La justicia orteguista en Nicaragua está poniendo en práctica una nueva estrategia de dilación en los procesos penales contra manifestantes azul y blanco de Masaya, afirmaron abogados penalistas.
Se trata del “boleo” de expedientes por supuesta incompetencia de jueces penales de distrito de Masaya, con jueces penales de Managua, quienes primeramente admiten el expediente y luego revocan la resolución y los regresan a Masaya. Esto se lleva al menos un mes, denunciaron abogados penalistas.
A este “boleo” se suma la estrategia de la Fiscalía o Ministerio Público, que desde el mes pasado se vienen ausentando de las audiencias sin justificar. Los jueces reprograman las audiencias y de forma ilegal atribuyen el tiempo de demora a la fuerza mayor, cuando en realidad se le debe atribuir a la Fiscalía.
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“El objetivo es interrumpir el cómputo máximo de duración del proceso, que es de tres meses con detenido, para evitar que estos enfrenten en libertad el proceso”, explicó el abogado Maynor Curtis.
Acusados de almacenar bombas artesanales
Entre los manifestantes perjudicados con esta nueva estrategia están Samuel Enrique González, Ezequiel González Alvarado, Gabriel Ramírez Somarriba y el zapatero Gerardo Mejía Montoya. Todos acusados de supuesto almacenamiento y fabricación de bombas de contacto artesanales.
“Las dos primeras audiencias, preliminar e inicial, se realizaron en el juzgado de Masaya. Luego la judicial de juicio se declara incompetente, porque los declara de relevancia nacional y los envía a Managua. Acá se radica el expediente, hacen dos reprogramaciones por ausencia de la Fiscalía y cuando llegas al juicio, te dicen que ya no se hará en Managua que se regresa a Masaya”, relató el abogado Maynor Curtis, defensa de Samuel Enrique González.
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Entre los juzgados que se han prestado a este juego están el Juzgado Sexto, Segundo y Noveno Distrito Penal de juicio de Managua.
“No han respetado el procedimiento. Al descaro mandan de regreso las diligencias de Managua a Masaya y allá sin más diligencias admiten incidentes de la Fiscalía y revocan su propia resolución, declarándose nuevamente competentes”, dijo María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
El detenido Mejía Montoya tiene cuatro meses de estar preso, pues fue capturado el 5 de julio y ya debería estar libre por cumplimiento de plazo. Pero a pesar que los abogados lo piden, el juez no lo da, explicó la abogada Oviedo.
“En el caso de Mejía Montoya, el expediente está radicado en Managua porque el juez Edgar Altamirano no se ha desprendido del mismo y el juez de Masaya tranquilamente abrió a juicio. Es ilegal que un expediente esté radicado en dos juzgados de diferente jurisdicción”, agregó.
Al respecto la abogada Yonarqui Martínez, defensora de Gabriel Ramírez Somarriba, expresó que los jueces siguen jugando con los derechos de los reos, pues la juez Adela Cardoza, titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, radicó y cargó con el expediente del detenido, realizó dos reprogramaciones de juicio y luego lo trasladó nuevamente a Masaya, mientras su representado sigue preso, aunque el término con procesado detenido se haya vencido.
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El abogado Curtis explicó que en el caso de Samuel González, la juez Sexto Aracely Rubí programó juicio para el 6 de octubre, luego la Fiscalía no se presentó y lo reprogramó para el 30 de octubre. Ese día llegó la juez propietaria Alía Ampié y esta remitió las diligencias nuevamente a Masaya.
“La Fiscalía nuevamente no se presentó a audiencia y en el acta de ese día,la juez específica que las próximas diligencias se harán en Masaya. Sin embargo, no se estableció por qué se separaba de la causa, ni estableció su incompetencia”, dijo Curtis. Ahora los abogados están nuevamente esperando la próxima jugada de los jueces y fiscales, ya sea de Managua o Masaya.