El desprestigio institucional de la actual Policía Nacional es tan grave, que de acuerdo a Roberto Cajina, experto en temas de seguridad y defensa, un gobierno democrático que suceda al régimen de Daniel Ortega, tendrá que fundar una nueva fuerza policial.
“En primer lugar, la policía actual en Nicaragua se ha desnaturalizado totalmente de su función constitucional, que es el de proteger la seguridad de los ciudadanos y sus bienes y ha pasado ha convertirse en la policía del régimen, para proteger los intereses del régimen”, sostiene el experto.
Pero además, Cajina asegura que la policía orteguista no solamente se ha deslegitimado de la Constitución, afirma que también se ha deslegitimado con la población, que además de rechazarla, le teme por la represión y sus violaciones a los derechos humanos.
“Esta policía se ha deslegitimado ante la población; población que hace unos años, respetaba y admiraba a esta policía, pero a raíz de la actuación de ellos, la policía, los antimotines, los agentes de operaciones especiales, con la masacre, con los más de 500 muertos, los miles de heridos y todo el daño grave que le hicieron a Nicaragua; la población no solamente desconfía de la policía, sino que también la deslegitimó, la rechaza. Incluso, te podría decir que hay un sentimiento de odio, porque el ciudadano no se siente seguro ante un policía”, expone Cajina.
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Ante la nueva realidad y el deterioro de la institución policial, Cajina, asegura que la actual estructura debe desaparecer para fundar una nueva fuerza policial.
“El rechazo de la población y la deslegitimación de la policía lleva a pensar que en un nuevo escenario, con un nuevo gobierno, con nuevas autoridades. esta policía tiene que desaparecer”, aclara el experto.
Cajina señala que mientras Daniel Ortega se mantenga en el poder no se podrá hacer nada para sanear la imagen de la institución policial. “En este momento es prácticamente imposible. No se puede hacer nada. A quien le va tocar tomar medidas, no para corregir, sino para plantearse una nueva situación de una nueva policía, será para un próximo gobierno democrático. Usualmente en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, en países de América del Sur y que se denomina reforma policial, pero las reformas que sufren en esos países es para corregir errores, para que realmente sea un cuerpo al servicio de la población”, indica Cajina.
No obstante, el experto de seguridad y defensa aclara que en el caso particular de Nicaragua una reforma policial es prácticamente imposible.
“Primero, es imposible con este régimen y ya no cabe en Nicaragua una reforma policial. Por eso insisto, un próximo gobierno democrático tendrá que fundar una nueva policía”, añade Cajina.
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El experto recordó que en el 2017 advirtió de una crisis sistemática en la policía, pero que esta en la actualidad se convirtió en una crisis política institucional “con todo lo que pasó en abril pasado (represión estatal) y que aún sigue pasando”.
Revisar expedientes
El experto explicó que fundar una nueva policial conllevará revisar cada expediente policial que señala lo tiene el departamento de personal y cuadro de la institución policial.
“Revisar los expedientes para constatar quienes estuvieron involucrados directa e indirectamente en la masacre, en los crímenes de lesa humanidad, en las violaciones de derechos humanos, son depurados, pero no para que se vayan a su casa sino para ser llevados ante la justicia y paguen por los crímenes que cometieron. Es posible y de hecho yo creo que hay policías honestos y honrados aún, pero no la mayoría, pero si vamos a necesitar contar con esos pocos policías honestos que quedan”, subraya Cajina.
Será necesario el apoyo de la comunidad internacional
Para el experto, la fundación de una nueva fuerza policial deberá contar con la participación de la comunidad internacional.
“Desmantelando a la policía, no solo a los mandos sino a la policía en general, habría que solicitar apoyo a la comunidad internacional, en primer lugar a los cascos azules, porque los cascos azules de la ONU no van solamente a un país o una región luego de un conflicto armado, sino que también a aquellos lugares que sufren graves crisis políticas y sociales como las de Nicaragua”, sugiere el analista en seguridad y defensa.
Otra opción de acuerdo a Cajina, que para desmantelar a la policía orteguista, el próximo gobierno puede pedir ayuda a países independientes como España, Chile y Argentina. “Va ver un impasse, porque no nos podemos quedar sin policía. Entonces, que va pasar? Una de las pocas instituciones de la crisis que va sobrevivir va ser el ejército, al menos en teoría, por lo que el ejército tendría que asumir por orden o decisión de las nuevas autoridades funcionales temporales de seguridad pública y en combinación con organismos internacionales y países individuale”, expresa Cajina.
La responsabilidad de Aminta Granera
LA PRENSA/ARCHIVO
El experto responsabilizó a la primer comisionada en retiro, Aminta Granera, del deterioro y la mala imagen de lo que hoy representa la fuerza policial.
“La Aminta Granera que estuvo 12 años en el cargo tiene responsabilidad sobre los policías que formó, porque los policías no cambian de la noche a la mañana; no se convierten en asesinos de la noche a la mañana, no se convierten en torturadores de la noche a la mañana. Deben haber sido entrenados para matar, torturar y secuestrar y el amparo político que tienen del régimen les da impunidad. Es decir, ellos se han convertido en la ley, y no responden a nadie sino a ellos y Ortega”, asegura Cajina.
A juicio de Cajina, la actual policía orteguista es como un enfermo en estado terminal.
“La actual policía está padeciendo de una enfermedad terminal y va morir esa policía cuando llegue un nuevo gobierno. El nuevo gobierno tiene que santolearla, purificarla y listo, pero no es enterrar a la policía; es depurar a la policía y encontrar a todos los culpables (de crímenes y violaciones a derechos humanos) y los responsables desde la jefatura de la policía hasta los jefes de distrito, departamentos y jefes de secciones de cada departamento y distrito porque no pueden quedar en la impunidad crímenes de lesa humanidad, genocidios, violaciones masivas a derechos humanos”, expuso Cajina.