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CONTENIDO EXCLUSIVO.Después de un intrincado periplo de más de tres años y de saltar de cuenta en cuenta, los multimillonarios fondos de procedencia venezolana que dieron origen a la fortuna del segundo régimen de Daniel Ortega, han vuelto al radar de la fiscalización pública al regresar en febrero de este año a su arca original: la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional Responsabilidad Limitada (Caruna).
Con la solicitud de un préstamo de la Alcaldía de Managua el pasado 2 de agosto, por primera vez en 2019 la cooperativa financiera del Frente Sandinista de Liberación Nacional volvió a ser visible en el país como principal proveedor de recursos económicos para el Gobierno.
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El pasado 2 de agosto, 72 concejales de la Alcaldía de Managua, a mano alzada, aprobaron a la municipalidad realizar gestiones de crédito ante Caruna por cinco millones de dólares para financiar el proyecto de lotes de tierra nombrado Bismarck Martínez.
Si bien únicamente se aprobó la gestión de solicitar el crédito, con una tasa de interés del nueve por ciento anual, a pagarse en tres años, el hecho llamó la atención pública por dos razones: desde 2018 Caruna viene cerrando sus sucursales en los departamentos del país y miles de socios demandan la devolución de sus ahorros.
Oportunidad para investigar
Aparte, analistas y fiscalizadores independientes estiman que la reaparición de Caruna da la oportunidad a las autoridades nicaragüenses de investigar la intrincada ruta de más de 2,500 millones de dólares y sus posibles nexos con operaciones de lavado de dinero, para evitar que Estados Unidos sancione a esta institución por su relación inicial con PDVSA.
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Enrique Sáenz, economista en el exilio y exdiputado de la Asamblea Nacional, explicó parte de la enrevesada ruta del dinero venezolano y sus razones por las cuales considera que debe investigarse a Caruna a la luz de los compromisos del Estado de Nicaragua en la lucha contra el lavado de dinero y crimen organizado.
Según Sáenz, Caruna fue la primera institución que sirvió para recibir los primeros fondos millonarios del acuerdo petrolero firmado entre los Estados de Nicaragua y Venezuela en 2007.
Acuerdo Petrocaribe
Recuerda que en enero del año 2007, recién asumida la presidencia de Daniel Ortega, el estado de Nicaragua se adhirió al Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe y firmó el Acuerdo Energético del Alba.
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Este acuerdo establecía un crédito del cincuenta por ciento de la factura petrolera a cancelarse en 25 años, con un interés del dos por ciento anual.
El otro cincuenta por ciento Nicaragua lo pagaría a un plazo de noventa días, entre dinero en efectivo y alimentos.
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Sáenz menciona que aunque fue un acuerdo firmado de Estado a Estado, de inmediato el régimen de Ortega mediante maniobras se apropió de los fondos para administrarlos mediante una empresa “privada” con participación estatal de Venezuela y Nicaragua: Albanisa.
“Albanisa hacía los negocios y todo el dinero se trasegaba a través de Caruna, que en su momento llegó a ser reconocida como Alba-Caruna, la cual logró amasar una fortuna incalculable que le prestaba fondos millonarios a las instituciones del Estado”, recuerda Sáenz.
La prestamista del Gobierno
El excontralor general de la República, Agustín Jarquín Anaya, recuerda que en sus inicios, allá en 1993, Caruna fue una modesta cooperativa que financiaba pequeños montos de crédito al sector campesino y comercio informal.
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Cuando empezó a recibir los fondos petroleros, recuerda Jarquín que en la Asamblea Nacional se recomendó establecer un marco regulatorio y separarla del manejo de la cooperación bilateral Nicaragua-Venezuela, pero la bancada del Frente Sandinista se opuso a someterla a controles de fiscalización.
“Ese era el momento ideal, pero no se logró. Ahora concuerdo en que Caruna debe ser investigada a fondo y evitar, otra vez, que un ente con fondos de dudoso origen sea prestatario de recursos a instituciones públicas”, dijo al respecto Sáenz.
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Hasta finales de 2016, Caruna había prestado 351.2 millones de dólares a instituciones estatales y alcaldías, de un fondo que entonces sumaba 1,756 millones de dólares destinados por el acuerdo petrolero con Venezuela para operaciones con fines de lucro.
Los clientes de Caruna
Entre las instituciones y empresas estatales que habían recibido préstamos de Caruna estaban el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas), la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), Empresa Nicaragüense de Electricidad, Autoridad del Gran Canal Interoceánico y alcaldías.
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Según Sáenz, cuando los flujos de caja de Albanisa y Caruna crecieron demasiado, con una cartera de más de 2,500 millones de dólares en activos, Ortega ideó la creación de su propio banco para administrar esos fondos “de cara a una posible búsqueda de paraísos fiscales donde ocultar sus millones fuera de Nicaragua”.
El Banco Corporativo Sociedad Anónima se formó el 24 de febrero de 2014 y entró en operaciones el 6 de abril de 2015.
Al crearse Bancorp, Caruna le transfirió fideicomisos por 2,500 millones de dólares entre 2016 y 2017 y desapareció del mapa público, dejando en operaciones a Albanisa y Petronic, retomando la cooperativa sus labores de captación de pequeños recursos de socios y manejando una cartera menor para fines proselitistas y clientelistas desde 2017.
Las sanciones a Venezuela
Sáenz explica que al ocurrir la represión de abril de 2018 en Nicaragua y asumir el dictador Nicolás Maduro su dictadura en enero de 2019, Estados Unidos aplicó sanciones a PDVSA en todo el mundo (ya desde 2017 le había impuesto restricciones bilaterales) y con ella cayeron Albanisa y Petronic.
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Al haber recibido los fideicomisos de Caruna con el dinero proveniente de Venezuela, Bancorp fue sancionada por Estados Unidos en febrero de 2019 y en abril recién pasado cerró sus puertas, pero antes de ello, regresó los fideicomisos por 2,500 millones de dólares a Caruna.
“Bancorp era un banco utilizado por el régimen de (Daniel) Ortega para lavar y ocultar dinero de Albanisa”, justificó Washington.
Sáenz considera que cuando sancionaron a PDVSA, Caruna estaba fuera del radar de las sanciones económicas (ya era muy débil económicamente para recibir la atención de Estados Unidos) y por ello las sanciones le pasaron de lejos.
“Pero ahora, cuando Bancorp le regresa sus fideicomisos, cuando Albanisa cae con PDVSA y la industria petrolera de Petronic está en ruinas por la crisis en Venezuela, Caruna vuelve a la palestra como uno de los últimos refugios de la plata malhabida de Ortega y con ello, al radar de las instituciones a ser sancionadas”, dice Sáenz.
¿Caruna en el radar de las sanciones?
Según el exdiputado liberal Eliseo Núñez Morales, la observación de Sáenz en torno a la posibilidad de que Caruna sea posible objeto de sanciones en un corto plazo “es posible” por una razón de políticas públicas de Estados Unidos.
“Desde el atentado de las Torres Gemelas la política de Estados Unidos contra el terrorismo y el crimen organizado ya no persigue instituciones, sino la ruta del dinero y en este caso, el dinero de la cooperación venezolana que captó Caruna y transfirió a Albanisa, Petronic y Bancorp, ha regresado a Caruna”, observa Núñez.
A estas alturas, según el exdiputado liberal, nadie tiene claro cómo opera Caruna con esos fondos que les regresó Bancorp y por ello considera que tanto la Unidad de Análisis Financiero como la Superintendencia de Bancos y la misma Policía deberían estar investigando a Caruna.
¿Cómo opera Caruna?
“Conforme a compromisos internacionales de Nicaragua en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para Latinoamérica, estas instituciones deberían investigar cómo opera Caruna al recibir 2,500 millones de dólares de Bancorp, un banco sancionado por Estados Unidos por sospechas de lavado de dinero venezolano”, dijo Núñez Morales.
Ante esa posibilidad real y conociendo la actuación de Ortega, Sáenz considera que es posible que tras Caruna debe haber toda una organización a “toda máquina para ocultar, transferir, camuflar, lavar y otros malabares esa cartera de 2,500 millones de dólares que han regresado a Caruna, para reducir el impacto de unas posibles sanciones de Estados Unidos”.
En ese marco de posibilidades, a criterio de Sáenz, las autoridades nicaragüenses deberían trabajar para evitar que por Caruna se afecte aún más la credibilidad del país en sus compromisos contra el lavado y otros delitos conexos a nivel internacional.