadó y se desempeñó como embajador en Colombia desde el 29 de enero de este año hasta el pasado 27 de noviembre.
El exembajador también dijo que tiene una «dilatadísima» carrera pública en Venezuela y exigió sus credenciales: «no vivo de cuentas ni expectativas».
«Cuando se es muy joven, se dice yo soy honrado; yo no tengo la necesidad de decirlo porque mi trayectoria lo dice», aseguró.
Calderón señaló que en Colombia hay 1.600.000 venezolanos, la mayoría en condiciones de pobreza, y quienes han sido acogidos por el gobierno colombiano.
